En el término de la Asamblea General de la Interpol en Turquía, ayer, se eligió al policía Ahmed Nasser Al Raisi, originario de los Emiratos Árabes Unidos, como presidente de la institución. El emiratí sucederá al coreano Kim Jong Yang, ocupando el cargo de carácter honorífico, porque quien se encarga de las tareas diarias en la institución es el secretario general Jürgen Stock.
Luego de su elección, Al Raisi declaró en un tuit que trabajaría por “construir una organización más transparente, diversa y decisiva, que garantice la seguridad de todos”. En la votación, el emiratí venció a la checa Sárha Havránkova, que basó su campaña en la importancia “del espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
El asesor presidencial de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, declaró en la misma red social que la asignación del cargo a Al Raisi representaba “un testimonio de los logros y la eficiencia” de los Emiratos, además de un reconocimiento del honorable historial personal del general de policías. A su vez, Gargash rechazó lo que llamó una “campaña de distorsión”, en referencia a la serie de acusaciones y denuncias de torturas que han apuntado a Al Raisi.
Ahmed Nasser Al Raisi entró a la policía de los Emiratos Árabes Unidos en 1980, y desde entonces fue subiendo escalones hasta llegar a ser director general de Operaciones Centrales en 2005. En el año 2015 fue nombrado inspector general del Ministerio de Interior en Abu Dabi.
Distintas organizaciones lo han apuntado como el responsable de distintas violaciones a los derechos humanos, habiendo jugado un rol central en el arresto del británico Matthew Hedges y del poeta y periodista Ahmed Mansur.
Según un reporte de Human Rights Watch, Mansur ha sido encerrado en una ”diminuta celda solitaria”, y se le han negado derechos como prisionero, que están estipulados en el derecho internacional. En tanto, el académico inglés Matthew Hedges acusó haber sido puesto en confinamiento solitario, y obligado a firmar confesiones bajo torturas, en un viaje que hizo a los Emiratos Árabes Unidos. Ahí se le arrestó por considerárselo sospechoso de espionaje para la inteligencia británica, MI6, siendo liberado medio año después, después de haber sido condenado de por vida.
La asignación de presidente ocurre en un contexto de polémica, y hay quienes sospechan del régimen de los Emiratos Árabes Unidos, luego de que el país petrolero estuviese donando más de 54 millones de dólares a la institución internacional en 2017, y otros 10 millones en 2019. Estos montos se muestran particularmente abultados si se les compara con la suma de todo lo que se espera aporten los 195 países miembros de Interpol: un total de 68 millones de dólares.
También ha habido acusaciones de que los Emiratos ha abusado del sistema de “red notices” (alarmas rojas), que se usa para declarar la búsqueda de criminales internacionales, para perseguir disidentes políticos. Un reporte llamado “Undue influence: The UAE and Interpol” (Influencia indebida: los Emiratos Árabes Unidos e Interpol) indicó que el país petrolero no solo ha abusado de las alarmas rojas, sino también no ha guardado respeto por los derechos humanos.
“Este reporte ha encontrado grave evidencia de que los Emiratos Árabes han utilizado las alertas rojas para ofensas menores, y lo que es peor, las han usado para ganancia política contra aquellos que percibe como una amenaza contra el régimen”, indicó el informe.
Tanto en Francia como en Turquía se presentaron quejas de tortura contra el genera emiratí. El Centro del Golfo por los Derechos Humanos interpuso una denuncia formal, alegando torturas contra Ahmed Mansur.
Muchas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, seguían con atención la decisión de la Asamblea General. El director ejecutivo de la organización, Khalid Ibrahim, declaró: “La selección del general Al Raisi como presidente de la Interpol podría indicar que a los países miembros no les importa para nada el récord de los Emiratos Árabes Unidos a la hora de perseguir sus críticos pacíficos”, agregando que su candidatura es otro intento por blanquear el deplorable historial de derechos humanos del país.
