El gallito entre la CNE y las grandes eléctricas que podría terminar en el Ciadi

Es uno de los principales temas de debate hoy en el mundo eléctrico. Se trata de la norma técnica de gas natural regasificado (GNL), que fue puesta en consulta pública por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en enero, para que las empresas y demás interesados presentasen sus observaciones.

Estas ya fueron publicadas por parte de la autoridad, lo que permite hacerse una idea de la visión que tiene cada uno de los operadores respecto a esta discusión.

La problemática, conocida como gas inflexible, se refiere a que las generadoras que operan unidades a gas natural hoy pueden despachar su electricidad a costo mínimo y tienen prioridad, lo que desplaza del despacho a otras unidades, principalmente renovables.

Pero, según estas últimas, las grandes generadoras obtienen un beneficio de esto al bajar los costos marginales -el valor al que se transa la electricidad entre empresas- y un perjuicio para los pequeños, que no solo reciben menos dinero por su energía vendida en el mercado spot, sino que además, en algunos casos, quedan fuera del despacho.

La inflexibilidad del gas natural se explica porque, dado que existen contratos de largo plazo firmados con anterioridad, y dada la naturaleza de los mismos, las empresas generadoras estarían obligadas a recepcionar esos barcos, pagar por el gas y utilizarlo. Y como la capacidad de almacenamiento del gas es limitado, si no es utilizado para generar energía, las empresas estarían obligadas a verterlo.

En su documento, la CNE asegura que se busca reconocer que estas inflexibilidades del gas natural, si son usadas de manera correcta, “redundan en menores costos de operación de corto plazo para el sistema”. Pero además advierte que, por otro lado este manejo de las inflexibilidades debe ser hecho “en beneficio de todos los consumidores y no de acuerdo con el interés individual de quien genera con gas”.

A grandes rasgos, la CNE propone que el Coordinador Eléctrico (organismo que establece las prioridades de despacho) defina las cantidades máximas de gas de corto plazo, que sean coherentes con la seguridad y menor costo para todo el sistema. Si los generadores exceden esa cuota y deciden disponer de más gas, esos excesos no serían aceptados como inflexibles, debiendo despacharse al costo real.

Por parte de pequeños y medianos generadores, que son los más críticos a la norma sobre inflexibilidad, el caso incluso podría chocar con la legislación de libre competencia. De hecho, un grupo de ellas presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que fue rechazado pues esa sede consideró que se trataba de un reglamento y no de una norma técnica. Tras ello, las empresas decidieron presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema para que se pronuncie al respecto.

¿Qué dicen los grandes generadores? De acuerdo con las observaciones efectuadas al borrador de la CNE, en este grupo no hay mucho apoyo a la propuesta del regulador, toda vez que señalan que ellos están asumiendo un importante riesgo comercial, que finalmente deriva en seguridad para el sistema, dado el rol que cumple el gas natural en la matriz.

“Como Enel Generación manifestamos expresamente nuestro desacuerdo con la principal modificación propuesta en la revisión de la norma técnica de GNL, esto es, el tratamiento de la condición de inflexibilidad. Si bien reconocemos un avance con respecto a la gestión del GNL, al introducir la condición de flexibilidad evitable, prevemos que la aplicación integra de las modificaciones propuestas tendrán efectos perjudiciales para el sistema”, señaló en su respuesta la generadora que forma parte del grupo Enel.

“De concretarse el tratamiento para la condición de inflexibilidad en los términos propuestos, observaríamos que la NT GNL iría abiertamente contra los principios de la coordinación establecidos en el artículo 72°-1 de la Ley General de Servicios Eléctricos, esto es, garantizar la operación segura y más económica para el sistema”, agrega la compañía.

Más allá fue Engie. “La eventual vulneración de derechos y cuantiosos daños que podría generar la Propuesta, llevaría a una judicialización en distintos foros consagrados por la legislación nacional, incluyendo tribunales ordinarios, órganos administrativos y eventualmente el Tribunal Constitucional”, advirtió la compañía de capitales franceses.

Incluso más. En su condición de inversionista extranjero, hicieron ver que el caso podría incluso terminar en el Ciadi.

“Junto con ello y dado que la propuesta cambia las reglas del juego para los inversionistas que hicieron considerables inversiones de buena fe, de conformidad a la legislación nacional existente a dicha fecha, es posible que dichos inversionistas se vean en la necesidad de invocar la Convención de Washington de 1965, que trata sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados, llevando sus diferencias hasta el Ciadi”, indicó la empresa.

“Si algo ha caracterizado a Chile a lo largo de los años, es la seguridad jurídica y que las “reglas del juego” se respetan, lo cual se pone en riesgo con la Propuesta de la CNE”, concluyó la respuesta de Engie.

La propuesta tampoco gustó en Colbún, la generadora controlada por la familia Matte. Las modificaciones propuestas por la CNE alteran gravemente las bases fundamentales y el marco regulatorio que rigen a las Empresas Generadoras GNL, lo cual constituye una severa infracción al orden constitucional. Ante todo, se viola el principio de confianza legítima, pues el marco regulatorio vigente desde el 2010 ha constituido una garantía de despacho para todas las generadoras cada vez que un contrato de suministro impide dar un uso alternativo al GNL”, sostuvo la firma.