Este miércoles se cumplió un mes desde la puesta en marcha del plan Calles sin Violencia, iniciativa impulsada por el gobierno que busca hacer frente a la crisis de seguridad y el crimen organizado mediante la intervención policial en 46 comunas a nivel nacional -las que concentran el 65% de estos delitos ocurridos en 2022, según el Observatorio de Homicidios-. Y las cifras hablan por sí solas.

Carabineros informó que desde el 10 de abril hasta el 7 de mayo se han realizado 29.848 controles preventivos, se han cursado 1.842 infracciones, hay 80 armas incautadas y se han decomisado 14,1 kilos de droga.

Pero hay más. Carabineros ha detenido a 618 personas, de las cuales 236 tenían una orden vigente en ese sentido. Otras 61 fueron aprehendidas por porte de arma blanca y 37 por robos. El 8,1% de los detenidos (50) son extranjeros.

El plan comenzó a aplicarse en 33 de las 46 comunas que contempla la intervención, de las cuales 22 corresponden a la Región Metropolitana (Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón) y las 11 restantes a capitales regionales. Y La Tercera tuvo acceso de las cifras en detalle: en la RM, Puente Alto es donde más controles y fiscalizaciones se han realizado (4.051), seguido de Santiago (3.691), Lo Espejo (3.601), La Pintana (2.468) y San Miguel (535).

En cuanto a las infracciones cursadas, el ranking lo encabeza Santiago, con 334, por delante de Lo Espejo (124), La Granja (78), Independencia (64) y San Miguel (37). Asimismo, Carabineros ha logrado incautar diez armas en La Pintana, seis en Lo Espejo, cinco en Puente Alto, tres en Estación Central y tres en Santiago.

El balance de fiscalización dentro de los sectores contemplados generó positivos comentarios de los alcaldes, pero cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.), de Carabineros deja en evidencia un aumento de casos policiales en comunas que colindan con las que están incluidas en el plan Calles sin Violencia. Un efecto que ya había sido alertado en su momento por ediles a solo horas de que el Presidente Gabriel Boric anunciara la medida el pasado 6 de abril.

“El tema de seleccionar le va traer alivio a esos barrios, pero la delincuencia se va a trasladar a otros, porque el delito es móvil”, indicó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), mientras que en entrevista con La Tercera PM la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), también expresó que “les estamos diciendo a los delincuentes que los vamos a apretar y ¿qué harán ellos? Se van a ir a otra comuna”.

Uno de los casos es Cerrillos, comuna que limita con Lo Espejo y que no fue incluida dentro del plan nacional. En los últimos 28 días, ha presentado un aumento del 10% en los casos policiales y al desagregar tal porcentaje, la comuna ha registrado 17 casos de robo con violencia (+ 33%), 25 casos de hurtos (+ 72%) y cinco registros de lesiones (+ 22%). Todo en comparación al mismo periodo de 2022.

Una situación similar se presenta en Macul, comuna que limita con Ñuñoa, San Joaquín, Peñalolén y La Florida. Ahí registrado un incremento del 24% en los robos con violencia (17 casos), 100% en los robos con violencia (3); un 135% en los robos por sorpresa (19) y 87,9% en los hurtos (29).

Por su lado, Conchalí (colinda con Quilicura, Huechuraba, Recoleta, Independencia y Renca) también ha presentado incrementos en el último mes donde se registra una denuncia por violación, 18 casos de robo con violencia (aumento del 18%); 11 casos de robo con fuerza (20%) y cinco denuncias por robo en lugar no habitado (55,6%).

En ese sentido, el alcalde René de la Vega (Ind.) cuestionó la no inclusión de su comuna en el plan y señaló en su momento que “quedamos como isla entremedio (...). Y ahí está la complejidad, porque el delincuente cuando está haciendo un mal se traslada con los vehículos a otras comunas, como Conchalí, en ese escape para buscar las autopistas”.

