El próximo lunes 31 de mayo está fijada la audiencia de comparecencia judicial en la antesala del juicio oral por la querella que presentó el empresario Gonzalo Vial Concha en representación de Inversiones Graneles del Sur por el presunto delito de estafa en contra de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero, además de Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet. A raíz del caso, el empresario, que adquirió una serie de informes que habrían sido plagiados por Caval, denunció sufrir un perjuicio económico de $ 1.335 millones.

La audiencia viene a ser clave para definir la factibilidad de realizar el juicio de manera presencial. Esto en un contexto complejo a raíz de la pandemia, en el que los juicios están siendo reprogramados y el mayor problema surge por las reglas de aforo, ya que tanto Rancagua como Santiago se encuentran en Fase 2. Por lo mismo, según conocedores del caso, es muy probable que sea nuevamente postergado, pues considera 140 testigos.

Sin embargo, el 15 de octubre de 2020 -a través de una videoconferencia por Zoom-, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, encabezado por los magistrados Raúl Díaz, Esperanza Franichevic y Gloria Calvo, agendó la audiencia de juicio oral para el próximo 21 de junio. Originalmente, el juicio debió haber comenzado en abril, pero debido a las condiciones sanitarias se ha ido postergando.

En el marco de este proceso, el Centro de Reinserción Social de Santiago Oriente informó al Tribunal de Rancagua el 12 de febrero de 2021 el cumplimiento de las penas remitidas por las cuales fueron condenados Juan Díaz y Jorge Silva. El primero fue condenado por el delito de facilitar facturas falsas a tres años y el segundo, por el delito de cohecho por 818 días.

El conflicto entre Gonzalo Vial Concha -hijo del fundador de Agrosuper, el mayor productor de proteína del país- y Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos comenzó cuando el empresario presentó una querella el 3 de junio de 2016 en contra de todas las personas que resulten responsables de la comisión del delito de estafa, en perjuicio de Inversiones Graneles del Sur S.A.

En la querella, patrocinada por los abogados Luis Hermosilla y Ricardo López, Gonzalo Vial Concha explicó que en enero de 2013 fue contactado a través de Verónica Vanni Zunino por Natalia Compagnon, quien le manifestó tener una empresa para prestarle asesoría en la gestión de proyectos inmobiliarios. El empresario cuenta con terrenos en la Región de O’Higgins, en el sector de Tejas Verdes y Collaipo.

Después de ese primer contacto tuvieron lugar una serie de reuniones en sus oficinas, en las que se fue ampliando el espectro de materias en las que Natalia Compagnon ofrecía prestar asesoría a su empresas, a través de Caval Ltda., empresa que -según le fue presentada- estaba integrada por “un equipo multidisciplinario de profesionales de primer nivel, con alto reconocimiento y especialización en cada uno de los nichos de negocios. En efecto, la empresa ofreció también una “amplia red de contactos orientada a la generación de negocios tanto en el ámbito público como el privado”.

Luego de los primeros encuentros, las reuniones se llevaron a cabo en la Torre Santa María, piso 9, con la asistencia de Compagnon y su socio Mauricio Valero. Sin embargo, según Gonzalo Vial Concha, este último le ofreció servicios y gestiones de “dudosa legitimidad ante diversos servicios públicos, como el Servicio de Impuestos Internos”. A raíz de esto, él le pidió continuar la relación comercial sólo con Compagnon. Pasó el tiempo y la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet le comentó a Vial Concha que podría asesorar en emprendimientos en minería. Le propuso una asesoría más amplia en diversos estudios técnicos y comerciales en la Región de Atacama.

El 1 de febrero de 2012, Caval Ltda. e Inversiones Graneles del Sur firman un primer acuerdo de representación por un monto de $162 millones, relacionados al desarrollo minero y portuario. En el contrato, la empresa de asesoría se comprometía a la presentación de pertenencias mineras, incluyendo la consultoría en la búsqueda, análisis y propuesta de oportunidades en el sector minero. Además del desarrollo de nuevos negocios, identificando nuevas tendencias tecnológicas en negocios del rubro minero, como nanocobre.

Según la querella, el contrato establecía “en forma expresa” que los servicios encomendados no incluían la contratación de especialidades, tales como geólogos de levantamiento e investigación, profesionales del área legal, ni servicios de prospección y sondaje. El mismo documento detalló que Caval Ltda. se constituyó por escritura pública el 3 de febrero de 2012. Es decir, “sólo lo hizo para dar una apariencia de verosimilitud y seriedad a las asesorías que me ofrecían en distintos ámbitos”, dijo Gonzalo Vial Concha en la acción penal.

En total, por medio de este contrato, Caval realizó un total de ocho informes relacionados con temas mineros sobre materias técnicas no incluidas en el acuerdo por los cuales fueron facturados a Inversiones Graneles Ltda por un total de $1.000.000.000. En paralelo -según la querella-, Caval ofreció sus asesorías también en temas de seguridad y detección de fraudes a través de expertos de su empresa y externos, con lo que comenzó a entregarle información que daba cuenta de maquinaciones de ejecutivos que supuestamente buscaban defraudar sus empresas. En la misma acción penal, Gonzalo Vial Concha reconoció haber estado dispuesto a pagar cifras importantes por la información. En efecto, posteriormente contrató los servicios de Victorino Arrepol y le pagó $ 5 millones por “espionaje informático”.

Sin embargo, según Vial Concha, dicha información era falsa, inventada, de manera que le hacían pensar que los ejecutivos de su empresa lo estaban defraudando. En definitiva, el empresario sostuvo que por medio de un ardid se obtuvo información de los servidores de Inversiones Grandes Ltda. que posteriormente fue alterada para señalar que sus trabajadores estaban defraudando a la empresa y así pagar altas sumas de dinero por informes y asesorías confeccionadas por Caval.

“Acepté pagar sumas de dinero considerables por los informes y estudios que Caval vendía a Inversiones Graneles. Por último, estos pagos fueron realizados como consecuencia del error a que me movieron las informaciones falsas que me entregaba Caval y constituyen la causa directa del perjuicio económico sufrido por Inversiones Graneles Ltda.”, sostuvo Gonzalo Vial Concha.

Mientras, en el proceso, la defensa de Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Sebastián Dávalos busca que el juicio se realice lo antes posible, destacando que efectivamente desarrollaron los informes solicitados. Por otro lado, insistirán en conseguir una sentencia absolutoria, considerando que el empresario anteriormente habría reconocido que los estudios son lícitos y apuntaron al sector minero.

Según trascendió, el objetivo de sus asesores legales apunta a derrumbar el planteamiento de víctima con que se ha mostrado en el proceso judicial Gonzalo Vial Concha. Esto, debido a que el propio empresario también estuvo en calidad de imputado en la investigación del Ministerio Público.

Las mismas fuentes consultadas señalaron que tanto Dávalos como Compagnon buscan que el juicio oral se lleve a cabo prontamente, rechazando una nueva postergación. Ello, atendido el tiempo que ha pasado y el desgaste público que ha significado el litigio.

Carlos Fierro, abogado de Dávalos, y Antonio Garafulic, abogado de Compagnon, declinaron efectuar comentarios sobre este artículo. En la misma línea, por la parte querellante el representante de Gonzalo Vial Concha, Ricardo López, no respondió a las consultas planteadas.