Tras la polémica suscitada el pasado jueves 7 de octubre a partir de la publicación de un informe preliminar por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en cuanto al mercado del gas en Chile, este martes la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, junto al Fiscal de la entidad y el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, abordaron nuevamente el tema. Sin embargo, pese a la disposición inmediata a tomar cartas en el asunto por parte de los diputados, desde la FNE reiteraron la necesidad de contar con pruebas concluyentes frente a una eventual colusión. Y estimaron un plazo de alrededor de tres años de investigación.

En la instancia, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, abordó el estudio referido a los segmentos de gas licuado y de gas natural entre 2010 y 2020, y al sobreprecio existente entre un 12,7% y 20,2% para los clientes residenciales de Metrogas. Y detalló que cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado. Mientras que en el caso del gas natural, el sobreprecio fluctúa entre US$ 78 millones y US$ 87 millones.

De esta manera, una de las recomendaciones provenientes de la FNE para mejorar la competencia en el mercado del gas propone prohibir que Abastible, Lipigas y Gasco puedan vender gas licuado a los clientes finales.

“Si se hace eso, los distribuidores mayoristas de gas licuado tendrán que empezar a esforzarse nuevamente por lograr que los distribuidores minoristas quieran vender sus cilindros o balones de gas. Y eso lo tendrán que hacer, necesariamente, ofreciéndoles un menor precio que sus competidores. Ya no tendrán distribuidores minoristas “atados” o “exclusivos”, explicó Riesco, y agregó que, junto con esperarse una caída en los precios, podría entrar un nuevo competidor al mercado.

Respecto a la situación del gas natural, la fiscalía recomendó establecer en la Ley de Servicios de Gas que la rentabilidad máxima de las compañías del sector debe calcularse considerando a todas las empresas del grupo empresarial que participen en el negocio del gas natural.

Y destacó la necesidad de hacer mejoras en la ley que establece el acceso a las redes de distribución de este suministro.

Cabe destacar que la FNE inició el estudio en noviembre de 2020 y fue presentado el 7 de octubre de este año. Ahora, el documento será sometido a consulta pública hasta el 4 de noviembre próximo, y “si todo marcha bien”, según dijeron desde la fiscalía, los resultados finales podrían estar listos en diciembre de este año.

Durante la sesión, parte de los miembros de la comisión se mostraron abiertos a adoptar medidas inmediatas que permitan la pronta regulación del mercado del gas. E incluso acusaron a la FNE de haber demorado más de lo debido en la elaboración del informe.

Por su parte, el diputado Raúl Soto (Independiente), señaló que, a diferencia del reconocimiento hecho por el presidente de la instancia, el parlamentario Miguel Ángel Calisto (DC), no se debe agradecer a la FNE por el informe entregado ya que si bien están haciendo su trabajo, “lo hacen tarde”. Y dijo que en abril de este año un grupo de parlamentarios ya había presentado a la FNE las denuncias correspondientes, por lo que las conclusiones publicadas la semana pasada recogen puntos ya sabidos, como la desregularización del mercado y la existencia de “las condiciones perfectas para la colusión”, según indicó.

Mientras que por su lado, el diputado Iván Flores (DC) insistió en el accionar inmediato de parte del Gobierno y del Congreso ante “este eventual cartel del gas que se está evidenciando con la investigación de la FNE”.

“La solución es super simple: prohibir que tengan distribuidores de colores respecto de los mismos mayoristas. Es decir, que los mayoristas no puedan seguir entregando a minoristas; abrir la participación de los mayoristas a Enap que es nuestra empresa del Estado para que sea mayorista; y que a los minoristas se les permita tomar todas las marcas. Y en esa competencia podamos tener una rebaja al precio. Y permitir que en el gas natural hay un límite al sobreprecio”, dijo Flores.

Sin embargo, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, especificó que para esto se necesitan pruebas duras y concluyentes. Y advirtió que la investigación de eventuales colusiones de este tipo duran en promedio 3,5 años.

En la sesión, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, repasó el proyecto de ley que presentarían desde el oficialismo en base a las recomendaciones de la entidad fiscalizadora. Y ofreció toda la ayuda necesaria para agilizar el proceso.

“Ofrezco toda la cooperación del ministerio y organismo para colaborar en el trabajo de la comisión. Es importante que investigue todas las imperfecciones del mercado del gas y así avanzar en una pronta modificación legal”, mencionó.

x