“Corresponde dar una potente señal de que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la Visa sincerando los motivos por los cuales quieren venir a Chile”. De esta manera el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, materializó hoy la expulsión de 138 extranjeros que estaban en el país de manera irregular.

Sin embargo, hubo un intento para que el vuelo que salió de Iquique no partiera con todos los extranjeros que el gobierno finalmente expulsó. Tanto el Instituto de Derechos Humanos (INDH) como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) interpusieron dos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique para frenar la salida de 77 foráneos.

En el caso del INDH, abogaron por 23 ciudadanos venezolanos, presentando sus casos ante la corte durante esta madrugada, a solo horas de concretarse la expulsión impulsada por el gobierno. El Instituto señaló que el motivo de desplazamiento de estas personas fue “buscar protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, que agudizó sus problemas gravemente”.

Los migrantes estaban pernoctando en el Colegio Centenario de Iquique, en la Región de Tarapacá, donde realizaban una cuarentena preventiva y obligatoria, debido a la crisis sanitaria. Según INDH, las órdenes de expulsión “no sólo amenazan, perturban y limitan arbitraria e ilegalmente la libertad personal de las personas amparadas, al derivar de ellas un impedimento de ingreso al territorio nacional en el evento de ejecutarse el acto de expulsión, sino que atentan, además, en contra del principio de inocencia y del justo y racional proceso, de la reunificación de la familia y otros derechos fundamentales”.

En el caso del SJM también, el recurso fue por 54 personas que eran parte del proceso de expulsión. “Pretender frenar expulsiones que se realizan en 24 horas desde que son informadas o donde han transcurrido solo cinco días desde el inicio del procedimiento es algo muy complejo. Lo que las acciones judiciales buscan es que sean los Tribunales de Justicia, tal como lo han señalado reiteradamente, los que declaren que las expulsiones así practicadas no respetan las garantías mínimas de debido proceso y se trata de expulsiones colectivas, prohibidas por el Derecho Internacional”, señaló Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la U. Alberto Hurtado.

Los recursos, sin embargo, no alcanzaron a ser vistos por la corte.

Refuerzo en la vigilancia

El “Plan Colchane” del gobierno incluye aumentar la coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), donde cada institución tendrá un rol específico: la PDI investigar, las FF.AA. apoyar la fiscalización y Carabineros controlar y vigilar los pasos habilitados e ilegales que hay en la zona.

La policía uniformada enviará refuerzos a la zona para doblar el contingente en la comuna. Durante las próximas semanas, Carabineros aumentará la dotación en más de 100 uniformados, para así aumentar los patrullajes en los distintos puntos de acceso al país por la zona norte.

Además, se enviarán dos drones a Colchane para poder tener una visión panorámica del lugar y así coordinar acciones fiscalizadoras más focalizadas, en conjunto con funcionarios del Ejército.