Focalización y universalización. Esas fueron dos de las palabras más utilizadas durante la primera mitad del año para analizar y configurar cómo deberían ser las políticas estatales para hacer frente a la situación de emergencia en los ingresos de los hogares producto de la pandemia.

La discusión sobre dejar de lado la focalización comenzó en marzo con la idea de avanzar en una pensión básica universal, pero también ganó fuerza dentro de otras políticas, en particular en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que estuvo hasta los primeros meses de este año focalizado, principalmente, en los hogares de menores recursos y más necesitados. Tras no lograr impedir un tercer retiro de los fondos de pensiones, el gobierno acordó con el Congreso los llamados “mínimos comunes”, que implicaba el pago de un IFE “universal” hasta el mes de septiembre, que se estima está beneficiando a más de 15 millones de personas y a 7,2 millones de hogares, y al que pueden acceder todas las familias que componen el 100% del Registro Social de Hogares (RSH), a excepción de aquellos que poseen un ingreso per cápita superior a los $800 mil.

Esta medida se llevó a cabo a pesar de que los datos indicaban que la gran mayoría de los hogares ya estaban con ingresos similares a los anteriores a la pandemia e, incluso, algunos estaban por encima de estos niveles. Todos los quintiles de ingreso además con niveles de liquidez superiores a los previos a la crisis sanitaria, gracias a los aportes estatales y los retiros de los fondos de pensiones.

Pero, la extensión del IFE anunciada por el gobierno hasta fines de noviembre, manteniendo además su característica universal, está comenzando a generar críticas de distintos sectores, algunos de los cuales sí pedían universalidad antes. La decisión del gobierno se realizó como medida para frenar un cuarto retiro de los fondos de pensiones, que era la idea original de los “mínimos comunes”: llegar con recursos a más gente con tal de evitar nuevos giros de los ahorros previsionales.

El exdecano de la FEN de la U. de Chile, Joseph Ramos, calificó esta semana las entregas de ayudas como un “carnaval”, en vez de centrarse en las reales necesidades del país. También el expresidente del Banco Central y actual investigador senior del CEP, Rodrigo Vergara, escribió el lunes una carta a El Mercurio criticando la “fiesta fiscal”. Ante estas críticas, Sebastián Piñera defendió la medida.

David Bravo, miembro de la Comisión para la Recuperación del Empleo convocada por el gobierno, reafirma que su visión es la que expresaron en el documento que se entregó hace dos semanas. “En ese documento decimos claramente que es muy importante generar un incremento muy fuerte en los subsidios que van directo a los trabajadores y trabajadoras con un mayor enfoque de género (nuestra propuesta 5, la que se tomó por parte del Gobierno) y, al mismo tiempo, sugerimos un proceso inmediato de transición del actual IFE para centrar los recursos en los grupos más afectados por la pandemia (nuestra propuesta 8, que no fue considerada)”, indica.

“A partir de información del Ministerio de Hacienda, la extensión a octubre y noviembre tiene un costo de US$3.200 millones por cada mes. En total, US$6.400 millones en los dos meses, lo que se compara con los US$500 millones que se gastará en subsidios al empleo entre agosto y diciembre de este año. No fue una medida acertada. Son justo los dos meses relevantes para las elecciones. Lamentablemente esta es la lógica que está imperando tanto en el Congreso como en el Gobierno, y también en todas las candidaturas presidenciales”, sentencia Bravo.

Alejandro Fernández, economista de Gemines, dice que “probablemente sí era necesario extenderlo, pero con montos mucho más reducidos y más focalizado y con mayor énfasis en el subsidio laboral, para hacer una transición más suave entre el escenario con IFE masivo y cuarentenas también masivas y un nuevo escenario en que las restricciones a la movilidad son mínimas y se necesita que las personas vuelvan al mercado del trabajo”.

El experto también pone la alerta en la situación fiscal, que tiene “un fuerte deterioro, con un déficit que puede llegar al 8% este año y una deuda pública que puede acercarse al 35% del PIB. Algo que difícilmente va a mejorar mucho en 2022″.

