“A raíz de los hechos acusados en el sumario sanitario, la clínica analizó todos los antecedentes relativos a los distintos EPRO (errores programáticos en la plataforma de vacunación) que han ocurrido en sus dependencias. Producto de ello se han detectado cuatro EPRO que fueron debidamente informados a la autoridad sanitaria, en todos los cuales se aplicaron tres dosis de vacunas contra el Covid-19″.

Así se lee en una parte de los descargos que emitió el pasado martes Clínica Las Condes (CLC) en respuesta al sumario en curso abierto por la Seremi de Salud RM a raíz de la tercera dosis aplicada en el vacunatorio del recinto al presidente del directorio, Alejandro Gil.

Tal como dio a conocer La Tercera, el pasado sábado 3 de julio, Gil se dirigió hasta la unidad de vacunación de la clínica, acompañado de la gerenta de Enfermería, Andrea Gaete.

La ejecutiva solicitó aplicar al mandamás de CLC una dosis extra de la vacuna Pfizer, aun cuando contaba con el esquema completo de Sinovac, bajo el argumento de que esto había sido indicado por su médico tratante, el cardiólogo Héctor Ducci. ¿La razón? Un examen de anticuerpos spike para Covid-19 habría resultado negativo, lo que fue interpretado por el facultativo como una baja inmunidad en el paciente.

Gil, de hecho, explicó a este diario que fue Ducci quien le solicitó que se hiciera este test, y al darse cuenta de que sus resultados no eran óptimos habría ordenado entonces una tercera dosis para mayor protección.

Así, y si bien las enfermeras del vacunatorio accedieron a inmunizarlo con una tercera dosis de Pfizer, reportaron en la plataforma del Minsal un error programático (EPRO) en la plataforma del Registro Nacional de Inmunizaciones, pues el sistema no permite añadir una tercera inoculación.

Sin embargo, según explica el escrito del centro médico, el caso de Gil no habría sido el único: otros cuatro EPRO relacionados con dosis extras que se intentaron cargar al sistema fueron reportados por CLC a la autoridad sanitaria.

El primer caso se fija el 18 de marzo, luego el 3 y 14 de abril se reportó en dos ocasiones el segundo caso, el 31 de marzo hay registro de un tercer caso y el 13 de abril otro. “En todos los cuales se aplicaron tres dosis de vacunas contra el Covid-19″, reconocen desde CLC.

“Lo cierto es que respecto de estos casos, en que también se administró e informó a la autoridad sanitaria de la aplicación de una tercera dosis de vacuna, la respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario como intempestivamente ocurre ahora”, argumentan.

A renglón seguido, en el escrito sugieren que por tratarse de un caso ligado al presidente del directorio del recinto existe un cambio de criterio “injustificado”.

“El cambio de criterio es abismal, en tanto la autoridad, ante casos análogos, ha obrado en forma diametralmente opuesta en el ejercicio de su potestad pública (...). Sin embargo, ahora en el caso del señor Gil se infringen los actos propios y las respuestas administrativas anteriores que habían creado una confianza legítima en el ejercicio de la potestad pública. Así, parece injustificado e incomprensible cómo para los casos de EPRO de marzo y abril de 2021 la autoridad no inició sumarios sanitarios, pero, ahora, cambia radicalmente de opinión y sin mayor fundamento inicia un procedimiento sancionatorio por una conducta que en el pasado no le formó la convicción de concurrir infracción sanitaria alguna”, se plasma en la respuesta.

Consultada la Seremi de Salud, señalaron que no pueden referirse a sumarios en curso antes de dictar sentencias para este caso.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, en privado señalan que no tienen antecedentes sobre estos nuevos casos. Solamente, y hasta ahora, tienen conocimiento de los 10 pacientes con condición de inmunodeprimidos que han sido autorizados por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) para un refuerzo de la vacuna Pfizer.

Además de este punto, en el texto de descargos sobre el sumario, los abogados que representan a Clínica Las Condes -Sebastián Oddó y Martín Coronado- arguyen que frente a la vacunación con tercera dosis de Gil, no tienen noción concreta de cuáles son las infracciones cometidas.

“Asunciones tales como ‘lineamientos’ o ‘normativa general de vacunación’ resultan absolutamente contrarias al deber de motivación del acto administrativo y, consecuentemente, vulneran el derecho de defensa de la clínica, porque resulta imposible ‘adivinar’ cuál es la norma singular que la autoridad acusa como infringida (...). La formulación de cargos carece de hipótesis legal concreta en la cual encuadrar los hechos que acusa”, se lee en uno de los párrafos.

Asimismo, y a propósito de la implementación de una tercera dosis de vacuna de refuerzo y los estudios que ya ha iniciado el Minsal para comprobar que esta nueva inoculación sea segura y efectiva, los abogados replican que “en el caso de que la autoridad decida aplicar una sanción, esta carecerá de fundamento, porque la propia administración se encuentra pronta a implementar, a la brevedad, la aplicación de una tercera dosis a la población nacional”.