En una especie de déjà vu que revive el escenario de inestabilidad que vivió Bolivia en octubre de 2019 después de la renuncia del expresidente Evo Morales entre acusaciones de un fraude electoral, los bolivianos vuelven a dividirse entre la consigna de si la crisis política fue “golpe o fraude”. Aunque esta vez una exautoridad enfrenta desde la cárcel un proceso judicial que polariza a la sociedad. La detención de la expresidenta interina, Jeanine Áñez, y de algunos de sus exministros resurgió masivas movilizaciones, que amenazan la estabilidad del gobierno de Luis Arce.

A más de cuatro meses de dejar el cargo y durante la madrugada del sábado, el comandante general de la policía boliviana, Jhonny Aguilera, encabezó el operativo para la captura de Áñez y los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía, Álvaro Guzmán, acusados de “sedición, terrorismo y conspiración” por el denominado “caso golpe”.

En medio del despliegue policial, el Ministerio Público informó que la orden de aprehensión se dio después de un proceso judicial que se inició en diciembre, y que incluye a otros tres exministros de facto, que a la fecha permanecen inubicables. Según el diario boliviano La Razón, a este grupo se suma la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, que ayer solicitó refugio en la Cancillería de Perú.

“La persecución política ha comenzado”, acusó Áñez a través de su cuenta oficial de Twitter. En el mensaje, la exsenadora de Beni, que recibió la banda presidencial por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y entró al Palacio Quemado con una Biblia el 12 de noviembre de 2019 tras la ausencia de una línea de sucesión al poder, denunció que el oficialista partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y el exjefe de Estado Evo Morales estaban detrás de una “venganza política”.

“Es significativo que una exautoridad de Estado hoy esté en la cárcel, porque esto no había pasado en la historia de Bolivia. Se suponía que la crisis política boliviana debía haberse resuelto con las elecciones generales del año pasado y luego con los comicios subnacionales del 7 de marzo, pero al parecer esto nos ha devuelto a la política de 2019, porque otra vez estamos hablando si hubo golpe o fraude, lo que nos regresa a un escenario de polarización social”, señala a La Tercera el politólogo boliviano Marcelo Arequipa.

A pesar del rechazo en bloque de la oposición boliviana, que solicitó “medidas sustitutivas”, el lunes la justicia decidió que Áñez -que dejó el cargo el 8 de noviembre de 2020- debe cumplir cuatro meses de prisión preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, debido a que enfrenta el proceso “como senadora y no como mandataria”, lo que evitó un juicio especial o político.

Horas más tarde, el Ejecutivo boliviano informó que abrirán cuatro nuevos procesos judiciales distintos al caso golpe contra Áñez, que estarán enfocados en las decisiones que tomaron durante el mandato interino, como el manejo de la pandemia, pero que no incluye las acusaciones de represión en las “masacres de Sacaba y Senkata”, que dejaron 36 fallecidos y cientos de heridos en bloqueos carreteros. Sin embargo, el masismo no cuenta con los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para impulsar un juicio de responsabilidades.

“Vamos a presentar demandas por corrupción y masacres y la imputada (Jeanine Áñez) no tiene privilegio constitucional para un juicio de responsabilidades”.

Iván Lima, ministro de Gobierno boliviano

Según el diario El País, durante los primeros 15 días, Áñez estará aislada en el centro penitenciario debido a las normativas sanitarias y luego será ubicada en una de las celdas que albergan a 200 reclusas “sin privilegios”.

“Nadie se cansa, nadie se rinde”, coreó un grupo de seguidores de Áñez, que la esperaron en su arribo a la prisión y que fueron solo la antesala de lo que ocurrió el lunes por la noche. Con marchas simultáneas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y Trinidad, y siendo las mayores movilizaciones desde la crisis política de 2019, cientos de personas salieron a las calles en pandemia para exigir la libertad de Áñez.

De acuerdo a la prensa local, los opositores acusan de “arbitrarias” las detenciones, por lo que han convocado a nuevas marchas para esta semana. Uno de los primeros en rechazar la decisión judicial fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien advirtió de una “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno” y propusieron conformar una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en el país.

Justamente, en las últimas horas los dardos del Palacio Quemado han llegado hasta Almagro. El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró hoy que están “evaluando los caminos jurídicos” para un juicio contra el representante de la OEA por un “evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA”, con el que buscan llegar hasta “las instancias que correspondan”.

Además, Brasil, Estados Unidos y Juan Guaidó en Venezuela, todos exsocios que reconocieron la presidencia de Áñez, reclamaron contra la decisión judicial. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, emitió un mensaje en el que aseguró que Estados Unidos sigue con “preocupación los acontecimientos relacionados con las detenciones recientes”.

A su vez, el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó la detención de la exmandataria interna de “irrazonable”. “Esperamos que Bolivia mantenga el Estado de derecho y la convivencia democrática en plena vigencia”, apuntó el mandatario.

Después de un silencio de tres días, el Presidente Arce reapareció ayer sin mencionar la detención de Áñez y sus exministros. El gobierno masista vuelve a ser cuestionado por la “falta de independencia de la justicia” en Bolivia, mientras las organizaciones internacionales, tales como Naciones Unidas, Unión Europea (UE) y la OEA se han cuadrado para exigir un “debido proceso”.

“El hecho de que el Presidente y el vicepresidente no hablen del tema le quita mucha tensión a la idea de señalar desde fuera que son ellos los que están trabajando para urdir este tema judicial. Más bien, ayuda que ellos se mantengan en silencio. Aunque no creo que esto repercuta en movilizaciones como las de octubre de 2019″, finaliza Arequipa.

El binomio de Arce y el excanciller David Choquehuanca cumple cuatro meses a la cabeza del país. Por un lado, la pandemia obligó al Ejecutivo a centrar sus esfuerzos en acelerar la campaña de vacunación contra el Covid-19 y en reactivar una golpeada economía tras meses de cuarentena.

A pesar de la reciente victoria presidencial del MAS, las recientes elecciones locales de gobernadores y alcaldes del fin de semana pasado han puesto en jaque al oficialismo. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, la oposición ganó ocho de las 10 alcaldías de las ciudades más grandes de Bolivia, por lo que el masismo venció en dos alcaldías y en tres de las nueve gobernaciones a nivel nacional.