La primera prioridad legislativa del Ministerio de Energía es el proyecto de ley sobre almacenamiento y electromovilidad, el que entre otras cosas, apunta a habilitar una mayor participación de las energías renovables en la matriz energética, actualmente en la Comisión de Energía y Minería del Senado.

Así lo manifestó este miércoles el ministro Diego Pardow en su primera exposición ante esa instancia: “Hoy el servicio de almacenamiento no se remumera y el problema de eso es que las empresas no tienen los incentivos para desarrollarlo. Necesitamos aumentar la capacidad del sistema de transmisión, pero también la capacidad de almacenarla”, enfatizó. Pardow agregó que este proyecto, que tiene discusión inmediata, lleva bastante tiempo de tramitación y “está maduro”, por lo que analizan destinar una sesión para discutirlo tras la semana distrital.

En su debut en el Congreso, Pardow resumió que los grandes desafíos del ministerio son la descarbonización y avanzar hacia una red eléctrica más resiliente y más verde, por la vía de aumentar la capacidad de generación renovable en 25 Giga, lo que implica casi duplicar la actual capacidad de 30 Giga en 8 a 10 años. La autoridad detalló que hay una robusta cartera de proyectos: 86 centrales de generación y 14 obras de transmisión en construcción; mientras que en evaluación hay 105 proyectos de generación y 23 de transmisión.

Además de modificaciones legislativas, el Ejecutivo también tiene tareas. Una es la ventanilla única para permisos sectoriales, a partir de 2023. “Cuando uno habla con la industria lo primero que te mencionan es que la tramitación de los permisos, ambientales y no ambientales, se ha ido extendiendo en el tiempo. No queremos ni disminuir la participación ciudadana, ni el relacionamiento con las comunidades, ni disminuir estándares ambientales, pero necesitamos como Ejecutivo hacer una mejor tarea en el procesamiento de estas solicitudes”, dijo. “En lo inmediato, desde los distintos ministerios, reforzaremos las direcciones de obras municipales, el Consejo Nacional de Monumentos, el Sistema de Evaluación Ambiental, que son los tres embudos que están tomando más tiempo”, agregó.

Para el mediano plazo, Pardow fijó dos ejes legislativos. Uno que incluye tres temas: la llamada “ley corta de gas natural”; la nueva ley de regulación del gas natural (ley larga) y el proyecto de ley de gas licuado de petróleo.

Sobre la ley corta, Pardow pidió a los equipos técnicos de los distintos ministerios tener una sesión el martes de la próxima semana para aunar criterios y procesar las indicaciones para responder a las prevenciones de la industria. “Este es un tema de costo fijo: hay empresas que reparten costos fijos en un grupo de usuarios más grande y que debieran poder absorberlos por sus propios medios; mientras otras enfrentan una situación distinta porque poseen un número de usuarios más bajo”, comentó.

En cuanto a la ley larga de gas natural, dijo que no hay consenso académico sobre cómo avanzar en el modelo regulatorio para ese mercado. “El país tenía muy claras las cosas en términos de modelo regulatorio hasta 1995, pero muchas agendas cortas movieron los sistemas regulatorios en direcciones distintas y hoy están bien desordenados. Tenemos que darnos tiempo para evaluar el sistema regulatorio que queremos en materia de gas natural y para sectores similares”, dijo. El plan es activar en octubre una comisión de expertos, para la que ya barajan nombres, y presentar la legislación en marzo.

Más escueto fue para abordar el proyecto de GLP en cilindros: solo mencionó que es una de las prioridades presidenciales, que ya hay una mesa funcionando en la Cámara de Diputados y que sobre la base de esos resultados impulsarán esa legislación.

El segundo eje de mediano plazo es la pobreza energética, con énfasis en materias tarifarias vinculadas a clientes vulnerables y al régimen de subsidios. Por disposición de la Ley N°21.472, una mesa de trabajo evalúa medidas y deberá evacuar un informa antes de fin de año. La intención del gobierno es presentar un proyecto de ley en el primer semestre de 2023. Pardow planteó que las actuales herramientas para establecer subsidios y ayudas son rudimentarias e incapaces de identificar a los beneficiarios y, por tanto, tampoco se puede medir su eficacia: “Tienen que aprovecharse las tecnologías para focalizar el gasto. Esto no se puede hacer al calor de los conflictos sociales, en que las demandas se hacen intensas y eso obliga a los organismos políticos a reaccionar rápido, pero que los mecanismos no estén bien pensados. Queremos pedirle a esta mesa que nos ayude a diseñar un mecanismo efectivo, que distribuya recursos públicos o recaude recursos privados estableciendo un sistema progresivo de subsidios cruzados, similar al del agua potable”.

Otro punto que calificó de clave es la ley que moderniza la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a fin de actualizar su ámbito de competencia, algo que se pretende presentar este semestre.

El plan para el hidrógeno verde es aumentar el perímetro regulatorio y dotarlo herramientas adecuadas: “Nuestro esfuerzo está en la coordinación del comité Corfo, creado para dar condiciones habilitantes a los proyectos. Estamos en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales, porque hay una licitación de terrenos fiscales en curso y la idea es generar en conjunto mecanismos de incentivo para tener los tipos de proyecto de hidrógeno verde que necesitamos. Un primer paso es legitimar en las comunidades la viabilidad de esta industria, porque es muy promisoria”. Preparan un paquete regulatorio para 2023.