En la más reciente muestra de los conflictos al interior del gobierno peruano, el Presidente Pedro Castillo debió volver a desmentir a su primer ministro. Horas antes de la interpelación de ayer al ministro del Trabajo, Iber Maraví, ante el pleno del Congreso para aclarar sus vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, Guido Bellido advirtió que en una señal de respaldo al gabinete no descartaban utilizar el mecanismo de la cuestión de confianza, lo que amenazó con desatar una nueva crisis entre el Legislativo y el Ejecutivo, que hace solo un mes logró superar el voto de confianza para el gabinete entrante.
Ante las acusaciones en su contra, Maraví puso su cargo a disposición a fines de agosto y el primer ministro entonces aconsejó al mandatario aceptar la dimisión, lo que no ocurrió. Pero en un giro radical, Bellido afirmó antes del inicio del proceso de interpelación al ministro que “de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”.
Sin embargo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que la permanencia de Maraví en el gabinete era “insostenible”. La tensión aumentó cuando acusó a Bellido de “amenazar” con una moción de confianza si el pleno decidía censurar al ministro del Trabajo.
“No aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable. Nos reunimos con el Presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del Presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, aseguró Alva, que se reunió en la madrugada del jueves con el mandatario.
Tras el cónclave, el mandatario peruano acudió a sus redes sociales para enfatizar que tanto “la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática”.
Los congresistas debatían ayer sobre el futuro del jefe de la cartera del Trabajo y Promoción del Empleo, después de que Maraví respondió siete preguntas establecidas en un pliego interpelatorio. El caso se destapó en agosto, cuando el diario peruano El Comercio reveló documentos oficiales en los que dos exintegrantes de Sendero Luminoso ligaban al ministro con la organización subversiva.
Una de las declaraciones fue la del exsenderista Juan Alarcón, que en 1981 señaló: “Después de proceder con el incendio nos retiramos en fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ sufrió la quemadura en los pies debido a que Iber (Maraví) prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera en el interior de la oficina y que se había mojado el pie”.
En su defensa, Maraví negó ayer cualquier vínculo con grupos terroristas. “A la fecha no cuento con ningún antecedente policial ni judicial. No he sido fundador ni integrante de la junta directiva del Conare-Sutep. Respecto a que el Conare-Sutep sería el ala más radical y que tendría vínculos con organizaciones subversivas, como el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), preciso que no me consta que esos vínculos se hayan dado. Al igual que mis compañeros sindicalistas, rechazo categóricamente la estigmatización y la criminalización del legítimo derecho a la protesta. Reclamar derechos no es ser terrorista”, señaló.
Sin embargo, uno de los focos de críticas se dio debido a que Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los fundadores senderistas, que se fugó de la cárcel en 1982, es padre de María Sara Pérez Vallejo, la esposa de Maraví. “Ni mi esposa, ni yo, ni mi suegra, ni nadie de mi actual familia, somos responsables de lo que haya o no haya hecho el señor Hildebrando Pérez Huarancca, de acuerdo a la declaración internacional de los derechos humanos y a la Constitución y al Código Penal”, destacó el ministro ante el pleno.
Además, se reflotó que Maraví tiene una setencia de cuatro años de “prisión suspendida” en 2009 después de liderar movilizaciones cuando era el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), denominada el “ala radical del gremio magisterial que tendría vínculos con Movadef”. “He aclarado con documentos oficiales y sentencias firmes que no le debo nada a la justicia, no tengo ningún proceso pendiente, ni sentencias condenatorias por este ni por ningún otro caso”, respondió el ministro.
Maraví acusó que las vinculaciones de su figura con el Movadef buscan “desprestigiar” al gobierno izquierdista, especialmente después de que la excandidata presidencial Keiko Fujimori señaló en sus redes sociales que “el gobierno de Pedro Castillo anuncia la cuestión de confianza para defender a un ministro acusado de participar en atentados de Sendero. Nunca estuvo tan claro lo que está en juego: es el terrorismo contra todos los peruanos”.
“Ninguno de los siete puntos del pliego están relacionados con la función que desempeñó en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto exhorto respetuosamente al Congreso a que no exceda su facultad constitucional de control político y respete la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no me han encontrado responsabilidad por los hechos materia de la interpelación”, defendió Maraví, que adelantó que se querellará contra Keiko Fujimori.
En medio de este escenario político, las bancadas del Legislativo -menos la de Perú Libre y Juntos por el Perú- pidieron al ministro de Trabajo dimitir para evitar mayor revuelo, división y garantizar la “gobernabilidad y estabilidad” en el país, debido a que acusaron que sus respuestas fueron “insuficientes”.
“El Presidente de la República, a través del presidente del Consejo de Ministros, está sometiendo al país a un estrés innecesario. Pareciera que el único hombre en el planeta que podría ser ministro de Trabajo es el señor Iber Maraví. Defenderemos al Congreso sin caer en ninguna amenaza”, apuntó Hernando Guerra, vocero del opositor partido Fuerza Popular.
El congresista oficialista Jaime Quito defendió que si el pleno busca “prosperar la censura después de la interpelación, yo pediría al Presidente y al primer ministro que se pida la cuestión de confianza”. “No es que quieran interpelarlo (a Iber Maraví), lo que quieren ustedes es continuar con el plan del golpe de Estado. Estamos viendo un obstruccionismo irracional que no permite trabajar”, acusó el congresista de Perú Libre, Álex Flores.
El arranque del gobierno izquierdista no ha sido fácil. Desde la llegada del profesor rural al Palacio Pizarro, los escándalos han estado a la orden del día, incluyendo una investigación por presunto lavado de dinero en la cúpula del partido gobernante, un proceso judicial por apología al terrorismo contra Bellido, la renuncia a pocos días días de asumir del canciller Héctor Béjar por vinculaciones con el senderismo, hasta el interrogatorio a Maraví por una eventual participación en atentados entre 1980 y 1981.
A esto se suman los cuestionamientos al interior de Perú Libre. Según el diario La República, la bancada oficialista solicitó al canciller Óscar Maúrtua dimitir debido a las recientes declaraciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde defendió que el mandatario “no tenía previsto” reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en México, durante la sexta cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“El canciller Maúrtua ha mostrado su docilidad y falta de firmeza tergiversando la realidad y pretendiendo imponer al Presidente de la República su agenda política, haciendo notar sus fobias y exclusiones por razones ideológicas que son inaceptables”, apuntó el comunicado del partido oficialista, que también pidió la salida del vicecanciller Luis Enrique Chávez, por “contradecir al mandatario en su decisión de mantener relaciones amistosas y de cooperación con Venezuela”.
