Hasta septiembre de 1973, el nombramiento de embajadores de parte del Presidente de la República debía ser aprobado por el Senado.

Sin embargo, desde la Constitución de 1980, la designación de agentes diplomáticos quedó exclusivamente en manos del gobernante, sin la intervención del Poder Legislativo.

Una reforma constitucional, que busca un nuevo margen de acción para el Congreso, ingresará la bancada de diputados UDI para que los embajadores puedan ser acusados constitucionalmente por las mismas causas que se aplican a un ministro de Estado, es decir, “por comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.

Hoy la Carta Fundamental solo permite iniciar juicios constitucionales contra el Presidente, ministros (incluyendo al canciller), generales, el contralor, altos magistrados, delegados presidenciales y gobernadores, pero no contempla la misma acción en contra de diplomáticos.

La arremetida gremialista es el primer paso para tratar de forzar la salida del embajador ante España, Javier Ignacio Velasco (abogado, militante de Convergencia Social y amigo del Presidente Gabriel Boric), quien ya acumula al menos tres polémicas que han irritado a sectores oficialistas y de oposición. Una de ellas por haber señalado que las políticas de los gobiernos democráticos “profundizaron la desigualdad” en los últimos 30 años. Esa frase generó molestia en el PS y PPD y motivó una respuesta del expresidente Ricardo Lagos, ya que los datos muestran que la desigualdad disminuyó respecto de la dictadura.

Los otros dos episodios corresponden a fotografías subidas a redes sociales en la que muestra un banquete con langostas y otra en la que aparece a bordo de un automóvil, presuntamente diplomático, con las piernas de su pareja apoyadas en su regazo.

Estas dos últimas escenas motivaron a que La Moneda llamara “al orden y a la prudencia” a Velasco. En todo caso, el mismo Boric salió a defender al embajador respecto de sus dichos en contra de los 30 años.

Según el proyecto que ingresará la UDI, en un sistema democrático ”necesariamente deben existir mecanismos tendientes a evitar los abusos de poder y la negligencia de aquellos que se desempeñan en la Administración del Estado... Los embajadores, en este sentido, cumplen un rol esencial”, dice esta reforma en su fundamentación.

A juicio del diputado UDI Cristián Labbé, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y uno de los patrocinantes, “es evidente que los gobiernos pueden designar a sus embajadores, pero lo menos que se les puede exigir es que estos tengan las capacidades mínimas”.

“El caso del embajador del Frente Amplio en España es precisamente lo que un gobierno no puede hacer y, por ello, se hace necesario modificar la legislación para que el Congreso remueva a un embajador que pone en ridículo a toda una tradición diplomática por un gustito personal del Presidente”, añade Labbé.

Si bien en la tradición constitucional chilena, las acusaciones contra embajadores no figuraban en la Carta de 1833 ni en la de 1925, el Congreso sí intervenía en su designación.

En la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, que presidió el exministro Enrique Ortúzar y que redactó el texto de 1980, el tema fue parte de las deliberaciones. Incluso, el exsenador DC Juan de Dios Carmona propuso que todas las autoridades que requerían del acuerdo del Congreso (entre ellas los embajadores, al menos hasta 1973) pudieran ser acusados.

Sin embargo, la idea no prosperó y los agentes diplomáticos no solo quedaron eximidos de posibles libelos, también quedaron liberados de la opinión del Senado en su nominación.

En otros países, las acusaciones o impeachments pueden ser dirigidas en contra de varios servidores públicos. De hecho, la Constitución norteamericana señala que “el Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles (all civil officers) de los Estados Unidos” están sujetos a un juicio ante el Congreso.

La diputada y vicepresidenta de RN, Catalina del Real, quien integra la Comisión de RR.EE., dice que aún no conoce el texto que promueve la UDI, pero cree que “sería una buena idea, ya que hoy no existe ninguna herramienta para sancionar a alguien que está dejando mal el nombre de Chile en el exterior”.

El diputado y vicepresidente del PS, Leonardo Soto, quien es parte de la Comisión de Constitución, cree que es lamentable el giro hacia una oposición más dura que está mostrando la UDI al presentar esta reforma. “Esta iniciativa más bien busca perseguir y derribar a embajadores vinculados por amistad con el Presidente Boric para darle un golpe institucional y debilitar su gestión”, añade.

Otros dirigentes socialistas, sin embargo, mantienen su crítica en contra de Velasco y han deslizado que al menos se reflote una antigua reforma constitucional que repone el consentimiento que debe dar el Senado para nombrar a embajadores.