RN y la UDI ya dieron a conocer sus respectivas propuestas sobre la reforma previsional. Y ahora fue el turno de Evópoli, que elaboró un documento con un total de 10 propuestas para la reforma de pensiones, apoyado en el trabajo técnico del centro de estudios Horizontal, las cuales son agrupadas en tres pilares: fortalecer el pilar solidario mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU), reforzar el pilar contributivo y legitimar la industria con mayor competencia.

Respecto de la PGU, el texto que piensan presentar al gobierno señala que hay que indexar su valor a la línea de pobreza, actualmente en $219.5456, lo cual proyectan que en el corto plazo tiene un costo fiscal adicional de 0,1% del PIB, y en el largo plazo (2050) sería del 0,2 % del PIB. Acá también proponen “evaluar incrementos dirigidos a grupos en desventaja”, como mujeres o dependientes severos, lo cual sería por un monto adicional de 0,5% del PIB.

El director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, comenta que “la manera más eficiente y justa de imprimir más solidaridad al sistema previsional es a través de la PGU. Por eso, aquí proponemos reemplazar el reparto que plantea el gobierno (0,8% del PIB), por incrementos focalizados vía PGU.”

En el pilar contributivo hay tres propuestas. Primero, un aumento de la cotización en 6 puntos porcentuales, con una gradualidad de 12 años (0,5 pp por año), y que todo eso se destine a cuentas individuales. En ese mismo ítem dicen que se puede considerar la implementación de un seguro de longevidad y mecanismos de solidaridad intrageneracional. La investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, afirma que “destinar solo 2% a ahorro individual, como propone el gobierno, llevará a que las pensiones autofinanciadas a futuro sean aún más bajas, ya que no permite compensar el efecto de la mayor longevidad a futuro y las menores rentabilidades”.

En segundo lugar, la propuesta de Evópoli plantea “cotizar desde el consumo, destinando el equivalente a un punto de IVA a las cuentas individuales de los afiliados no pensionados que se repartirían, de manera progresiva, en igual monto para todos”. En este punto detallan que “esta cotización adicional por consumo se presentaría separada en las boletas de la misma forma que hoy lo hace el IVA. Ello permitiría recaudar 0,5% del PIB (US$ 1.500 millones), lo que equivale a cerca de 2 puntos de cotizaciones previsionales bajo el régimen general”.

En tercer lugar, hablan de “incentivar la formalización en el mercado laboral estableciendo un subsidio al ingreso del trabajo formal (impuesto negativo al ingreso)”. Allí profundizan que “se entregará un subsidio a los trabajadores formales de bajos ingresos, el monto es decreciente en el ingreso para cuidar los incentivos”.

Las restantes seis propuestas son sobre la reorganización industrial. Antes de exponer sus ideas, parten señalando que “es necesario legitimar la industria administradora de fondos de pensiones con más competencia y no menos. Creemos que es un error forzar la separación de la industria y crear un monopolio (público o licitado). Por el contrario, proponemos licitar el stock y entregar una facilidad esencial de libre opción para la administración de cuentas. Con este esquema, el desmembramiento forzoso de la industria, que supone altos riesgos, pierde sentido”.

En el detalle, primero proponen “crear una administradora de fondos estatal con altos estándares de gobierno corporativo y manteniendo siempre el principio de neutralidad competitiva”. En segundo lugar, hablan de licitar una parte del stock de afiliados, pero permitiendo que los afiliados puedan elegir no participar de ella, o cambiarse de administradora una vez que hayan sido licitados.

Como tercer punto, plantean que “el Estado podrá licitar una facilidad esencial en la administración de cuentas para nuevos actores que quieran entrar a competir exclusivamente por la administración de los fondos”. En cuarto lugar, apuntan a algo que ya contiene la reforma previsional, esto es, reemplazar la actual comisión que las AFP cobran por flujo, a una comisión por saldo administrado.

La quinta propuesta de este ítem habla de “centralizar las funciones de cobranza de cotización no pagadas en un ente público como el SII o la TGR, fortaleciendo sus competencias para fiscalizar efectivamente el cumplimiento de obligaciones previsionales”.

Y por último, plantean “limitar y transparentar las comisiones de intermediación”. En ese sentido, detallan que “no se debe permitir a las administradoras cobrar por comisiones de intermediación para inversión nacional, con la excepción de inversión en activos alternativos”. Y también dicen que hay que “transparentar de forma sencilla su cobro en las cartolas que se entregan a los afiliados”.

“Hemos desarrollado una propuesta que creemos que es viable, sostenible en el tiempo y que mejora de manera significativa las pensiones para las personas. Hay un diseño que tiene una serie de componentes innovadores y esperamos que pueda ser sometida a discusión”, comentó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Por su parte, el Presidente de Horizontal y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, señala que “es necesario legitimar la industria administradora de fondos de pensiones con más competencia y no menos. Para ello, proponemos licitar el stock de afiliados por parcialidades y opción de retracto del afiliado. Ello bajaría fuerte comisiones y diluiría rentas. En ese esquema de más competencia, en lugar de forzar separar la industria, proponemos licitar una facilidad esencial de adscripción voluntaria de la administración de cuentas”.

En tanto, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke sostiene que esta propuesta “hace algo muy importante: establece la PGU en la línea de la pobreza, de modo que nunca haya una pensión bajo esa línea. Además innova estableciendo una cotización por consumo, cada vez que uno paga IVA parte de éste va a su pensión, esto apunta a cubrir lagunas previsionales incluso cuando no hay trabajo”.