Desde los 17 años Galvarino Reiman (52) ha sido parte de organizaciones sociales mapuches, una de ellas es Ad Mapu. Hoy compite por uno de los 17 escaños reservados para pueblos indígenas, que asegura, son un avance para institucionalizar en la nueva Constitución un camino a la reparación y reivindicación.

Reiman cuenta con dos diplomados enfocados en derechos indígenas y desarrollo local y ha representado en foros y encuentros a la Asociación Mapuche Ñankucheo en México y Portugal. A su juicio, el texto debe contener tres puntos esenciales que podrían aportar en garantizar la paz en la zona: solución territorial, mecanismos de reparación de actos de lesa humanidad y el ejercicio pleno de su cultura. El werken del territorio Nag-Che- que vive en la comuna de Traiguén-, cree que debe existir un Estado Confederado que asegure autonomía en todo ámbito.

¿Por qué decidió competir y participar desde este espacio?

Promuevo que la manera de establecer un entendimiento y un diálogo se efectúe de forma institucional, es decir, dentro de los mecanismos formales canalizar las demandas y nuestras reivindicaciones. Sin embargo, también es una vía incierta, porque no depende exclusivamente del planteamiento de nosotros, sino también de la voluntad y conciencia de los otros constituyentes.

¿Es posible el diálogo en La Araucanía y cómo debería darse?

Los mapuche siempre han estado abiertos al diálogo. Ahora, la manera de dialogar es el tema en cuestión. Si no se establecen los puntos a abordar no tiene sentido. Tienen que estar predeterminados los contenidos, porque el concepto ‘diálogo’ pasa a ser una palabra ambigua, donde a veces no se abordan los contenidos y no se resuelve. El diálogo siempre se ha realizado, pero todos los gobiernos han manipulado el concepto, generando procesos para entretener a los movimientos sociales mapuches, y con eso han distraído y distorsionado la reivindicación.

¿Qué opina de los hechos que han ocurrido este último tiempo en la zona? ¿Estos casos se alejan de la causa mapuche?

Yo asumo que hay una situación de conflicto entre las comunidades mapuche que reivindican tierras con el Estado. El conflicto refleja una injusticia que se viene arrastrando por mucho tiempo. También hay procesos donde actores externos al movimiento mapuche intentan instrumentalizar para otros fines una reivindicación legítima y digna. Es una preocupación que hay dentro de las comunidades, porque se observan actos que no se ajustan a la lucha mapuche. Es lo que ocurrió con el movimiento Zapatista en México. Estuve allá el 96-97 y conocí de cerca lo que es la lucha propia y legítima de una comunidad en la que después se entrometieron otras aristas. El trasfondo de todo eso era producir un aprovechamiento de la causa legítima y eso generó un conflicto de muerte y de luchas internas de las comunidades.

¿Se puede institucionalizar el diálogo a través de la Constitución?

Sí. Es posible establecer un mecanismo de reparación histórica, donde el Estado asuma que existe una deuda y esto tiene que ver con el derecho patrimonial, que son las tierras confiscadas y que implique devolverlas al pueblo mapuche, reparar los actos de lesa humanidad, y el otro elemento es el ejercicio de la cultura e identidad. Si en la nueva Constitución se incluyen estos tres puntos se podría garantizar una convivencia sana y duradera en el sentido de la paz.

¿Las tierras son el principal nudo del conflicto?

Sí, claramente. No es suficiente ni sustentable decir ‘hagan ejercicio de su cultura’ si no tenemos la tierra, nuestra esencia está en la tierra.

¿Eso implicaría la entrega de tierras privadas y estatales?

Algunas están en manos de forestales o colonos, entonces, ese tipo de tierras van a ser afectadas. Acá el Estado tiene que atreverse. La devolución del patrimonio territorial es lo que hoy en día los mapuches reivindican y para esto tiene que establecerse un acuerdo, recurriendo al tratado de Tapihue de 1825.

¿Cómo se podría abordar constitucionalmente el conflicto?

Quedando establecidos los derechos propios de los mapuches, bajo el principio de la libre determinación. Debe reconocerse el derecho real de los pueblos y hoy están los estándares internacionales que debieran ser el piso para avanzar en la solución de los conflictos. El artículo N°3 de la ONU sobre el derecho de los pueblos indígenas debe respetarse, ya que esto garantiza que los mapuches somos sujetos de derecho, no objetos de derecho.

¿Chile debería ser un Estado Plurinacional?

Podría ser una buena razón de convivencia de diferentes culturas, pero no me convence promoverlo, porque no es una manera de reconocer algunos derechos mínimos. En España y en Ecuador promovieron la plurinacionalidad, pero en el fondo menoscabaron un derecho esencial que es el patrimonial (tierra). No podemos solo hablar desde lo cultural si no dejamos establecido este último.

¿Qué propone entonces?

El Estado tiene que reconocer el principio de la libre determinación en todo ámbito, es decir, cultural, política, económica y social. Chile podría constituirse como un país confederado, lo que permitiría a los mapuches establecer macrozonas autónomas que nos permitan administrar los recursos y nos daría autoridad para determinar el mecanismo sobre el cual ejercer el desarrollo, sin perjuicio de que igual perteneceríamos al país.

¿Qué opina de la idea del senador Huenchumilla de traer a agentes de la ONU para establecer un diálogo?

Si es por premura podría ser válida la propuesta, es decir, un garante internacional que dé visibilidad y pueda sentar en la mesa a las comunidades mapuches y sus representantes con la institucionalidad. Eso podría ayudar a destrabar, mientras los constituyentes avanzan en la reparación y reivindicación.