“Si esta reunión se convierte en una política y no técnica llegamos hasta acá”. En esos términos interrumpió la noche del martes el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, al asesor de la Dirección de Presupuestos, Claudio Osorio.

La advertencia del convencional, según quienes conocieron de la conversación, respondía la intervención del asesor de esa división, quien habría dejado entrever -a su juicio- consideraciones políticas y no económicas en la negativa de esa cartera a la solicitud que el 20 de agosto pasado hizo la constituyente para suplementar los recursos que tiene disponibles, específicamente aquellos destinados a cubrir las asignaciones que su pleno fijó en 77 UTM (poco más de $ 4 millones) a inicios de agosto.

El órgano constituyente había requerido un incremento del orden de 1.700 millones de pesos, el que no fue acogido por la Dipres, bajo el argumento de “estrechez fiscal”. En las conversaciones, el Ejecutivo justificó su determinación en “la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia Covid-19″ y en línea con “la política de austeridad fiscal que ha obligado a servicios a financiar estrictamente su operación y a evitar todo tipo de gastos no obligados”.

Como en la reunión del martes no hubo avances, ambas partes quedaron de reunirse nuevamente la mañana de este miércoles. Pero esa reunión también terminó mal y solo hizo escalar la tensión entre la Convención Constitucional y el gobierno.

A esa segunda cita asistió el director de administración, finanzas y transparencia de la Convención Constitucional, José Cortés; el director de la Secretaría Ejecutiva Administrativa de la Segpres, Matías Cox, y Osorio en representación de la Dipres.

Según distintas fuentes consultadas por La Tercera, el emisario de Hacienda habría reiterado que la negativa a desembolsar los recursos no solo respondía a consideraciones financieras, sino que también a consideraciones políticas.

Las mismas fuentes señalaron que el mensaje en la cita fue claro: el problema es la legitimidad que tiene la Convención Constitucional para fijar un monto de forma discrecional y sin justificar cómo se llegó al monto de asignaciones aprobado por el pleno. “Fue una muy mala reunión”, afirmaban durante la tarde en la Convención Constitucional.

Ante este escenario, el propio Bassa activó las alertas al gobierno, a través del vicepresidente, Rodrigo Álvarez (UDI), para pedir una “reunión de emergencia” con el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. En ese contexto, y con el objetivo de buscar una salida, concordaron reunirse este jueves a las 8.15 horas. A la cita también se sumaría la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón.

La señal, dicen en la constituyente, es preocupante, pues el propio Bassa le ha insistido al gobierno que con los recursos actuales “no llegan a fin de año”, que el cálculo del Presupuesto 2021 para la Convención siempre se pensó como un piso para su instalación y no como un techo y que, a diferencia de lo que ocurre con otras reparticiones citadas en el oficio por la Dipres, la propia Constitución le confirió un rango especial al poder constituyente en sus artículos 133 y 134.

En medio de la tensión, la directiva del órgano constituyente también citó la jornada de este miércoles a la mesa ampliada para abordar el asunto. Según distintas fuentes, el análisis es que la decisión del gobierno “busca obstruir el funcionamiento de la Convención Constitucional”. Sobre todo, luego de que, según explican, el organismo le remitiera una propuesta a la Dipres para disminuir los recursos solicitados de 1.700 a cerca de 1.200 millones de pesos.

Tras la cita, Loncón acusó una descoordinación de la Segpres y la Dipres y emplazó al gobierno y al Presidente Sebastián Piñera “a asumir su apoyo decisivo, tal cual lo ha comunicado en sus múltiples viajes al exterior”, a la Convención Constitucional. Y agregó que “no queremos que se repita nuevamente la escena que nos tocó enfrentar a inicios de la Convención, cuando el gobierno nos dejó caer (...). Vamos a cumplir nuestro mandato pese a todo el torpedeo político”.

Mientras que Bassa señaló que esta se trata de una nueva “obstrucción” de parte de La Moneda, mientras que acusó que durante la negociación con el Ejecutivo “los tonos han sido cambiantes (...), las conversaciones que debieran tener un color técnico, un carácter financiero, han estado teñidas lamentablemente por consideraciones políticas”.

“Esta es una pelea que vamos a dar hasta el final, si no contamos con el apoyo del gobierno vamos a salir adelante por nuestros propios medios”, añadió.

El escenario es mirado con inquietud desde el gobierno. Sin embargo, fuentes de Palacio aseguran que el órgano constituyente aún no les remite el documento que preparan hace días para justificar la proyección de gasto en materia de asignaciones. Asimismo, recalcan que si bien la Convención Constitucional es un organismo autónomo, no puede fijar montos de forma discrecional y sin atender a la situación que atraviesa el país.

Desde la Dipres aseguran que cuando desestiman una solicitud de recursos siempre están abiertos a revisarla, pero también esperan que quienes piden, a su vez, “revisen su proyección de gastos o propongan algún espacio de reasignación”.

Las mismas fuentes afirman que la conversación con la Convención semeja un “diálogo de sordos”, pues, según ellos, aún no explican cómo llegaron a calcular las 77 UTM que fijaron en materia de asignaciones.

“Hay una delgada línea de componente político, pero en la Dipres tratamos de que nuestra puerta esté abierta para hablar de lo técnico. Nosotros no vamos a cuestionar si ellos se suben sus asignaciones, vamos a cuestionar que ningún servicio que esté dentro de Ley de Presupuestos pueda incrementarse autónomamente su marco de presupuesto”, dice una fuente de esa división.

Como ejemplo recuerdan que el Poder Judicial ha solicitado un suplemento de $ 58.000 millones para agilizar causas judiciales, y llevan meses trabajando, porque si bien son autónomos, deben regirse por el marco presupuestario aprobado en la ley anual. Y por lo mismo, añaden, no podrían contratar todos los jueces que quisieran.

En La Moneda descartaban ayer, en todo caso, que el conflicto tuviera que ver con un trasfondo político, aunque reconocían que la señal que busca darse es una especie de “moción de orden”, dado que ya se ha aumentado en un 43% el presupuesto que estaba previsto para este año en la Convención Constitucional.

“Ellos han malentendido la prerrogativa que les da la Constitución en materia de asignaciones”, sostiene un ministro.

Para calmar las aguas, en todo caso, el titular de la Segpres, Juan José Ossa, afirmó durante la jornada que lo que ha hecho la “Dirección de Presupuestos es que ha señalado que espera una especie de especificación, de mayor claridad de para qué son estos recursos y, en ese sentido, la Convención tiene que -ojalá- preparar un documento que pueda enviarle a la Dirección de Presupuestos y la dirección analizará las cosas en su mérito, insisto, en un marco muy relevante de estrechez fiscal”.