“Todo explotó, pensé que había estallado la guerra. Mi primer pensamiento fue para mi hijo y mi esposa. Fue un milagro”. El 4 de agosto de 2020, la esposa de Jad, un libanés de 32 años, había dado a luz a su primer hijo, Nabil, según un testimonio recogido por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). Sin embargo, 15 minutos después, explotaron toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Beirut, matando a 200 personas y dejando 6.500 heridos.

En noviembre de 2013, el carguero Rhosus hizo escala en Beirut con 2.750 toneladas de nitrato de amonio a bordo. El barco quedó inmovilizado después de un proceso judicial contra su propietario, y almacenado en un depósito mal mantenido en el puerto, donde terminó por hundirse en 2018.

“La justicia determinó las responsabilidades en lo que concierne a la parte que transportó el nitrato de amonio a Beirut, y las razones por las cuales fue descargado, cómo fue almacenado, por qué no fue destruido o enviado” al extranjero, señaló a AFP el abogado Youssef Lahoud, que representa a más de 1.000 víctimas de la explosión.

Sin embargo, el “punto débil” de la investigación, según Lahoud, es que aún no se ha determinado la causa de la explosión. El abogado no descarta la hipótesis de un “sabotaje” o un “ataque”.

El juez Tarek Bitar quiere llevar a cabo una reconstrucción de los hechos en el lugar de la explosión, para determinar las razones del incendio, y solicitó la cooperación de países como Francia, Estados Unidos e Italia para obtener imágenes satelitales del puerto del 4 de agosto de 2020.

Aunque las autoridades han rechazado de manera categórica cualquier investigación internacional, Francia lanzó su propia causa judicial, ya que varios de sus ciudadanos figuraban entre las víctimas.

También se baraja la opción de que se haya sacado una cantidad importante de nitrato de amonio en los últimos años, ya que según los expertos, considerando el tamaño de la explosión, la cantidad de este compuesto químico que se habría necesitado sería algunos cientos de toneladas, y no 2.750.

“La explosión nos sacudió”, dijo a ACN la hermana Rita Khoury, de las Hijas de la Caridad. Las religiosas dirigen un dispensario para madres e hijos desde 1959 en la ciudad costera de Achrafieh, en el suburbio pobre de Karm el Zeitoun.

Unos días antes de la tragedia, el 20 de julio de 2020, el Presidente Michel Aoun y el primer ministro Hassan Diab habían recibido una advertencia por parte de los servicios de inteligencia libaneses. En un informe preparado varios meses antes de la explosión al que tuvo acceso AFP, la Agencia Nacional de Seguridad advertía que el depósito contenía “materiales peligrosos” y que existía el riesgo de que un “enorme incendio” destruyera “por completo el puerto”.

Actualmente, Diab está inculpado y 18 personas están detenidas en el marco de esta causa, entre ellas el director de Aduanas, Badri Daher, y el director del puerto, Hassan Koraytem. El juez Bitar también quiere inculpar a funcionarios de inteligencia.

“Gracias a Dios que la explosión ocurrió a las 6:00 p.m. Si hubiera sucedido 3 horas antes, ¡nuestros pacientes, yo y mi personal ya estaríamos muertos! Dimos la bienvenida a 250 pacientes por la mañana con un equipo de 50 miembros del personal. No puedo imaginar cuál habría sido la situación entonces. El centro está muy dañado. Mi oficina está completamente destruida, perdimos 25 ventanas, 15 puertas, falso techo, varios portátiles, una fotocopiadora”, dijo a ACN Serop Ohanian, director del centro médico-social karagheusiano.

Según señaló una fuente judicial a AFP, las acusaciones están dirigidas a los responsables “de los cuales se ha comprobado, a través de documentos y testigos, que estaban al tanto de la presencia de nitrato de amonio y de sus peligros”.

“A lo largo de los 15 años de guerra civil, nunca habíamos presenciado tal destrucción de un vistazo. Ninguna casa, ninguna tienda, ninguna institución se salvó de los daños”, dijo la hermana Marie Justine el Osta de la congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia, del área de Nabaa, un distrito pobre del este de Beirut.

“Cientos de viviendas en las cercanías del centro han sufrido daños. Son los hogares de nuestros pacientes y personas pobres que vienen en busca de apoyo médico, comida y ropa. No pueden reparar lo que se haya roto del vidrio, especialmente con la actual crisis económica y financiera en el país. Gracias a Dios que el tiempo es bueno ahora, pero dentro de unos meses comenzará a llover y entonces será una catástrofe. Estas personas necesitan apoyo urgente, ya que no pueden hacer las reparaciones por sí mismas y, sobre todo, se encuentran sin trabajo, dinero y comida”, señaló la hermana Marie Justine a la fundación.

Ayuda a la Iglesia que Sufre apoyó a la población libanesa con unos 2.738.000 de euros en 2020 para ayudar en la reconstrucción de edificios religiosos destruidos por la explosión, y dedicó 2.250.999 euros a ayuda de emergencia, donando en total casi 5.439.000 euros.

El miércoles, declarado por el Consejo de Ministros día de luto nacional con suspensión del trabajo en las administraciones e instituciones públicas, la población se reunirá en el puerto de Beirut para una ceremonia.

Abrumados por la corrupción, la profunda crisis que atraviesa el país desde octubre de 2019, las deficientes infraestructuras públicas y los hospitales al borde del colapso a causa de la pandemia, los libaneses no ven la luz al final del túnel.

Muchos médicos y enfermeras se han ido a trabajar al extranjero, y muchos profesores tienen la intención de emigrar. A finales de 2020, se enviaron más de 380.000 solicitudes de emigración a las embajadas de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Según ACN, más del 50% de los libaneses vive debajo del umbral de la pobreza.