Al Tribunal Constitucional (TC) se le viene marzo encima.

Durante ese mes, el futuro presidente Gabriel Boric deberá designar dos nuevos integrantes del organismo, que son de su facultad exclusiva, lo que provocará un nuevo equilibrio de sensibilidades políticas. Simultáneamente, el Congreso deberá acordar -por 2/3 de sus diputados y senadores- el nombramiento de otros dos ministros del tribunal.

Según advierten diversos juristas consultados por La Tercera, el TC quedará con una mayoría de seis magistrados afines a la izquierda-centroizquierda y otros cuatro más cercanos al sector de derecha-centroderecha. Esa nueva mayoría de 6-4 se mantendría aun cuando la Cámara y el Senado no logren ponerse de acuerdo en sus nombres, pues entrarían a participar dos ministros suplentes recientemente designados.

Sin embargo, paralelamente a esas designaciones, el TC enfrentará una deliberación incluso más compleja para su existencia en la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional. Tentativamente, esta comisión comenzará a discutir a partir del 3 de marzo las propuestas para cambiar su institucionalidad.

Hasta fines del año pasado, los convencionales de Vamos por Chile (RN, Evópoli, UDI, Republicanos e independientes afines) eran los únicos que defendían al TC, aunque abriéndose a reformas y haciéndose cargo de las críticas en contra de la entidad, diseñada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y puesta en marcha en la administración de Salvador Allende, en 1970.

La reforma al Tribunal Constitucional, en todo caso, era solo una de las tres alternativas sobre la mesa. Otra idea (propuesta por el Frente Amplio, el PC y los movimientos sociales) era darle a la Corte Suprema las atribuciones del TC, creando una sala especializada, tal como existe en temas laborales o penales. La tercera fórmula, en tanto, era apostar por una nueva institución.

Por esta última vía se inclinó finalmente la derecha, en vista de que, además, la nueva mayoría pro centroizquierda-izquierda que tendrá el TC ya no es un incentivo para inmolarse en su defensa.

De hecho, para la discusión que se avecina, los convencionales de RN y Evópoli presentaron una iniciativa para crear una “Corte Constitucional” en reemplazo del TC.

Si bien la UDI ya no está actuando coordinadamente con sus socios de pacto (Vamos por Chile), la bancada de convencionales gremialistas ingresó una iniciativa similar que pone fin al mencionado tribunal e instala una entidad nueva, igualmente denominada “Corte Constitucional”.

Este giro estratégico supone un movimiento brusco para el TC, que junto al Senado son las instituciones que corren más riesgo de ser borradas de la futura Constitución, al no haber 2/3 de constituyentes dispuestos a apoyar su incorporación en el texto que se someterá a plebiscito.

En RN explican que la propuesta, que se articuló con Evópoli, parte del diagnóstico de que el TC está en decadencia y deslegitimado tras una crisis de convivencia interna, por disputas personales entre el grupo de la expresidenta del tribunal, María Luisa Brahm (exjefa de asesores de La Moneda, nombrada por el Presidente Sebastián Piñera), y magistrados críticos de su gestión. Esa rivalidad interna, incluso, golpeó al actual Ejecutivo, cuando por una mayoría de 7-3, en abril del año pasado, el TC rechazó acoger a trámite el requerimiento de Piñera en contra del tercer retiro de ahorros previsionales. A juicio de algunos exintegrantes del tribunal, la molestia con Brahm y la falta de comunicación interna -que ayuda a construir convicciones jurídicas y votos de mayoría- fueron gravitantes en ese resultado.

Las propuestas de RN-Evópoli y de la UDI coinciden en proponer que la nueva “Corte Constitucional” sea integrada por 11 jueces, en vez de los 10 actuales ministros del TC.

Si bien ambas iniciativas tienen matices, concuerdan en términos generales en que sean tres magistrados designados por el Presidente de la República, cuatro por el Congreso y cuatro por la Corte Suprema. Todos los nominados deben tener experiencia y reconocimiento como juristas. Incluso, la UDI plantea que no hayan militado en los últimos 10 años.

El número de 11 integrantes es clave, ya que no hay empate y no operaría el mecanismo del voto dirimente, hoy en manos del presidente del TC, que es elegido dentro de los 10 actuales ministros. Ese voto dirimente en los últimos gobiernos habría acentuado la politización del tribunal, ya que, por lo general, el presidente del TC era elegido por afinidades o negociaciones de índole más político que jurídico.

“Nuestra propuesta (RN, Evópoli e Independientes) parte desde un diagnóstico crítico al actual Tribunal Constitucional, pero se aleja de otras propuestas refundacionales. En lo medular, creemos necesario mantener un tribunal especializado e independiente del Poder Judicial, que se llame “Corte Constitucional”, con una nueva integración y mecanismo de nombramientos, que conozca de los conflictos entre órganos del Estado y de la constitucionalidad de las leyes. Toda democracia necesita un árbitro entre los distintos poderes del Estado”, explica el convencional RN Ruggero Cozzi.

“Nuestra propuesta aspira a reforzar la legitimidad democrática del órgano y asegurar jueces calificados para esta fundamental función”, agrega Patricia Labra, también constituyente RN.

Otro de los cambios sustanciales de la propuesta de RN-Evópoli es que le quitaría a la nueva corte el control preventivo automático de las leyes que hoy tiene el TC. “Con ello se evita toda injerencia del órgano en el proceso democrático de creación de la ley”, dice la iniciativa. El nuevo organismo solo actuaría en casos de tratados internacionales, a requerimiento de otros poderes o en casos de reclamaciones realizadas por parlamentarios o el presidente frente a eventuales vicios en la tramitación legislativa.

La constituyente gremialista Carol Bown explica que para ella lo fundamental es defender el principio del control constitucional, independiente de la institución. “No hay democracia sin control de constitucionalidad. Sin eso, habría un legislador sin límites. Por eso, nosotros creemos en un sistema radicado en un órgano constitucional y creemos en el control preventivo”.

En la propuesta de la UDI, la facultad del control preventivo de la ley se limita. La nueva corte también actuaría en la mayoría de los casos a partir de un requerimiento y solo podría intervenir de oficio con el acuerdo de ocho de sus 11 magistrados, salvo en la revisión obligada de tratados internacionales, eliminándose el carácter obligatorio para normas que interpreten la Constitución.