“Cruzando la mampara, mientras era conducido al calabozo, dos funcionarios me siguieron pegando durante todo el trayecto y lo hicieron especialmente dentro del calabozo, donde entraron ambos con exclusivo propósito de seguir golpeándome. En ese momento, sólo atiné a ponerme en posición fetal mientras permanecía de pie, y uno de ellos comenzó a pegarme golpes de puño en el cuerpo y la cara, que me recomieron el labio inferior y me fracturaron dos dientes”.
Este es parte del relato que Claudio Muñoz Dorn, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile, entregó en la Fiscalía Sur para dar cuenta de lo que le ocurrió el 20 de octubre de 2019. El joven, quien entonces tenía 18 años, denunció la agresión de dos carabineros, quienes le habían proporcionado una dura golpiza en la tenencia de Pedro Aguirre Cerda (PAC), tras ser detenido por lanzar una piedra a un carro policial, en medio de las manifestaciones del estallido social.
La investigación del Ministerio Público avanzó -incorporándose como querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- y anexó a la causa el caso de otro joven, quien también denunció el actuar de los entonces funcionarios de la 51º Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, Rubén Gajardo González (cabo) y Alexis Sepúlveda Sazo (carabinero).
El segundo caso corresponde a Tomás Gallardo Eguiguren, quien fue detenido el 19 de noviembre de 2019, en las afueras de la comisaría de Pedro Aguirre Cerda. El joven fue arrestado luego de ser sorprendido lanzando piedras a la unidad policial, para luego ser golpeado por los carabineros Gajardo y Sepúlveda. Según la querella del CDE, los imputados “golpean al detenido con reiterados golpes de pie mientras éste se encontraba tendido en el suelo y en el momento de su traslado al carro policial”.
La investigación, tras formalizar a los dos imputados y a otos cinco policías que presenciaron las golpizas y no impidieron los apremios, finalmente concluyó con un, hasta ahora, histórico desenlace. El Ministerio Público logró llegar a un acuerdo con los policías encausados, previo pago de $ 8 millones cada uno, a las víctimas, Claudio Muñoz y Tomás Eguiguren.
Desde Carabineros señalaron que no comentan resoluciones judiciales y, además, que los efectivos indagados ya fueron desvinculados de la institución. El carabinero Sepúlveda estuvo en prisión preventiva entre el 18 de julio de 2020 y febrero de 2021; mientras que el cabo Gajardo cumplió la medida cautelar más gravosa, entre julio del año pasado y abril de este 2021.
El dinero de la indemnización ya fue depositado por los imputados en una cuente corriente del 10º Juzgado de Garantía de San Miguel y ahora esperan la audiencia de procedimiento abreviado, que se realizará el lunes, a las 10 de la mañana. El resto de los carabineros indagados, otros ocho, también accederán a estas salidas alternativas, dado que los delitos no revisten una mayor pena.
Resarcimiento del mal causado
La jefa de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Sur, e investigadora a cargo del caso, Paulina Díaz, explicó que cada imputado tiene una pena y salida judicial distinta en la causa, dado que se les encausó por distintos ilícitos. En ese sentido, sostuvo que “los más involucrados en este caso son Alexis Sepúlveda Sazo y Rubén Gajardo González: a ambos se les atribuyen apremios reiterados, donde la pena es de tres años y un día respecto de ellos, porque si bien son reiterados, los beneficia la atenuante de (...) colaboración y aceptación del abreviado, y también el pago conjunto de $ 16 millones totales, es decir, $ 8 millones por cada víctima, por resarcimiento del mal causado”.
Se trata de una salida, hasta ahora inédita, desde que se indagan las causas vinculadas al estallido social. Fuentes del caso explicaron que el pago realizado por los carabineros salió de su propio bolsillo y no corresponde ni a fondos de Carabineros ni del Fisco en general. El acuerdo se logró entre la fiscalía y las defensas de imputados y víctimas.
Además, desde el Ministerio Público señalaron que este procedimiento abreviado se denomina “indemnización copulativa” y se suma a pena privativa de libertad de tres años y un día.
El abogado Julián López, integrante de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, y querellante en la causa, indicó que “estamos muy satisfechos de haber colaborado en identificar y sancionar a los autores de estos graves atentados a los derechos humanos, cometidos en contra de un estudiante de nuestra universidad y lograr que haya obtenido reparación de los agentes del Estado que lo causaron. Esperamos que este caso contribuya a erradicar el maltrato al interior de los cuarteles policiales y a que todo policía entienda que golpear a un detenido indefenso constituye una forma de tortura que no puede quedar impune”.
Desde el CDE, en tanto, sostuvieron que los pagos “no dicen relación con una indemnización de perjuicios vinculada a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, sino con la configuración de la atenuante del Art. 11 N°7 del Código Penal, esto es, reparación del mal causado, para efectos de que los imputados puedan obtener una pena más favorable a sus intereses en un procedimiento abreviado que se verificará la próxima semana”.
Según el último reporte de la Fiscalía Nacional, a octubre de 2020 son 4.681 las causas relacionadas a violencia institucional, investigadas por el Ministerio Público. A esa fecha ya se habían formalizado a un total de 75 personas por delitos relativos a violaciones de DD.HH., por los que se les encausó por ilícitos como apremios ilegítimos, torturas, lesiones graves, homicidio, obstrucción a la investigación, entre otros.
En sede legislativa, en tanto, se discute un proyecto de ley que entrega indemnizaciones a quienes hayan sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social. El 21 de junio esta iniciativa fue aprobada en general en la Cámara de Diputados y ahora se discute en la Comisión de DD.HH. a la espera de indicaciones.