En tanto, Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, levanta las alertas por la falta de focalización en lo que viene en este contexto: “Estamos haciendo una política fiscal muy procíclica. El apoyo fiscal a las familias fue tardío e insuficiente el año pasado. A inicios de este año el plan se extendió de manera sustantiva. La ampliación que se hizo en marzo del IFE, quitando requisitos para el acceso pareció haber dado en el clavo. Pero luego llegaron los mínimos comunes que parecen políticamente imposibles de retirar a pesar de su costo y de que la importante recuperación económica sugiere que ya no se necesita este tipo de apoyos en esta amplitud. Los datos de los registros administrativos del sistema de pensiones y del seguro de cesantía dicen que el empleo formal ya se recuperó. Los datos del INE también muestran una importante recuperación. Pero esa evidencia, y el tremendo costo del programa, parecen no importar”.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, se enfoca en por qué el gobierno decidió realizar esta extensión: “Me parece bastante claro que la mantención y la universalidad se explica por razones político electorales. La información del INE ha sido clara en mostrar que la situación laboral ha ido mejorando, la situación sanitaria ha mejorado también en forma significativa, y, por último, hay indicios cada vez más claros de escasez de mano de obra. Parece bastante evidente, primero, la necesidad de focalizar, y segundo, cambiar su foco, para que apunten a incentivar empleo formal”.

“El mayor gasto fiscal está generando presiones alcistas en los precios y en las tasas de interés, lo que significa que parte de las ayudas las terminan pagando de vuelta los ciudadanos. Ese es el efecto de corto plazo. Más adelante se tendrá el problema político de retirarlas, el nuevo gobierno debería hacer un gran ajuste de gasto en su primer año, lo que no es fácil, pero si no se hace, se ve amenazada la sostenibilidad fiscal futura, lo que podría generar nuevos downgrades de la clasificación de riesgo, afectando también el costo de endeudamiento privado”, agregó Cifuentes.

Alejandro Micco, académico de la Universidad de Chile, afirma que se debería haber avanzado hacia una transición disminuyendo los aportes. “Dada la situación fiscal y sanitaria del país el apoyo era correcto, pero debió haber habido una mejor transición para ir retirando este IFE para pasar a uno centrado en el empleo. Una disminución del IFE a aquellos sectores que no lo necesitan, una mayor focalización y una mayor potencia al IFE laboral. Hay un desbalance muy grande, deberíamos haber transitado a una focalización con mayor fuerza”, puntualiza.

En la misma línea, Micco dice que ahora lo que se debe hacer es “ya delinear la transición de este apoyo pasando al IFE laboral, pero con cambios más ambiciosos, capacitación pagada por ejemplo”. “Es imposible mantener el IFE, y es probable que el próximo presidente tendrá que dar la mala noticia de quitarlo. Habrá una carga fiscal pesada, cómo se ajusta a la baja este gasto. Hay una desaceleración del gasto gigantesca para el próximo año que a estas alturas es impensable, poco realista”.

El economista jefe de STF Capital y uno de los miembros del comité consultivo del PIB tendencial citado por Hacienda, Sergio Godoy, agrega que “del punto de vista macroeconómico, no era necesario extenderlo porque la recuperación está andando bien y los datos han sorprendido hacia arriba. De hecho, el Banco Central ya está empezando a apretar la política monetaria, reconociendo implícitamente que la recuperación está avanzando bien. Sin embargo, es claro que con la amenaza del cuarto retiro el gobierno no quiere darle argumentos al congreso para que lo aprueba. Es decir, la política fiscal tiene un componente macroeconómico, pero también tiene un componente político que está vez primó”.

Fernández alerta que esta liquidez genera “una presión sobre la demanda que se mantiene por más tiempo y facilita que se traspasen a precios las presiones de costos existentes y que los márgenes se incrementen, lo que se ve facilitado, además, por la depreciación del peso (alza del dólar). Es un escenario en que el Banco Central tendrá que apurar el proceso de normalización de la política monetaria para que no se desanclen las expectativas de inflación, especialmente en un escenario en que los subsidios fiscales bien podrían extenderse más allá de noviembre”.

También a Repetto le preocupa que estas transferencias de recursos “pueden traer problemas como alza en tasas de interés, inflación, dificultad para financiar gastos fiscales nuevos”. Incrementos de tasas de interés y mayor inflación son elementos que ya comenzaron a observarse.