“A partir de la revisión de antecedentes de la usuaria, se constató que aquella ingresó al Centro De la Mujer (CDM) el 2 de octubre de 2019, y que las últimas gestiones informadas por la entidad auditada, antes del hecho de violencia grave del que habría sido víctima, dan cuenta de lo siguiente: sesión de atención socioeducativa individual acordada con el referido CDM el 4 de noviembre de 2019, a la que la mujer no asistió; contacto telefónico con la usuaria el 26 de marzo de 2020, en el contexto de la crisis sanitaria, recabándose la siguiente información: vencimiento de la orden de detención; mantenimiento de causa sin patrocinio del CDM; se orienta sobre procedimiento de denuncia remota. Cabe resaltar que entre los dos hitos indicados transcurrieron 143 días corridos, sin registrarse ninguna gestión por parte del CDM. Semanas después del último contacto telefónico, el día 15 de abril de 2020 la mujer fue víctima de un hecho grave de violencia”.

Este es uno de los hallazgos de Contraloría en la auditoria que realizó al Servicio Nacional de la Mujer (Senameg) de la Región Metropolitana, organismo dependiente del Ministerio de la Mujer. El análisis realizado entre marzo y octubre de 2020 contó con un proceso de cargos y descargos, el que finalmente terminó y fue consolidado en un informe evacuado en abril de este año. Las conclusiones son lapidarias.

El 24 de enero La Tercera publicó el preinforme de esta auditoría, a que le faltaban los descargos del Sernameg. Sin embargo, estos no atenuaron el tono del informe de Contraloría, el que fue bastante crítico de los programas y funcionamientos del servicio para atender a mujeres víctimas de violencia de género.

El primer punto que identificó el ente contralor fueron “debilidades en las medidas de prevención y detección temprana de situaciones graves de violencia contra la mujer, toda vez que, por ejemplo, entre marzo y agosto de 2020 se determinaron 53 hechos graves de violencia de género, de los cuales 50 no acudieron a algunos de los canales o dispositivos habilitados por el Sernameg para brindar apoyo y orientación, y respecto de aquellas que sí tuvieron algún contacto, se determinó la falta de acreditación de las intervenciones y seguimientos en los casos que se indica -conforme a las respectivas orientaciones técnicas-”.

En ese sentido, se advirtió que “en un 94% de los casos, las políticas públicas ejecutadas desde el Sernameg RM no lograron generar las condiciones para el contacto necesario con estas mujeres y, de esta forma, propender a la prevención de hechos de violencia como los señalados”. Por lo mismo, se pidió al servicio “adoptar las acciones” para el oportuno contacto con mujeres que puedan estar siendo víctimas de situaciones graves de violencia de género y, a su vez, llevar a cabo las intervenciones y seguimientos acordes a las orientaciones técnicas correspondientes. Se entregó un plazo de 60 días para actuar en esa línea.

El Sernameg, por su parte, contestó a Contraloría, en su etapa de descargos, que “las situaciones de violencia extrema contra las mujeres son abordadas desde el Programa Atención, Protección y Reparación en Violencia contra las Mujeres”, además “la violencia contra las mujeres es un problema multifactorial que requiere de un sistema de respuesta coordinado que depende de la red de instituciones que constituyen el sistema de respuesta del Estado ante la violencia de género, considerando las coordinaciones interinstitucionales correspondientes”.

Para el ente contralor este argumento no fue suficiente. La auditoría concluyó que “el Sernameg, acorde a lo indicado precedentemente, no sólo tiene un rol relevante de coordinación de los distintos servicios y organismos públicos para la ejecución de las políticas, planes y programas relacionados, en lo que acá se analiza, con la prevención y detección temprana de situaciones graves de violencia contra la mujer, sino también en la ejecución de programas destinados a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres e intrafamiliar”.

Las otras falencias

El servicio cuenta con un teléfono de comunicación directa (fono 1455), donde las mujeres violentadas pueden acudir para acusar agresiones. El análisis de Contraloría también desliza críticas hacia este programa: “Se verificaron incumplimientos en relación con la derivación, acreditación y demoras en los seguimientos de las llamadas recibidas de tercer nivel (grave o vital); carencias en la trazabilidad de las llamadas recibidas; incerteza en cuanto a la cantidad de llamadas recibidas; inexistencia de evidencia respecto de seguimientos de denuncias informadas por Carabineros de Chile, y personal de la empresa contratista que no cumplía con los requisitos de estudios fijados en el contrato”.

Otro programa que recibió cuestionamientos fue la iniciativa “Mascarilla 19”. En plena pandemia, en mayo del año pasado, el Sernameg lanzó esta idea que permitió establecer un acuerdo con distintas farmacias para que las mujeres que fueran víctimas de agresiones concurrieran a estos establecimiento, o bien llamaran por teléfono, y para evitar que su agresor supiera que estaban pidiendo ayuda, preguntaran por una “Mascarilla 19″.

Contraloría también identificó debilidades en la implementación de este plan. “Se verificaron falencias de diversa índole, tales como falta de celeridad en la formalización del protocolo; demora en el contacto con la persona víctima de violencia; incumplimiento de protocolo del servicio de teleasistencia; incumplimiento de instrucción acerca de la iniciativa de Mascarilla 19; falta de acreditación de procedimiento adoptado para extender invitaciones a las farmacias que desearan participar de la iniciativa (acreditándose una cobertura de solo el 53% del total de comunas existentes en el territorio nacional), y falta de acreditación de adhesión a la iniciativa por parte de las farmacias”, concluyó el informe final de la autoría.

Finalmente, una de las últimas observaciones de Contraloría fue sobre las medidas de higiene para prevenir el Covid-19, adoptadas en los centros de cuidado a las mujeres vulnerables. “En las visitas a terreno se detectaron diversas deficiencias en las condiciones de las CDA, relacionadas con la contingencia del Covid -19, tales como falta de medidas de control sanitario y de higiene preventiva de contagio; carencia de registros de control sanitario para ingresos y salidas; ausencia de elementos de higiene para el uso de usuarias, entre otras”, se señaló en el documento de 95 páginas.

Proceso pendiente

Consultados por La Tercera, desde el Sernameg señalaron que el proceso revisado por la Contraloría aún no termina. En ese sentido, señalaron que “tenemos la convicción de que esta es una instancia muy importante para nuestra institución de mejorar los procesos en la atención, protección y reparación de las mujeres que son sobrevivientes de violencia, así como las acciones de prevención en violencia contra las mujeres que llevamos adelante a través de nuestros programas”

Agregaron que “se están implementando todas las acciones correctivas y las recomendaciones provenientes del ente contralor, con el objetivo de ir mejorando continuamente en la ejecución de nuestros dispositivos. Actualmente, nuestra institución mantiene instancias pendientes en torno a la auditoría realizada por Contraloría General, en donde existen procesos vigentes de retroalimentación, verificación y seguimiento entre nuestro servicio y el ente contralor”.