Fueron tres meses de una auditoría que tenía a los funcionarios de la Contraloría revisando todos los convenios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entre 2020 y 2023. La tarea era ardua, compleja, pero no podía tomar mucho tiempo.
La información era rescatada con archivadores, medios electrónicos y también en carpetas con todo el detalle de cómo se transferían los dineros desde el organismo que desde junio está en la lupa de la opinión pública, luego de que se revelara que se transfirieron $ 426 millones a la Fundación Democracia Viva, en un acuerdo que involucró a tres militantes de Revolución Democrática (RD): al seremi Carlos Contreras (RD) y el representante legal de la ONG, Daniel Andrade (quien en ese entonces era pareja de la diputada RD por Antofagasta, Catalina Pérez).
Las repercuciones ya son conocidas: se abrieron investigaciones en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia, en la Cámara y también en Contraloría. Este organismo lleva más de una investigación por el funcionamiento de las fundaciones y los dineros fiscales que recibe desde distintas reparticiones.
Sin embargo, la auditoría era la investigación principal, y durante las últimas horas se evacuó el informe final que, además de advertir irregularidades de la oficinal regional, también pone en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues también se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.
“Tanto la Seremi de Vivienda de Antofagasta, como el Serviu de igual región, en coordinación con el nivel central, deberán adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final”, parte diciendo el informe de 91 páginas.
Esta advertencia se hace a partir de las nueves observaciones de Contraloría, de las cuales cinco fueron remitidas al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Una relación impropia
Otra observación fueron los argumentos que se tuvieron para cerrar los convenios con Democracia Viva, pues se detectó que ni en las resoluciones emitidas por el seremi Minvu y el Serviu, como tampoco en los respectivos acuerdos, se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos.
“No se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”, dice el texto.
Sobre este mismo punto, el ente contralor detectó que fue que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022 que Carlos Contreras solicitó al encargado de Planes y Programas de esa repartición enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras, señalando como contacto a don Daniel Andrade Schwarze.
Es de conocimiento público que Andrade y Contreras se conocían previamente, pues el seremi, ante de asumir su cargo, fue jefe de gabinete de Catalina Pérez, y los tres mantienen registros fotográficos juntos en más de una ocasión. Esta cercanía también fue cuestionada por Contraloría.
“Se advirtió que la conducta del señor Carlos Contreras Gutiérrez, en su entonces calidad de seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora, señor Daniel Andrade Schwarze, eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación, por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación”, se sentencia en el documento.
Pagos parcelados
Uno de los elementos que la Fiscalía mira con atención, desde que estalló el caso, es una maniobra que es recurrente en los organismos públicos que quieren evitar el paso por Contraloría: dividir los convenios por montos menores a 5.000 UTM y así no tener que pasar por la toma de razón. Esto evita que los acuerdos sean declarados ilegales y se caiga el negocio.
Pues bien, esa sospecha se habría logrado disipar, en algo, en la auditoría de Contraloría, en el caso de Democracia Viva.
La investigación detectó que “se constató que dos de las iniciativas de inversión asignadas a Democracia Viva correspondían a proyectos de iguales características, las que, si bien se ejecutarían en los campamentos EcuaChilePe e Irarrázabal Etapa I, por $ 200 millones y $ 170 millones, respectivamente, corresponden a asentamientos precarios colindantes y que forman parte del mismo Macrocampamento Balmaceda, de la comuna de Antofagasta, suscribiéndose convenios por separado para cada uno de ellos, sin que se advierta el motivo por el cual se separaron las iniciativas, en las cuales, además, de acuerdo a las rendiciones de cuentas efectuadas, al menos tres personas contratadas a honorarios por esa fundación participaban en ambos proyectos”.
En esa misma línea se advierte que “las entidades fiscalizadas deberán adoptar las acciones que correspondan, en coordinación con el nivel central, tendientes a evitar la separación de iniciativas que sean factibles de desarrollar a través de un solo convenio, en concordancia con lo dispuesto en el punto 9 de la circular N° 20, de 2023, del Ministerio de Hacienda. Al respecto, la materia de la presente observación será incluida en el proceso disciplinario que instruirá este organismo de control. Además, este informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan”.
En dos lados del mesón: “Manejo de información privilegiada”
Cuando estalló el caso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio luces de una irregularidad que volvía a cuestionar la probidad de los convenios, pero no sólo los que involucraban a Democracia Viva. “Lo que ocurre es que algunas fundaciones contrataban a personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer un seguimiento a los proyectos”, dijo el 27 de junio.
Este tema también es advertido en la auditoría de Contraloría, donde se detecta que, al menos, 12 personas tenían contrato en la Seremi de Vivienda y también en fundaciones.
“Fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable y otros aplicativos institucionales”, se detalla en el documento.
Asimismo, en el Serviu de Antofagasta se han desempeñado, al menos, tres personas que también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis.
En ese contexto, se estableció que “Cynthia Gabriela Cisternas Moncada estaba contratada por la Fundación Democracia Viva para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera en dicha fundación. Ella se desempeñaba en dependencias de la Seremi de Antofagasta y desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por esa misma entidad privada”.
Para Contraloría, esto “da cuenta de que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos”.
¿Y las otras fundaciones que contaban con personal en ambos lados del mesón? Según se detalla en el informe de auditoría, además de Democracia Viva, están: Asociación Campamento de Ideas, Corporación Espacio Lúdico, Un Techo para Chile, Asociación Campamento de Ideas, Movimiento Fibra, Procultura y Fundación para la Superación de la Pobreza.
Otra de las “debilidades” detectadas fue el proceso de control de las rendiciones de cuentas, pues el registro de estas planillas “no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros”.
De acuerdo a lo investigado por Contraloria, al 30 de junio de este año, en relación con los 68 convenios vigentes, se habían presentado rendiciones por $ 1.734.789.042 de los cuales $ 500.854.319 se encontraban pendientes de revisión, es decir, el 29%.
En el informe se da un plazo de 30 días a la Seremi y al Serviu, como también al Ministerio de Vivienda, para subsanar las observaciones de un caso que promete una larga duración, tanto en sede penal como administrativa.
