Este lunes, cuando el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció un plebiscito en el que se incluirían ocho puntos a consultar a la ciudadanía sobre reformas constitucionales, el que aludía a una posible relación entre las Fuerzas Armadas y la policía ecuatoriana en el combate contra el crimen organizado quedó dando vueltas en el aire. Este miércoles, el gobierno detalló las implicancias de la medida que busca “desburocratizar” la labor de las FF. AA.
Una labor compartida
La pregunta específica, que corresponde a la primera de las ocho, plebiscita lo siguiente: “Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”.
Al respecto, fue el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien salió a contestar las dudas sobre la implicancia de la medida. “Necesitamos establecer un sistema que ‘desburocratice’ la participación de las Fuerzas Armadas”, dijo el titular de la cartera a la prensa. La medida, que requeriría una modificación en la Constitución que rige en Ecuador, busca que las ramas armadas asistan a la policía cuando estas se vean sobrepasadas.
Según la prensa local, y en caso de que se apruebe la medida, se deberá generar un marco legal donde los militares puedan actuar y cumplir el rol encomendado sin tener que decretar un estado de excepción, como lo contempla la actual Carta Magna. Hoy, la medida implicaría suspender el ejercicio de la libertad de asociación y reunión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y el de la inviolabilidad de correspondencia. La modificación permitiría que las FF.AA. intervengan sin eliminar dichos derechos.
La pregunta del plebiscito se enmarca en un contexto en el que la violencia ha “recrudecido”, lo que “mantiene en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida”, dijo el gobierno este lunes. El Decreto 561, presentado dicho día, renovó por un mes más el estado de excepción por grave conmoción interna que se mantiene en Guayaquil, Durán y Samborondón desde el 14 de agosto pasado. “La renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron su declaratoria original”, declaró el Ejecutivo.
Datos oficiales indican que la cantidad de casos reportados de homicidios intencionales es la misma que antes de que iniciara la medida de emergencia, sin embargo, se registró una disminución del 31% en el robo de bienes, accesorios y autopartes, mientras que el de vehículos lo hizo un 7% y el de motos un 26%, informó el diario El Universo.
De vuelta en la discusión constitucional, el ministro Jiménez negó que la medida que busca aprobar el gobierno de Lasso signifique una militarización de las calles de Ecuador, ya que el apoyo a las policías por parte de las Fuerzas Armadas solo se daría bajo un requerimiento previo del cuerpo policial al presidente de la República, informaron medios locales. Situación que ocurriría únicamente cuando se traten casos que involucren al crimen organizado.
Karen Sichel, una de las integrantes del equipo técnico de la Presidencia, fue quien respondió sobre la relación entre esta posible modificación constitucional y la compatibilidad tanto con la Corte Constitucional de Ecuador como con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según la prensa local, Sichel aseguró que la propuesta ha tenido en cuenta la jurisprudencia de ambas instancias, con el fin de adaptarse a las disposiciones y mantener concordancia en el plano legal ecuatoriano y el internacional.
Las preguntas plebiscitadas
Convocando a los ecuatorianos a hacer frente a “las amenazas desde la raíz”, el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, presentó las ocho propuestas que componen su plan de cambios constitucionales durante este lunes en un acto público. En la ocasión, llamó a la gente “a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en su pasado”, declaró.
Tres son los ejes que componen la propuesta: las enmiendas “para promover la seguridad ciudadana”, “para fortalecer la democracia” y “para proteger el medioambiente”, siendo la primera en la que se enmarca la iniciativa relacionada a las Fuerzas Armadas. Entre las otras dos preguntas que componen aquella sección, destaca la consulta sobre permitir la extradición de ecuatorianos “que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías”.
En cuanto a las enmiendas para fortalecer la democracia, la cuarta y quinta pregunta representan cambios significativos en el sistema electoral ecuatoriano. Actualmente, y teniendo como base el anterior censo del país, son 137 los miembros de la Asamblea Nacional, pero con el próximo ejercicio censitario, programado para 2023, el número probablemente ascenderá a 152 asambleístas, afirma el documento. Uno de los cambios constitucionales a plebiscitarse apunta precisamente a reducir dicha cantidad.
Por otro lado, la reducción en el número de movimientos políticos a través de la exigencia de un mínimo comprobable de militantes equivalente al “1,5% del registro electoral de su jurisdicción” es otra pregunta. En la actualidad son 272 los movimientos registrados, por lo que “un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral” ayudaría a controlar dicha situación, propone el Ejecutivo.
Finalmente, en el apartado de enmiendas para proteger el medioambiente y considerando que “la Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica”, la ciudadanía deberá elegir si apoya la incorporación de un “subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Según el Presidente Lasso, estos ocho puntos son “la solución, es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. Por eso, quiero insistir en algo fundamental, la papeleta de esta consulta no tiene ni tendrá candidatos ni nombres de políticos ni partidos”, aseguró el lunes. Ese mismo día, las ideas a plebiscitar fueron entregadas a la Corte Constitucional para su revisión y posterior validación.
Consultado por la prensa ecuatoriana, el ministro Jiménez dijo que le gustaría que la fecha de la consulta fuera antes de las elecciones provinciales y municipales, a desarrollarse en abril de 2023. Sin embargo, dicha decisión corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Me gustaría una elección limpia, sin caras ni identidades, sino en función de los grandes problemas conceptuales que tiene el país”, señaló en una línea similar a la planteada por Lasso.
