La tarde de este jueves, la sala especial de la Corte Suprema que está estudiando la reclamación de los consejeros del oficialismo realizó la vista de la causa y escuchó a los abogados de cada parte que argumentaron sobre la procedencia o no del requerimiento presentado por los representantes de izquierda. El reclamo de los consejeros oficialistas pretende impugnar las enmiendas que crean tres capítulos adicionales al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta.

Por los reclamantes alegó el abogado William García, mientras que en la contraparte expuso el abogado Alan Bronfman, quien fue fichado por la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, para que la representara y alegara en contra del escrito.

Tanto García como Bronfman expusieron, en no más de 30 minutos cada uno, sus argumentos ante los ministros Andrea Muñoz -quien preside la sala-, Jorge Dahm, Mario Carroza, Arturo Prado y María Cristina Gajardo.

García fue quien dio inicio a los alegatos. En primer lugar, manifestó que la finalidad de la impugnación de los representantes de izquierda “no es otra que evitar que una parte del Consejo Constitucional, por mayoritaria que sea, avasalle al resto imponiendo sus términos”.

El abogado oficialista fue más duro en sus palabras e indicó que “la verdadera trampa procedimental se provoca por haber admitido a tramitación enmiendas de capítulos. Mientras los capítulos propuestos por el comité de expertos pudieron ser objeto de enmiendas, los capítulos que fueron propuestos por los consejeros como si fueran simples enmiendas y con infracción al procedimiento, no van a poder ser objeto de enmienda. Esta simple admisibilidad otorga un privilegio a sus autores que es irremontable”.

A su turno, Bronfman señaló que “la Constitución no explicita de ninguna manera la intangibilidad del anteproyecto de la Comisión Experta, no limita la facultad del Consejo Constitucional. La Constitución no explicita de ninguna manera los límites de la labor del Consejo y el reglamento tampoco lo establece de manera explícita”.

En un momento durante su intervención, la ministra Muñoz lo interrumpió y le recordó que los alegatos debían hacerse sin lectura. “Perdón, sí, por supuesto”, respondió Bronfman.

Luego, el académico detalló que “los artículos 71 y 72 del reglamento señalan, con armonía del 152 de la Constitución, que el Consejo Constitucional puede incorporar nuevas normas. Esta facultad no se agota con la incorporación de preceptos o disposiciones numeradas, que son las que forman parte del cuerpo del texto, puesto que esto limitaría de manera importante la discusión y la aprobación que tienen que recibir los epígrafes de las distintas secciones de un texto de esta naturaleza”.

Una vez escuchados los alegatos de cada postura, la sala especial de la Corte Suprema deberá emitir su fallo en el que se decidirá si acoge el reclamo oficialista o si lo rechaza. El máximo tribunal deberá determinar que el “vicio que se reclama” es “esencial” y, además, si es que la parte reclamante logró exponer “el perjuicio que causa”. Para el fallo, la sala tiene dos días para dictar la sentencia y se estima que podría estar lista el lunes.

El contenido de la reclamación oficialista apunta a impugnar las enmiendas que crean nuevos acápites en el anteproyecto que escribieron los expertos. Republicanos y Chile Vamos presentaron indicaciones para tener una nueva sección sobre “Defensa nacional”, para alojar ahí las normas sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Los republicanos, además, quieren tener un nuevo capítulo de “Paz, orden y seguridad interior”, mientras que Chile Vamos propuso uno similar, pero titulado “Seguridad pública”. La bancada RN-Evópoli, por su parte, presentó una enmienda para tener un acápite adicional para la Defensoría de las víctimas.