Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis desatada tras el asesinato de un tercer carabinero en menos de un mes fue el adelanto del plan de intervención policial en 30 comunas del país anunciado a primera hora del jueves por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera, Camila Vallejo.

Tohá explicó que el plan se viene trabajando desde enero y partirá, como piloto, durante este mes en la comuna de Santiago. En principio, el plan buscaba lanzarse en mayo, pero debido a los últimos acontecimientos de violencia en la Región Metropolitana el gobierno decidió adelantarlo para el mes de abril.

Entre las medidas anunciadas destacan la reasignación de recursos del presupuesto para las medidas especiales de seguridad, reforzamiento de protecciones a policías en sus equipamientos y mejoramientos de planes operativos para reducir riesgos.

En rigor, en este se intervendrán 30 comunas a nivel nacional, donde se concentra un tercio de la población nacional y el 50% de los delitos más violentos, como “presencia de pandillas, actividades de crimen organizado y tráfico de drogas”, recalcó la titular de Interior. Además, se pondrá el foco en la impunidad penal, tráfico de drogas y presencia de armas; deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones.

Pese a que desde Interior se negaron a entregar un listado de las 29 comunas restantes para facilitar la implementación del mismo, sí se confirmó que estas no solo se concentran en la RM, sino que a nivel de todo el país.

La línea de intervención, anunciada por Interior, contará con dos focos específicos. Por un lado, se pondrá atención en una medida social basada en la intervención habitacional y ambiental de las comunas escogidas. Es decir, el Ministerio pondrá el esfuerzo en mejorar lugares deteriorados, con falta de iluminación, plazas, espacios verdes y de recreación para la población. Asimismo, se trabajará con comunidades que cuenten con falta de políticas de prevención de drogas.

Por otro lado, se buscará el refuerzo de la actividad policial: se acentuará en el control de armas y se incrementarán los patrullajes, especialmente buscando personas prófugas de la justicia.

Eso sí, fuentes cercanas al ministerio detallaron que estos planes serán específicos para cada una de las comunas intervenidas, dependiendo del contexto territorial, poblacional y social que presenten. Por ejemplo, en las comunas del norte de Chile, las intervenciones policiales estarán especializadas en el enfrentamiento al narcotráfico, migración y crimen organizado. Mientras que en las comunas de la zona sur la presencia policial se enfocará en la violencia rural.

Debido a su componente integral, este trabajo se ha realizado bajo una cooperación entre las distintas subsecretarías del gobierno, sumado a ministerios como Deporte (para el desarrollo de canchas y actividades de las comunidades), Vivienda (por habitabilidad), Cultura (por actividades recreativas), entre otros.

Asimismo, el plan se ha armado junto a las distintas policías, sumado a Fiscalía, para determinar los sectores con mayor incidencia de homicidios; fiscalización de infracciones e incivilidades que no son propiamente delictuales, pero amparan el crimen organizado, tales como el comercio ilegal, locales de venta de alcohol y venta de comidas en las calles y operativos de servicios públicos por parte de organismos sociales para intervenir y marcar presencia en los territorios

Intervenciones de este tipo no son nuevas en Chile. En junio de 2010, el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter dio el vamos a la intervención de barrios críticos a raíz de la proliferación de la delincuencia, la droga y el debilitamiento del orden público. La propuesta inicial contó con dos intervenciones específicas en barrios habitacionales y comerciales. El primero involucra la participación de profesionales del área social, como sicólogos, asistentes sociales, y el segundo supone, además de un fuerte control policial, la participación de inspectores municipales, fiscalizadores de la Salud y fiscalizadores del SII.

Pero este no solo se agotó en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, sino que también alcanzó a su segunda administración con el plan “La Legua Sin Muros”, en diciembre de 2018, que tenía por objetivo la demolición de los cinco muros de la calle Mataveri, terminando así con los pasajes ciegos del lugar e instalando dependencias de la PDI en viviendas de La Legua, con el objeto de realizar un trabajo comunitario y de integración.

El exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (2021-2022) recuerda que esta iniciativa en la comuna de La Legua duró alrededor de cinco años, “con mucha colaboración y generación de confianza con los vecinos de la zona, lo que culminó con la exitosa unión de dos avenidas para terminar con la segregación y discriminación entre sectores sociales.

“La generación de los planes de acción en La Legua tomaron años. No fue de un día para otro. Lo mismo con los resultados de estos planes, no fueron inmediatos. Para una intervención en barrios críticos de este tipo es necesario tener detalles y, a mi parecer, el reciente anuncio de la ministra Tohá carece de detalles (...). Más bien es una reacción tardía del gobierno ante la crisis de seguridad que se ha desplegado a raíz de la muerte de distintos carabineros en tan poco tiempo”, recalca el subsecretario.

Y ahonda en su posición: “Aquí hay un problema de credibilidad. Naturalmente estas intervenciones, en su elemento de seguridad, son relativamente riesgosas, porque son barrios críticos donde se requiere tener la confianza en Carabineros en caso de tomar riesgos. Ahí se debe tener un respaldo político que es un problema latente en el gobierno actual. Porque las acciones de este gobierno, no resulta creíble que haya un respaldo a Carabineros, comenzando con los indultos. El gobierno va a requerir más que este tipo de anuncios para ganarse la credibilidad que le ha costado tanto en este último tiempo”.