“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”. Ese es parte del comunicado que la tarde del domingo emitió Presidencia luego que un reportaje -que surge de los Pandora Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que tuvo a LaBot y a Ciper a cargo del capítulo chileno- revelará que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Délano sellaron millonaria compraventa de la firma en Islas Vírgenes Británicas y cuyo último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión.

Según el reportaje, en diciembre de 2010 Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Parte de la operación se habría llevado a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La información destaca que el último de los pagos dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

En el texto emitido por Presidencia la tarde de ayer se sostiene que “en relación con un reportaje publicado en prensa el 3 de octubre de 2021, la Presidencia de la República informa que: los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.

Asimismo, agrega que “la decisión de la fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”. Además, añade que “el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia. Ni el Presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. En el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior”.

No obstante, desde distintos sectores apuntaron a que los antecedentes dados a conocer ayer no se conocían en su totalidad cuando la justicia tomó las determinaciones.

La noche del domingo se dio a conocer un video del vocero de gobierno, Jaime Bellolio, donde abordó la situación y sostuvo que “con respecto al reportaje conocido hoy (domingo), lo primero que hay que decir es que no hay ningún antecedente nuevo, todos estos hechos fueron conocidos en su minuto por la fiscalía, por los tribunales, y quedó absolutamente claro que fue todo hecho en regla en la legislación chile y que además el Presidente Piñera no había tenido ninguna participación en los hechos”.

El ministro añadió que “es de público conocimiento además que en el año 2009, el Presidente se desliga de la administración de sus empresas y sus inversiones y el 2010 hace un fideicomiso ciego. Luego, la venta de Dominga se produce el año 2010 y esto, como decía, fue investigado a raíz de una denuncia que hace ante la fiscalía un diputado del Partido Comunista y que finalmente, tanto el fiscal como los tribunales en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema fallan de manera unánime diciendo que esto estaba ajustado a la ley, que no hay ningún tipo de delito, el Presidente queda absolutamente sobreseído porque no había participado en ella y se obliga a pagar las costas de hecho, del juicio, a quien había hecho dicha denuncia”

Asimismo, Bellolio agregó que “finalmente esa última donde se concreta la venta de Dominga la empresa no había hecho ningún tipo de solicitud al Estado chileno, es decir, difícilmente el gobierno o el Ejecutivo pudieron haber tomado algún tipo de determinación” y recalcó que “en suma, todos los antecedentes hoy día presentados habían sido conocidos ampliamente por la prensa chilena, habían sido investigados por la fiscalía, por los tribunales, quedando absolutamente claro que no había ningún tipo de ilegalidad que todo se había hecho de manera correcta y por tanto no hay nada más que poder agregar al respecto”.

Tras conocerse el reportaje, los candidatos presidenciales de la oposición cuestionaron y emplazaron al Presidente de la República.

La carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sostuvo que “la información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y, además, siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común”, manifestó, apuntando también sus dardos al candidato oficialista y al del Partido Republicano: “En esto no se diferencia nada del resto de sus candidatos, Sebastián Sichel y José Antonio Kast, por eso los cambios que nosotros proponemos son necesarios en términos de políticas públicas y también éticamente. Además, no puedo dejar de mencionar que el proyecto de la Minera Dominga es un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y que debemos proteger”.

En esa misma línea, la candidata Yasna Provoste (DC) señaló que “la gravedad de lo publicado hoy (domingo) obliga al Presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales con la Minera Dominga. Chile demanda completa transparencia, es inconcebible que un Presidente de la República actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en La Higuera por asegurar un ingreso personal”.

También la carta del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a la información y sostuvo que “acabamos de informarnos -y de confirmar- que el Presidente de Chile ha faltado a la verdad una vez más, que no es Presidente de Chile, es presidente de sus negocios familiares. Y que mientras hablaba del proyecto Dominga, mientras hablaba del medioambiente en el norte de Chile, por debajo hacía transacciones para engordar su negocio familiar, sus empresas”, añadiendo que “la pregunta es qué opina su candidato, Sebastián Sichel, y José Antonio Kast, que votó dos veces por Sebastián Piñera”. Pero ME-O fue más allá, e incluso pidió a la oposición unirse para pedir la renuncia del jefe de Estado.

En tanto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, emplazó al Jefe de Estado y sostuvo: “Presidente Sebastián Piñera, esto que se lee es muy grave. No basta una declaración de la dirección de prensa de la Presidencia. Tómese el país en serio y salga a explicar esta situación. En esa línea, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, dijo que “la denuncia en Pandora Papers es gravísima, Sebastián Piñera le debe una explicación al país, porque conforme al contrato celebrado con el señor Délano, el tercer pago estaba condicionado a que el proyecto Dominga no fuera declarado una zona de protección ambiental, por tanto, su gobierno no habría actuado pensando en Chile, sino que en el interés personal del Presidente de la República, el propio Sebastián Piñera. Esto es francamente inaceptable, y no solo se requiere una explicación, sino que total transparencia al respecto”.

A su vez, El diputado DC Gabriel Silber y el del Frente Amplio Marcelo Díaz, no descartaron una posible acusación constitucional en contra del Mandatario. En esa línea, Enríquez-Ominami emplazó a Gabriel Boric a “tener el coraje” de impulsarla.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se refirió a la información dada a conocer ayer y sostuvo que “las revelaciones sobre los negocios de la familia del Presidente Sebastián Piñera, la propiedad del Proyecto Dominga y las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para determinar responsabilidades y transparentar todo”.

A las 21.46 del domingo el candidato oficialista, Sebastián Sichel, finalmente se refirió a la situación. A través de su cuenta de Twitter sostuvo que: “Respecto a #PandoraPapers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.

Cerca de la medianoche, a través de su cuenta de Twitter, desde el pacto Apruebo Dignidad emitieron una declaración pública en donde refutan lo señalado desde el Ejecutivo, en el sentido de que los hechos ya fueron investigados por la justicia en 2017 y que el informe conocido este domingo no aporta antecedentes nuevos.

“A diferencia de lo que señala el gobierno, si existe nueva información relevante, puesto que en el análisis que hizo la justicia chilena de este caso, la compraventa en paraíso fiscal con la condición de no alteración del estatus de protección de la zona no había sido revelada”, indicaron desde la coalición.

Ante esto, declararon que “estudiaremos todas las acciones de fiscalización, legales y de ejercicio de responsabilidades que sean pertinentes, tanto nacional como internacionalmente, pues estos hechos no pueden quedar impunes”.