Entre sábado y domingo se llevará a cabo una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos en Chile. Además de gobernadores, alcaldes y concejales, la ciudadanía elegirá a los 155 convencionales que escribirán la nueva Constitución.

En un ejercicio similar al que podría producirse en esa discusión, la Universidad de Chile, la Universidad de Stanford, Fundación Tribu, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y el Senado llevaron a cabo el proyecto ‘Las y los 400: Chile delibera’. Esta iniciativa seleccionó a un grupo de 400 personas de todo el país para participar de un proceso deliberativo que se realizó entre el 5 y el 7 de marzo en torno a dos temáticas: los sistemas de pensiones y de salud.

Los resultados, a los que accedió La Tercera y que se presentarán este viernes a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la U. de Chile, revelan que “gran cantidad de propuestas abordadas lograron acuerdos sobre los ⅔”, reseña el escrito. Esto, según quienes elaboraron la herramienta, es una buena señal de cara al proceso constituyente, considerando que ese será el quórum con que operará la futura convención.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso? Las entidades organizadoras enviaron 25 mil cartas a domicilios de todo el país y, a partir de las respuestas, se hizo un sorteo para convocar a los 400 deliberantes. Los temas a discutir se escogieron en base a la consulta nacional de 2019 de la ACHM, la que arrojó que pensiones y salud eran prioritarios para la ciudadanía. Para modelar los resultados se utilizó una metodología científica desarrollada en Stanford.

“En sus resultados vemos que hay más coincidencias que diferencias y que esta polarización de la que tanto se habla no es tal, las personas pueden ponerse de acuerdo en temas que nos convocan a todos y todas. Es una experiencia que muestra la importancia de ser escuchados, de ser parte de la toma de decisiones y, sin duda, deberíamos replicarla para fortalecer nuestra democracia y la participación ciudadana en el proceso constituyente”, señala Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile.

En este caso, los participantes, que dieron a conocer sus opiniones antes y después de deliberar, pudiendo cambiar sus respuestas iniciales, provienen de todas las regiones del país, 50,99% son mujeres y el promedio de edad es de 40,57 años, especificado así: 32,88% tiene entre 18 y 29 años, 39,1% entre 30 y 49 años y 28,02% son mayores de 50 años.

El primer gran tema que se tocó fue la visión sobre el sistema de pensiones. En ese sentido, antes del proceso, el 57% de los deliberantes apoyaba la propuesta de reemplazar el actual sistema de pensiones por un sistema de reparto (No+AFP) en el que se eliminen las cuentas individuales y se garantice una pensión mínima igual al salario mínimo. En la comparativa posterior al intercambio de opiniones, el apoyo bajó a un 47%. Inicialmente, un 31% se mostraba en contra y un 12% permanecía neutral, los que cambiaron a 39% y 14%, respectivamente, tras la deliberación.

En específico, los participantes llegaron a acuerdos mayoritarios y en buena parte de ellos con un hipotético escenario sobre los ⅔ (67% hacia arriba) en torno a reformas profundas al funcionamiento de las AFP.

Así, por ejemplo, un 94% estuvo de acuerdo en que el pago a las empresas externas contratadas por las AFP y que invierten por ellas lo deben realizar las asociaciones desde sus utilidades y no con cargo a los trabajadores. Un 84% estuvo de acuerdo con implementar un impuesto a las AFP sobre las ganancias extraordinarias que obtengan, un 70% apoyó que las comisiones que cobren las AFP por sus servicios dependan de lo que ganen los cotizantes en sus fondos, y un 70% también apoyó que los trabajadores afiliados deberían estar representados en los directorios de las asociaciones de fondos de pensiones. Respecto de esto último, que los afiliados nombren a los directores de las empresas en las que invierte su AFP tiene apoyo mayoritario, pero no alcanzaría los ⅔, dado que un 54% está de acuerdo y un 30% en desacuerdo. El resto es neutral.

También tuvo un amplio apoyo (86%) que las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería y personal asociado deberían tener igual sistema de pensiones para la vejez que el resto de los trabajadores del país. Es decir, se espera un sistema único.

Siempre en torno al sistema de pensiones, se concluye que los chilenos sí quieren solidaridad. Esto, porque referido al destino del 6% de alza en las cotizaciones con cargo al empleador, se ve que tras las reflexiones y deliberaciones, el apoyo a destinar el total de esos recursos a la cuenta individual baja de 63% a 38%: quienes se mostraban en contra de que el trabajador se quedara con todo suben de 23% a 46%. Si bien no llega a los ⅔, la única modalidad que logra un acuerdo mayoritario en la destinación de ese dinero es la que hace referencia a que la mitad del 6% de alza se vaya a cuentas individuales y la otra mitad a un fondo colectivo, con un 53%.

