En el programa de gobierno que presentó el 8 de diciembre del 2021 el entonces candidato Gabriel Borc, la seguridad aparecía como la prioridad número 27 de los 53 “cambios concretos para un nuevo Chile”. En el apartado que explicaba la medida se señalaba: “Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en las persecución del delito y asegurándonos que respecten los DD.HH. y se subordinen al poder civil”.

Casi un año después de esta declaración de intenciones, la seguridad está lejos de ser la prioridad número 27 y la refundación policial ya no corre.

El panorama para el gobierno cambió a los pocos días de asumir. En marzo se registraron 867 robos violentos de autos; en abril, 924, y en mayo 1.048. En el Ejecutivo ya no consideraban necesario refundar Carabineros, sino que un trabajo en conjunto para revertir al situación.

Los robos de autos, especialmente las denominadas “encerronas” marcaron la preocupación de las autoridades. Por lo mismo, el gobierno lanzó un plan para revertir las cifras e impulsar “fuerzas de tarea” con las policías.

El comandante Fernando García, jefe del Departamento de Análisis Criminal (DAC), explica que “la preocupación institucional se basa en el incremento de la violencia con que se cometen estos delitos, llevando con ello a implementar el Plan Antiencerronas (Plan ANEN) y el Plan Centauro, como apoyo a la función preventiva. Ambos, lanzados en los meses de mayo y junio, respectivamente”.

Ambos planes lograron reducir los delitos, aunque de igual forma arrojan cifras preocupantes: 760 en septiembre, 858 en noviembre y 787 en diciembre. Fuentes policiales señalan que estos delitos “van y vienen”, pero que la preocupación principal está radicada en que cada día son más violentas las técnicas para hacerse de un auto o entrar a una casa.

Según los resultados de la última encuesta Cadem, el temor a la delincuencia llegó a su nivel más alto desde 2014, pues un 80% de los entrevistado dijo tener miedo a ser víctima de un delito. Entre los ilícitos que evocan una mayor preocupación entre las personas están las “encerronas” o “portonazos”, los robos en las viviendas y los homicidios.

El temor a los homicidios, además, está acompañado de cifras. El promedio de estos crímenes -según las cifras levantadas en la Política Nacional Contra el Crimen Organizado- es de 74 casos al mes y la tasa de estos delitos ha aumentado en un 40% en cinco años. En el gobierno apuntan a dotar de mayores elementos tecnologías a las policías para reducir estos ilícitos.

El retorno de los escolares

La segunda semana de marzo del 2022 estuvo marcada por el retorno a clases, pero, junto con ello, llegaron los eventos violentos en los denominados liceos emblemáticos.

Una de las preocupaciones en materia de seguridad para el gobierno fueron los desórdenes en los establecimientos educacionales, marcados por el retorno de los denominados “overoles blancos”, quienes protagonizaron desmanes en el Instituto Nacional, en el Internado Barros Arana y el Liceo de Aplicación, entre otros.

Según cifras de Carabineros, este año se registraron 146 eventos violentos en los liceos emblemáticos, se quemaron 25 buses del transportes público y se registraron 52 evasiones masivas en el Metro.

El comandante García señala que “Carabineros seguirá controlando, fiscalizando y deteniendo, porque es un compromiso inclaudicable el garantizar la paz y tranquilidad a todos los habitantes de nuestro país. Para ello, hemos desarrollado un trabajo de forma conjunta con el Ministerio del Interior, a través de las subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito”.

El que la seguridad se haya transformado una prioridad en el gobierno genera distintas reacciones. El exsubecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señala que “el aumento que muestran los delitos violentos y particularmente los homicidios hizo necesario que el gobierno focalizará su preocupación en la seguridad para evitar la crítica que se origina en su visión poco realista y de escasa concreción”.

Además, agrega que la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, “han dado énfasis a la seguridad en el último tiempo, sin embargo, aún no se ven medidas concretas que permitan prever un cambio en la tendencia al alza y, por el contrario, aún están en duda los acuerdos políticos para tener una agenda concreta en seguridad”.

Delitos más violentos y un acuerdo en suspenso

Por su parte, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, “el año 2022 la ciudadanía alcanzó los niveles de temor más altos de toda la medición histórica que nosotros hemos hecho de más de 20 años y no por poco. Es un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto al año anterior, entonces hubo un aumento muy importante”.

Johnson agrega que “los homicidios están mutando de delitos que tenían que ver con iras de un momento, con muchas veces violencia de género, riñas en un bar, con presencia de alcohol, normalmente con armas blancas o objetos contundentes, hoy día migró a homicidios con armas de fuego, con premeditación y que tiene que ver más bien con ajustes de cuenta, con otros delitos que aumentan en violencia y que se transforman en homicidios, estamos viendo sicariatos”.

El que la seguridad se haya trasformado en una preocupación latente en La Moneda motivó no solo nuevas iniciativas y planes de gobierno, sino que una agenda que buscaba cerrar el año con la firma en un acuerdo transversal en la materia.

Para eso, la ministra Tohá trabajó desde el 22 de noviembre en un acuerdo con las bancadas de todos los partidos y llegar a puntos de consenso en materia legislativa y medidas de corto plazo. Sin embargo, ese cierre de año no pudo ser.

No solo se logró un acuerdo en las medidas relativas a la Ley Naín, la Macrozona Norte y la Ley Antiterrorista, sino que a última hora apareció una piedra no menor en el camino: los indultos presidenciales a los presos del estallido social, lo que hizo que la oposición condonara su participación en esta mesa de trabajo.

Con este panorama el gobierno deberá resolver cómo salvar una de las medidas que buscaba cerrar un 2022 marcado por la seguridad y así comenzar un 2023 con un entendimiento que logre hacerse cargo de la principal preocupación de la ciudadanía.