En el marco del día internacional de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y el lanzamiento de la campaña a #SíEsMiProblema, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, anunciarán este viernes 25 de noviembre la incorporación al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES) la Atención Integral de Salud en caso de agresiones sexuales.

Según se detalla en el Decreto Número 72, se considera agresión sexual aguda a aquel episodio reciente (72 horas o menos de concurrencia) en el que la persona tiene contacto directo con genitales de la persona agresora con o sin intercambio de fluidos, pudiendo presentar daños físicos y/o psicológicos y que requiere atención.

En este sentido, el documento sostiene que una intervención oportuna “reduce la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, concebir un embarazo, y busca proteger de forma significativa la salud mental de la persona afectada”.

Así, dentro de este problema de salud quedarían incluidas todas las personas afectadas por violencia sexual aguda, las que al hacer la consulta en un plazo de 72 horas o menos de ocurrencia tendrán acceso a la primera respuesta en un servicio de emergencia hospitalaria.

Ahora, en torno al diagnóstico y tratamiento, la persona afectada recibirá la primera respuesta inmediatamente desde la solicitud de atención en una unidad de emergencia hospitalaria, mientras que el seguimiento de esta se realizará dentro de los primeros 35 días desde la primera respuesta.

En cuanto a los precios, para los beneficiarios de Fonasa la atención no tendrá costo debido al Copago Cero, que permite la gratuidad en todas las atenciones en el sistema público de salud.

En tanto, los afiliados a las isapres deben cancelar un copago del 20% de la prestación que se efectúe, no debiendo cancelar más del copago definido en el Decreto Nº 72, por grupo de prestaciones. Es decir, el arancel de la primera respuesta podría llegar a tener un costo de $ 344.010, pero el beneficiario solo debe pagar el 20%, lo que configura $ 68.800.

Por otro lado, las consultas de seguimiento tendrán un precio máximo $ 63.690, es decir, el afiliado debe pagar hasta $ 12.740.

En la página de la Red de Protección Social, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que busca difundir y acercar los beneficios del Estado a las personas usando metodologías y nuevas tecnologías, se sostiene que “una intervención oportuna reduce la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, concebir un embarazo y busca proteger de forma significativa la salud mental de la persona afectada”.