Por otra parte, las preguntas referidas al IVA también marcan una pauta. El 60% se muestra en contra de aumentarlo de 19% a 21% para depositar esas ganancias en las cuentas individuales de las personas. Solo un 27% está a favor. Antes de deliberar, la foto arrojaba que un 38% estaba en contra y el 47% a favor.

En torno a la creación de una pensión base de $ 200.000 para el 80% de la población con menores ingresos, el 74% se mostró de acuerdo, 11% en desacuerdo y 15% permaneció neutral. A esto se suma el acuerdo del 89% en crear un subsidio que aumente la pensión de los adultos mayores que necesiten asistencia y cuidados de otra persona, un 87% de apoyo a crear un subsidio para quienes cuidan adultos mayores dentro del hogar y un 62% que apoya entregar a cada niño o niña nacida viva un subsidio de un millón de pesos en su cuenta individual para mejorar su pensión futura.

Sobre aumentar la edad de jubilación de a poco (un par de meses cada cierta cantidad de años sin afectar a los que tengan 50 años o más), un 58% dijo estar en desacuerdo.

La salud es el segundo gran tema de deliberación y también arrojó respuestas de amplio consenso. Como, por ejemplo, que el 94% apoya que el derecho al acceso a la salud debe estar consagrado en la Constitución.

En el mismo tema, el 80% está de acuerdo con reemplazar el actual sistema de salud por un Seguro Universal para todas las personas, dejando a las isapres como una alternativa complementaria. Hay otras dos aristas que también alcanzan los hipotéticos ⅔: un 73% está de acuerdo con seleccionar un conjunto de prestaciones que todas las personas tengan el derecho de recibir, sin importar si es de isapre o Fonasa, el cual esté financiado en parte por impuestos y en parte por cotizaciones con cargo al empleador (Plan Universal de Salud). Así también, un 73% apoya crear un plan básico con servicios mínimos a un precio fijo que tanto las isapres y Fonasa deban ofrecer.

“El mejor feedback, el mejor validador de la política pública es justamente la participación de procesos deliberativos como éste. Siempre que se tome una decisión política debiésemos tener un proceso deliberativo como éste, que vaya ayudando a formular estas políticas”, señala, en tanto, Guido Girardi, senador de la Comisión Desafío del Futuro.

En torno a la salud y los municipios, un 74% está de acuerdo con que aumentar el presupuesto comunal de salud debería priorizar la atención primaria por sobre otros ámbitos, así como el 67% apoya crear una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud. ¿Más? Un apoyo mayoritario, pero sin alcanzar los ⅔ se lleva el transferir la administración de los consultorios, Cesfam, Centros de Urgencia, Sapu y postas desde los municipios al Ministerio de Salud, con un 57% a favor y un 32% en contra.

Se cree necesario, además, considerar temas relevantes referidos a la salud mental. Por ejemplo, el 90% apoya financiar servicios y atención para problemas de esta índole, tal como se hace con los problemas de carácter físico.

En torno a los medicamentos, un 87% está de acuerdo con implementar un laboratorio farmacéutico creado por el Estado y un 84% apoya fijar el precio mínimo y máximo que debería tener un fármaco.

Las personas también deliberaron en torno a premisas valóricas. En ese sentido, un 78% declaró estar de acuerdo con “una sociedad que se haga cargo de los pobres y necesitados” y un 84% con “que todos paguen su parte justa de impuestos”.

Además, un 57% está de acuerdo con que el Estado debe hacerse cargo de las bajas pensiones a través de impuestos, con 15% en desacuerdo. En tanto, que cada persona deba financiar la pensión que recibirá en la vejez a partir de su propio esfuerzo no alcanzó acuerdos: 44% lo rechaza, 24% lo apoya y 31% es neutral.

“Este proceso, que pone a la deliberación y al entendimiento social en el centro de la democracia, trae buenas noticias para el país en su conjunto: la ciudadanía, al contar con las condiciones apropiadas de información balanceada y diálogo en diversidad, es capaz de abordar complejas propuestas de reformas y establecer acuerdos muy amplios y sensatos; muchos por sobre los dos tercios”, cierra Tomás González, director de Fundación Tribu.