Fundación para la Superación de la Pobreza: la otra ONG vinculada a exasesores de Catalina Pérez que recibió dineros en Antofagasta

Durante la jornada de este miércoles, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo un encuentro con el fiscal regional subrogante de Antofagasta, Cristian Aliaga, que podría resultar clave para la indagación que lleva adelante el Ministerio Público respecto de millonarios convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y fundaciones privadas.

Y es que si bien por ahora la investigación se suscribe en los acuerdos firmados entre dicha repartición y Democracia Viva -fundación ligada a Revolución Democrática y al entorno de la diputada Catalina Pérez-, el secretario de Estado puso sobre la mesa antecedentes que dan cuenta de que al menos parte del esquema se repite.

Como detalló el militante socialista, entidades privadas integradas por exasesores de Pérez que operaban en Antofagasta, como la comandada por la expareja de la parlamentaria, Daniel Andrade, contrataban profesionales que luego prestaban servicios en la Seremi de Vivienda o en el Serviu de la zona, para así vigilar desde cerca la adjudicación de millonarios proyectos, lo que escapa a toda norma.

“Aquí el punto más polémico que hay hasta el momento es que con parte de los recursos (el de los convenios que suscribían entidades de gobierno y las fundaciones) se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en el control de los proyectos y eso es algo que estaba al margen de los marcos legales”, comentó Montes en medio de su visita a la región. Y agregó: “Son personas contratadas por una fundación para que prestaran servicios a la Seremi o al Serviu para que hicieran más rápido las tareas que tenían”.

Todos esos antecedentes los puso en manos del fiscal regional subrogante, pero como adelantó ante los medios, además de Democracia Viva, la Fundación para la Superación de la Pobreza es otro organismo que tienen en la mira, pues en sólo tres meses del 2022 se adjudicó más de $ 520 millones.

Además, como ha podido constatar el ministro, ellos tenían entre sus filas, en el pasado, a Paz Fuica, concejala por la comuna, ex encargada territorial de la diputada Pérez y quien trabajó como asesora del otrora seremi de Vivienda Carlos Contreras, quien debió renunciar tras el escándalo que protagoniza Democracia Viva.

De la revisión de sus redes sociales queda de manifiesto su cercanía tanto con Pérez como con Contreras, pero además, La Tercera constató que tenía correo institucional de la citada cartera y que participó hasta febrero pasado en la Fundación para la Superación de la Pobreza.

“Ella prestó servicios a honorarios para nuestro proyecto entre el 17 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Cumplió con productos y labores en forma durante esos 4 meses y medio. Todos sus productos están entregados, aprobados y rendidos”, comentaron desde la entidad.

Y agregaron, en el mismo sentido, que “la aprobación final de todo aquello está debidamente informada al Ministerio de Vivienda por parte de la Seremi, de quien nos llega el oficio informando eso”.

Al igual que en el caso de Democracia Viva, se repiten los nombres de ex estrechos colaboradores de la diputada por Antofagasta, la RD Catalina Pérez.

Considerando lo anterior, el asunto ha ido escalando al interior del Ejecutivo y durante la jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que “el Ministerio del Interior instruyó auditorías en todas las delegaciones presidenciales del país para fiscalizar todos los convenios que impliquen transferencias de recursos”.

La Fundación para la Superación de la Pobreza es una organización privada sin fines de lucro creada en 1994. Desde entonces, según detalla en su sitio web, busca promover “mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social”. Por lo mismo, destacan, realizan labores como la de Servicio País. La ONG sostiene que “contamos con el apoyo del Estado de Chile, a través de la aprobación de parte de nuestro financiamiento en las leyes del presupuesto de la nación”.

Es uno de los organismos más grandes y reconocidos a nivel país, pues también tiene convenios y recibe aportes de una multiplicidad de municipios y organizaciones gubernamentales, como también de gobiernos regionales.

De esta forma, mantiene diferentes convenios con el Estado, el más grande de ellos -según su cuenta pública del 2022- es con el Ministerio de Desarrollo Social, el cual les hizo entrega de $ 4.067.150.331 el año pasado.

