“La debilidad institucional y el deterioro de la presencia del Estado en el territorio han facilitado la expansión del crimen organizado”. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Crimen Organizado en Chile: situación actual y perspectivas” de la Fundación Aire Nuevo -ligada al excandidato presidencial Joaquín Lavín- que realizó una revisión de las cifras e indicadores que confirmarían la percepción del incremento de este tipo de organizaciones criminales en Chile.

Al respecto, Ignacio Abarca, abogado UC y autor del estudio, aseguró a La Tercera que “las debilidades del Estado dicen relación con múltiples factores, como la incapacidad de modernizar y adaptar la institucionalidad, de prevenir la corrupción o de no ejercer un adecuado control en el territorio (...). Urge ampliar la mirada de lo que significa combatir el crimen organizado”.

Así, también explicó que si bien no es posible determinar con exactitud el grado de avance del la delincuencia organizada, “en general el aumento de delitos como homicidios, mayor complejidad para cometerlos, aumento de delitos de mayor connotación social, secuestros, extorsiones, etc., se consideran como manifestaciones de la expansión”.

Según se plantea en el documento, son cuatro los indicadores que evidencian el incremento en el país: el aumento de los homicidios y mayor complejidad delictual; el aumento de los secuestros; el aumento del delito de extorsión; y la trata de personas para la explotación sexual.

Respecto al primero se menciona que durante 2022 el porcentaje de homicidios perpetrados por un victimario desconocido alcanzó un 41,6%. Asimismo, se agrega que durante el mismo año el porcentaje de homicidios con armas de fuego alcanzó un 53,9%, 6 puntos más que en 2021. Por último, también se remarca que entre 2018 y 2021, el ajuste de cuentas se posicionó como el principal motivo para cometer homicidios.

Sobre el aumento de los secuestros, la extorsión y trata de personas, se recalca que responden a delitos poco comunes que han sufrido un incremento exponencial en los últimos dos años. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 los secuestros aumentaron un 68%, la extorsión un 129%, mientras que la trata de personas con fines sexuales aumentó de 6 casos en 2021, a 33 y 34 en 2022 y 2023, respectivamente.

De igual forma se destacan aspectos como la amenaza de corrupción a autoridades como agentes aduaneros, policías, gendarmes, jueces y fiscales, y la incapacidad de modernizar las instituciones han facilitado la expansión del crimen organizado en el país.

A lo anterior, se agregan factores como el descontrol fronterizo, la proliferación de tomas ilegales, la debilidad en el control del sistema carcelario y la violencia en la Macrozona Sur.