A mediados de junio del año pasado, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunciaba que el gobierno iba a crear un catálogo para definir cuáles eran los bienes esenciales que se podían comercializar. Esto con el objetivo de reducir la movilidad de las personas.

Esa vez se dijo que el Ministerio de Economía era el encargado de elaborarlo. Sin embargo, el catálogo nunca llegó debido a lo impracticable de la medida, y por ello, Economía apuntó a reducir la movilidad de los trabajadores y la autorregulación de las empresas. “Es difícil definir cuáles son los productos esenciales (…) lo que estamos haciendo es definir cuáles son aquellos trabajos, aquellas funciones esenciales que van a estar incorporadas dentro de las empresas que están habilitadas para trabajar durante este periodo, que básicamente son bienes y servicios de primera necesidad y toda su red de proveedores”, afirmó en ese momento el ministro Palacios.

Eso es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. El jueves 1 de abril el gobierno anunció una serie de nuevas restricciones en medio de la preocupante alza de casos de coronavirus. Entre estas estaba el limitar la venta de productos no esenciales. En ese contexto, Martorell sostuvo el domingo a Canal 13 que “nosotros estamos haciendo una lista de cuáles son esos bienes esenciales, que estará lista mañana (lunes) para que todas las personas puedan acceder a ello”. Es más, en esa misma entrevista entregó como ejemplo que “un televisor no es esencial, pero un computador sí lo es”.

Consultada la Subsecretaria de Prevención del Delito dijeron que el catálogo estaba siendo elaborado por Salud y Economía, y que sería publicado este martes, sin embargo, desde Economía afirman que ellos no están trabajando en ese listado. Así, la elaboración de este listado reacaerá en la subsecretaría y el Ministerio de Salud será quien lo deba visar.

Hasta el cierre de esta edición, el catálogo y nuevo instructivo aún no se publicaba.

La indefinición tiene inquieto al comercio. Les parece una mala medida y por ello esperan que, al igual de lo que ocurrió a mediados del año pasado, el gobierno eche marcha atrás a esta medida.

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette, afirma que “es evidente que a la hora de aterrizar una mala política pública como esta de diferenciación de productos que sí son esenciales y otros que no, hace que sea complejo y que sea muy difícil lograr un consenso, incluso al interior del gobierno”.

Soublette subraya que “no basta con decir esenciales. Es mucho más complejo y requiere definir producto a producto en este caso. Hay toda una cadena de abastecimiento y logística que se puede ver afectada por una inadecuada definición, además todo el comercio debe estar preparado para saber qué puede y qué no puede despachar, eso implica también poder organizar correctamente a nuestros trabajadores”.

De acuerdo a la CCS, a partir de las últimas cifras tributarias disponibles (2019) son 121 mil las empresas que están siendo afectadas con esta medida, lo que equivale al 42% del total del comercio minorista. El promedio de sus ventas mensuales es de alrededor de US$1.500 millones.

“De todos modos, ya veremos el real impacto en los días que vienen, pero a estas alturas de la crisis que vivimos, más que medir las menores ventas, insistimos que hay que evitar el cierre de empresas y el aumento del desempleo”, comentó Soublette.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, afirmó que el anuncio “ha producido mucha incertidumbre. La idea de definir los bienes esenciales no tiene una buena base conceptual, y por ello esperamos que esta lista no aparezca nunca porque el gobierno se meterá en un conflicto”.