Al menos cuatro versiones emitieron desde el Ejecutivo sobre lo que ocurrió la noche del miércoles, cuando delincuentes lograron sustraer 23 computadores y una caja fuerte desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el ministro Giorgio Jackson (Revolución Democrática).

El primero fue el propio Jackson, quien en un punto de prensa cerca de las 9.00 de este jueves, abordó lo que ocurrió. Cuando aún se encontraba en la Región del Biobío, el secretario de Estado señaló que “como gobierno tenemos indignación ante estos hechos, son gravísimos. Y, por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieron no ser solo constitutivos de delito de robo, sino también relativos a una señal política. Quiero, ante eso, señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar (...)”.

Al hablar de una “señal política”, sus dichos enfurecieron a la oposición. Tanto, que la UDI envió una carta al Presidente Gabriel Boric, quien por estos días está de gira en Europa, en la que exigieron la salida de Jackson de la cartera en un plazo de 48 horas.

En línea con el titular de Desarrollo Social, durante la mañana del jueves, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, acusó una “persecución política brutal en contra del ministro Jackson. Y agregó: “Este hecho es de suma gravedad, se entra a las dependencias de un ministerio para sustraer computadores y otros elementos con bastante facilidad, y con la información que tenemos esto no parece ser un robo común, por eso lo importante es que se investigue”.

Con el pasar de las horas, y de la mano con el avance de las investigaciones, esa primera versión fue contrastada por otra autoridad de gobierno.

Pasadas las 19.00, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, señaló que “la Fiscalía y las policías que están llevando adelante la investigación, a partir de la información que disponen hoy día, siguen realizando las diligencias para poder cumplir con el objetivo: identificar completamente a todos los responsables de este delito y sus causas, que, con la información de la que se dispone hoy, es un delito cometido por delincuentes comunes”.

Sin embargo, en ese mismo punto de prensa, la ministra Vallejo, consultada sobre sus dichos anteriores, reiteró que “a todas luces, estos hechos están fuera de lo común. No es normal y no es cotidiano que se roben computadores de un ministerio y que, además, para la ejecución de ese robo, se utilice la suplantación de identidad de una autoridad de Estado”.

En paralelo, desde la Secom, dirigida por Pablo Paredes, se compartió una minuta -entregada a parlamentarios y partidos del oficialismo- en la que se sostiene que “como señaló tanto el fiscal nacional como el gobierno, hay buenas razones para afirmar que no es delito común. Es una acción totalmente burda, en la que un desconocido llama por teléfono y se le entregan 23 computadores y una caja fuerte. Y solo una hora después se informa a Carabineros”.

En el mismo documento, además, se dice que “la pregunta es ¿quién se beneficia con esto? Si alguien pensó o creyó que con esto podía borrar antecedentes relevantes, se equivoco. O bien, alguien quiso engañar a la opinión pública para hacernos creer que el ministro Jackson estaba eliminando antecedentes. ¿Quién se beneficia de aquello? ¿Quién se beneficia de que hoy se esté hablando de que esto podría ser una operación del propio ministro”.

También se afirma que “la ciudadanía es testigo de que ha existido desde hace tiempo un ejercicio sistemático de difamar y hacer caer al ministro Jackson. Acá hay una persecución política inaceptable”.