Una de las mayores dificultades en las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, ha sido avanzar en los peritajes necesarios para establecer si se configuran o no responsabilidades penales y poder llevar esa prueba ante la justicia para así lograr condenas. En esos procesos, la fiscalía había manifestado preocupación por los atrasos en la entrega de pesquisas por parte del Servicio Médico Legal (SML), por lo que el Ministerio de Justicia decidió inyectar $ 513 millones a la entidad legista para que acelere la realización del denominado Protocolo de Estambul, procedimiento de evaluación clínica y mental para acreditar signos de tortura.

En una reunión realizada de forma presencial y telemática, el titular de la cartera de Justicia, Hernán Larraín, anunció esta entrega extraordinaria de recursos que busca acelerar la realización de peritajes y así dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público. En la cita estuvieron presentes el fiscal nacional, Jorge Abbott; los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de DD.HH., Lorena Recabarren, además del director del SML, Gabriel Zamora.

Esta inyección de dinero robustecerá la labor que ya realiza la entidad legista, financiando el trabajo de 130 profesionales que están acreditados para la realización de esta pericia que cumple con un estándar internacional. El objetivo, explican desde el gobierno, es que de aquí a noviembre se completen los procedimientos en cerca de 900 causas surgidas en medio de la crisis social. La medida responde a uno de los anuncios que hizo el Presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública, en cuanto a crear una fiscalía especializada en DD.HH. y va también en sintonía con la decisión del Ministerio Público de reabrir causas que habían sido archivadas, redoblando los esfuerzos por esclarecer estos hechos.

La inversión también considera optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de Salud Mental, con la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos. Esto incluye más de 1.000 pericias psiquiátricas como casos de violaciones a los derechos humanos, informes psiquiátricos de imputabilidad, victimas de abusos sexuales y para personas privadas de libertad.

Al finalizar el encuentro, el ministro Larraín explicó que “para nuestro Gobierno siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los Derechos Humanos, de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables. Esperamos que con estos nuevos recursos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes, cerrar la brecha existentes en pericias de salud mental, y dar así un término a los casos que se encuentra investigando el Ministerio Público”.

Por su parte, el fiscal Abbott expresó que “si bien son muchas las dificultades que enfrentan las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, el fortalecimiento que hoy recibe el SML para la realización del Protocolo de Estambul sin duda ayudará a acelerar las indagatorias que hoy se encuentran sin avances por la falta, entre otros aspectos, de esta pericia. Para el Ministerio Público es de especial interés poder avanzar en estos casos, y junto con trabajar con el Ministerio de Justicia en un proyecto de creación de una fdiscalía especializada en derechos humanos, estamos implementando diversas acciones que buscan abordar con mayor eficacia las causas de violencia institucional germinadas en el marco del estallido social. Entre ellas, la dictación de una nueva instrucción general a fiscales para mejorar la aplicación y oportunidad de esta pericia, tanto física como psicológica”.

Para el director del SML, la entrega de estos recursos “nos permitirá dar la respuesta oportuna que requieren estas causas, y trabajaremos en conjunto con el Ministerio Público para que podamos avanzar, de aquí a noviembre, en concluir con los casos pendientes”.

Este jueves, en tanto, el CDE presentó nuevas querellas en el marco de violaciones a los derechos humanos. Se trata de una acción criminal por apremios ilegítimos dirigida en contra de un teniente y otros 11 funcionarios de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales, quienes, aproximadamente a las 20.40 horas del el 21 de octubre de 2019, protagonizaron una violenta agresión en contra de una persona que protestaba con un sartén y una cuchara en la vereda norte de la Plaza Ñuñoa. Los apremios le ocasionaron a la víctima un trauma grave en el ojo izquierdo, hematoma ocular izquierdo, herida contusa en párpado superior izquierdo, fractura nasal y fractura dental, entre otras lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador. Ello, además, le provocó una secuela funcional permanente y definitiva en el ojo izquierdo, con visión cero, afectando su capacidad laboral y de autovalencia.

El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) es una iniciativa adoptada en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas. Es reconocido como un estándar internacional con lineamientos que permiten investigar y constatar adecuadamente los alegatos de tortura y/o malos tratos, y como un instrumento que permite a abogados, médicos y psicólogos investigar y documentar los efectos en las personas que denuncien estos delitos, como también lineamientos para comunicar adecuadamente dichos hallazgos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.