Junto con eso, también recibió aportes por $ 571.717.000 y $ 271.771.595 de parte del Ministerio de las Culturas y las Artes. Y también, más de $ 500 millones adjudicados a través de fondos nacionales del programa “Serviu Campamentos”.

Pero pese a la reconocida labor que tendrían, en medio del escándalo de Democracia Viva han recibido varios reproches.

Según pudo conocer La Tercera PM, la Fundación para la Superación de la Pobreza, sólo en la Región de Antofagasta, recibió durante el año pasado siete transferencias de parte de la Seremi de Vivienda, por más de $ 529 millones en tres meses meses.

Ese año, según se detalla en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, se realizaron tres transferencias con fecha 28 de agosto, cada uno por $ 50.000.000, $ 98.000.000 y $ 90.000.000. Los tres montos tienen como detalle que son para “gestionar el Plan de Acompañamiento Social y Comunitario para facilitar el acceso a la vivienda adecuada a las familias que habitan en campamentos, a través de una estrategia que aborde la diversidad del territorio; fortalezca la organización social y acerque la oferta pública a sus habitantes”.

El mismo año, además, se realizaron cuatro transferencias entre octubre y noviembre para “disponer la entrega de recursos que posibiliten a la fundación, gestionar los estudios previos y los respectivos diseños de arquitectura e ingeniería y todo lo necesario para viabilizar la estrategia de radicación urbana”. Todos los traspasos suman un total de $ 529.358.724.

Lo anterior muestra una diferencia con los montos recibidos durante el 2021. Ese año, la ONG recibió tres aportes que suman $ 190.611.707 y que tenían como objetivo “implementar planes de intervención con el fin de que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional”. El 2020, en cambio, las transferencias a la ONG llegaron a los $ 287.344.246.

Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza-Servicio País, explica que “la fundación tiene una larga trayectoria de trabajo en alianza con el Estado desde 1995, en gobiernos de todos los colores políticos. Esta marca de seriedad se refleja en la implementación de procedimientos administrativos muy rigurosos, que nunca han admitido figuras como las que se han detectado en el caso de Antofagasta. Por supuesto estamos atentos a las investigaciones que se están llevando a cabo, y manifestamos nuestra más completa disposición a colaborar con ellas, pues somos los más interesados en que la situación se aclare y podamos despejar las dudas sobre el fundamental trabajo que muchas organizaciones de la sociedad civil realizan con los altos estándares de probidad y dedicación a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestro país”.

La institución en la actualidad tiene como presidenta del directorio a Andrea Repetto y la instancia está compuesta también por Roberto Méndez, Paula Molina, Noam Titelman, Benito Baranda, entre otros.

Consultada al respecto, Repetto explica que la fundación “trabaja en las comunas más aisladas y vulnerables del país. En general son rurales, pero también tenemos trabajo en campamentos, ahí colaboramos en realizar diagnósticos sociales y técnicos, en acompañar en los aspectos jurídicos a las familias, organizar sus requerimientos habitacionales, etc. Estamos trabajando en campamentos en Antofagasta desde fines del 2020, si no me equivoco”. Junto con eso, explica que “rendimos cuentas por el trabajo que hacemos y los fondos que recibimos de manera permanente con todas las reparticiones públicas que tenemos convenios”.

Del directorio, hasta marzo del año pasado, fue parte Leonardo Moreno, quien ahora se desempeña como jefe de la unidad de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso de La Moneda y que en 2018 fue director ejecutivo de la entidad. Según fuentes de La Tercera PM, Moreno llegó al Segundo Piso a fines de septiembre del año pasado a reemplazar a Diego Pardow, que fue nombrado ministro de Energía.

Las mismas fuentes sostienen que Moreno llegó a integrar el equipo el 29 de septiembre, tras el arribo de Miguel Crispi (RD), una vez que este asume como jefe del Segundo Piso tras la salida de Lucía Dammert.