Pese a que los números entregados por Carabineros demuestran un aumento en materia de delitos, algunos alcaldes han sostenido que este incremento no correspondería -necesariamente- a un efecto colateral del plan Calles sin Violencia. Así lo remarca el alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (Amur), Jaime Escudero (Ind.). Pese a que su comuna quedó excluida de la intervención nacional, el edil explica que en su sector no se ha generado un efecto de traslado de la delincuencia, pese a ubicarse al lado de Puente Alto y a pocos kilómetros de La Pintana. Es más, ha habido una disminución de un 13,3 % en comparación al año anterior gracias al doblaje en el sistema de prevención que ha aplicado el mismo municipio.

“Para nosotros siempre lo más preocupante son los robos en lugar habitado y no habitado, y hasta hoy no hemos tenido aumento en esos casos. Obviamente estamos preocupados porque entendemos que el traslado de la delincuencia puede ser un problema: si es que se aprieta mucho por un lado, se desinfla por el otro. De hecho estoy preocupado de que nos saquen carabineros por los lados porque es un daño colateral que puede surgir”, expresó.

Quien también alzó la voz frente a esta problemática fue Joel Olmos (Ind.), alcalde de La Cisterna, quien reclamó al gobierno el no haber sido contemplados dentro de la medida preventiva de seguridad, pese a los cinco asesinatos que la comuna lleva durante el año, “lo que da cuenta, junto con el 40% de los delitos violentos, del recrudecimiento de la delincuencia en nuestra comuna”, expresó hace algunos días.

A la petición de Olmos se sumó el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, recalcando que “el crimen organizado no conoce de límites comunales, y claramente el indicador no puede ser solamente el número de homicidios, hay que analizar las comunas y ver la ciudad como un todo”, y pidiendo además que las comunas de Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Conchalí y Quilicura sean incorporadas al plan, “para que así sea más efectivo y tengamos entre todos los resultados que esperábamos”.

Una solicitud que fue incluso respaldada transversalmente por diputados de distintas regiones la tarde de este miércoles en una sesión especial celebrada en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, dieron a conocer en detalle la implementación del plan Calles sin Violencia.

Durante los minutos de intervención, la diputada Flor Weisse (UDI), de la región del Biobío, solicitó la integración de la comuna de Pedro Aguirre Cerda al plan nacional “debido a la compleja situación que su alcalde y la comunidad vienen enfrentando a causa de narcofunerales”. En la misma línea, el diputado Daniel Melo (PS) solicitó al gobierno un plan especial para el mismo municipio para enfrentar la delincuencia “mediante un apoyo real del gobierno”.

La comuna ubicada en la zona sur de la RM ha visto suspendidas las clases en cuatro establecimientos educacionales producto de funerales narco en lo que va de 2023. “Esto da rabia, genera frustración, nosotros no entendemos por qué no hemos sido incluidos (...) a mí me resulta totalmente incomprensible”, dijo el alcalde Luis Astudillo (Ind.) hace algunas semanas.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “hay que recordar que una de las áreas de trabajo, uno de los ejes del plan Calles sin Violencia es la persecución penal efectiva. Esta tarea no tiene límites comunales, lo hemos conversado con el fiscal nacional y se tomó la decisión de abordarlo a nivel regional. Para eso, con recursos del Ministerio del Interior se financiará la contratación de profesionales que permitirá fortalecer el trabajo de los fiscales”.

Y añadió que “en la medida que las investigaciones lideradas por los fiscales preferentes, sus equipos y la colaboración especializada de la Policía de Investigaciones tengan resultados, podremos identificar a los autores de dichos delitos y sancionarlos. Con esto no sólo vamos a resolver un crimen, vamos a desarticular a las organizaciones que están detrás de ese y muy probablemente de otros delitos, como podrían ser otros homicidios o narcotráfico en todas las comunas de la Región Metropolitana”.