“Actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” eran los dos giros que la fundación Comprometidos registraba el 2020 y el 2019, respectivamente. Un rubro al que cambió radicalmente en marzo de este año, cuando de acuerdo a la información tributaria de la entidad se añadieron dos actividades económicas más: “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.

¿Pero qué pasó entremedio? Y es que la entidad se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para una colaboración para el plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, por un total de $ 128 millones, en el marco del programa de asentamientos precarios.

Así quedó plasmado en la resolución exenta N°654 del 21 de diciembre de 2022 que aprobó el convenio de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo, de hecho, fue plasmado dos días antes, el 19 de diciembre, lo que implicó que al momento de la suscripción de dicho convenio, la fundación Comprometidos no contaba con un giro relacionado a los temas relativos a los campamentos, ya que este último giro se actualizó ante el SII recién el 7 de marzo de 2023.

Una situación similar ocurrió con la fundación Democracia Viva, de la expareja de la diputada Catalina Pérez, que se adjudicó $ 426 millones en un convenio suscrito por la Seremi de Vivienda de Antofagasta cuando era liderada por el exjefe de gabinete de Pérez. Al momento de suscribir dicho convenio, la fundación Democracia Viva no contaba con el giro de obras, pese a que el convenio exigía la construcción de bienes para campamentos. Un tema que despertó cuestionamientos por no contar con la experiencia para realizar la labor.

En Atacama el caso recordó el escándalo con la fundación de la expareja de Pérez. La situación de Comprometidos fue advertida primero por el medio digital de la región El Zorro Nortino, y se levantaron dudas en la oposición en relación a la experiencia real que tenía la fundación que fue creada en 2016.

De acuerdo al Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, durante este gobierno Comprometidos recibió $ 116.840.000 de parte del gobierno regional de Arica y Parinacota -liderado por el DC Jorge Díaz-, dos transferencias no relacionadas a campamentos ni agua potable. La primera por $ 33.840.000 fue por “consultas regionales de mascotas” y la segunda por $ 83.000.000 fue por el “control poblacional canino y felino”.

El 11 de mayo pasado, la resolución exenta N° 156 aprobó la tercera transferencia de dinero a Comprometidos, argumentándose que “el mencionado convenio tiene por objetivo el fortalecimiento del sistema actual de distribución de agua potable en distintos campamentos presentes en la ciudad de Copiapó” y que “la iniciativa consiste en la prestación de servicios de suministro de agua potable mediante la contratación de dos camiones aljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de dotar del sistema a los campamentos hasta agosto del 2023″, fecha en que el gobierno regional después se dedicara a prestar los vehículos.

Según la resolución -suscrita por la seremi subrogante Gianella Revello Aguirre, que aprobó el convenio-, la iniciativa beneficiará a 324 hogares, lo que representa un total de 797 personas. Los $ 128 millones del convenio se justificaron en que se utilizarán para “organizar a las directivas de los cuatro campamentos para reunir el prepago del aporte por el acceso al suministro de agua potable” por un valor fijo de $ 10 mil, realizar cuatro talleres para fortalecer el trabajo en equipo y de economía doméstica, contratar los camiones aljibe, gestionar la entrega de agua y controlar el cumplimiento de la entrega del agua.

En la página web de la fundación aparecen noticias del trabajo de Comprometidos en esterilizaciones masivas de animales y colaboraciones con hospitales veterinarios.

De acuerdo al certificado del directorio de Comprometidos, la fundación fue inscrita en 2016 en el Registro Civil y es presidida por el el otrora dirigente del PRO -que se disolvió en 2022- Sebastián Gonzalo Duarte. Comprometidos tiene domicilio registrado en la comuna de Quinta Normal (Santiago) y no en Atacama.

Asimismo, Duarte está ligado a Santiago, pues en 2021 compitió como candidato a concejal en Quinta Normal por el PR , mientras que ese mismo año, tras perder en su apuesta como edil, se lanzó como postulante a diputado por el distrito 8, que incluye a comunas como Maipú, Pudahuel, Estación Central, Colina, entre otros.

La experiencia de Duarte radica en el mundo veterinario. En agosto de 2020 inscribió la sociedad Cardea Medical Spa, la cual tenía como objeto la comercialización de “equipos médicos y veterinarios quirúrgicos en todas sus variedades”.

Además de Duarte, dentro del directorio de Comprometidos figuran Sandra Alegría Contreras y Maricel Hidalgo. Ambas han sido beneficiarias de subsidios de parte del Minvu. La primera por uno habitacional en 2019 y la segunda, por uno de arriendo en 2020.

Tras las consultas de La Tercera, el Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes, informó a este diario que mandató a la comisión investigadora de la cartera -que se conformó tras estallar el caso de Democracia Viva- a investigar a la fundación.

Mediante una declaración a este medio, la Seremi de Vivienda de Atacama justificó que el convenio “se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida una solución intermedia de entrega de agua potable a cuatro campamentos de la comuna de Copiapó, dado que, en un mes, estas familias quedarían sin entrega de agua potable”.

Además, detallaron que “al momento de la primera factura se identifica que era necesaria la ampliación de giro ante el SII, no obstante, se considera que este es un tema para efectos tributarios”, agregando que durante esta jornada se instruyó “un sumario administrativo por parte de la seremi de Minvu de Atacama, Rocío Díaz Gómez, además de elaborar un set con todos los antecedentes administrativos asociados al convenio en cuestión y remitirlos a la Contraloría Regional de Atacama para su fiscalización”.

De todas formas, añadieron que hasta la fecha el convenio se ha rendido en un 75%, “cumpliéndose con el objetivo sin observaciones”. Agregaron que “entendemos que las brechas del sistema y la urgencia de resolver con prontitud la solución de distribución de agua potable, el giro tributario de la fundación no es prerrequisito para su suscripción del convenio, sin embargo, es algo que observamos y por tanto fue corregido durante el proceso”.