El análisis del gobierno apunta a que cuando se aproxima una lectura de sentencia o el final de un juicio por violencia rural, se repiten atentados incendiarios en la Macrozona Sur, zona compuesta por las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos. Y así ocurrió hoy, con 12 máquinas de carga, entre ellas camiones y camionetas para faenas forestales, incendiadas por desconocidos.

Los ataques se produjeron en la Ruta P-60R que une las comunas de Cañete y Tirúa, así como en la ruta Contulmo-Purén y frente a una subestación de la empresa Frontel. “Iba con mi marido cuando escuchamos disparos, los vehículos comenzaron a parar y más adelante vimos cómo a un caballero le quitaron la camioneta. Andaban armados y con la cara tapada”, relató la copiloto de un auto que esta mañana se dirigía a Cañete. “Los conductores de forma desesperada tuvieron que retroceder y devolverse, porque si no, les quitaban el auto”, agregó.

Esto ocurrió en la antesala de un caso que hoy llegó a su fin. La Fiscalía Regional del Biobío consiguió que el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictara un veredicto condenatorio contra César Millanao Millanao (24), por los delitos de incendio, receptación y porte de municiones, registrados el 12 de agosto de 2016 en el sector Cuyinpalihue, en la provincia de Arauco.

El acusado estuvo prófugo durante casi dos años y no compareció al juicio oral que se realizó en agosto de 2017, en el que fueron sentenciadas seis personas, que también tuvieron participación en los hechos. Después de ser capturado, en 2020, Millanao Millanao estuvo en prisión preventiva, hasta el juicio oral que comenzó la semana pasada y que hoy tuvo veredicto.

Los atentados de hoy activaron la preocupación en La Moneda, en una semana marcada, además, por las protestas en el sur del país, específicamente Panguipulli y Villarrica. Por lo mismo, el encargado de la Macrozona Sur, Cristián Barra, debió retornar al Biobío (ayer había estado allá) para participar de una reunión de urgencia que se realizó en la intendencia.

Barra apuntó a las personas que están detrás de los atentados. “Aquí no son delincuentes armados, aquí estamos hablando de grupos paramilitares, preparados, que están fuertemente armados y que ocupan tecnología para definir dónde y cuándo hacer estos atentados”. Además, agregó que “lo que tuvimos es producto de la presión que se intentó ejercer, probablemente, frente a tribunales” y que ”hace pocos días en redes sociales grupos fuertemente armados mostraban pancartas precisamente, con el nombre de la persona que hoy día los tribunales encontraron culpable en las tres causas por las cuales estaba siendo juzgado. Eso no nos va amedrentar para hacer nuestro trabajo”.

El encargado del gobierno en la zona señaló que “aquí necesitamos vehículos blindados que nos permitan tener una cobertura mucho mayor en las distintas rutas y carreteras, que nos permita acceder de manera más rápida a lugares que están teniendo atentados. Son inversiones que se harán y que probablemente las podremos tener durante el segundo semestre”.

Ante ese escenario, si ya en noviembre el Presidente Sebastián Piñera había anunciado recursos por $ 1.300 millones en “equipamiento y medios logísticos para combate a delincuencia organizada en la Macrozona Sur”, ayer Barra confirmó que los montos casi se duplicaron. “Ya han sido aprobados más de $ 2.500 millones enfocados a mejorar esas capacidades que necesitamos de manera urgente”, detalló el delegado.

El dinero, según fuentes de gobierno, ya está aprobado y será inyectado en medios de transporte, drones y más recursos logísticos, tanto para Carabineros como para la PDI. Se espera que las compras de los insumos puedan concretarse de aquí al inicio del segundo semestre.

En paralelo, la Subsecretaría del Interior pidió a Carabineros elaborar un plan para trasladar más carros blindados a la zona, desde otras regiones. La idea, trascendió, es que la policía vea qué ciudades no tienen tanta necesidad de contar con estos vehículos para ponerlos a disposición de la “Comisaría Los Alamos C.O.P.”, donde están los efectivos de Control de Orden Público de la policía en la Macrozona Sur.

El gobierno, también echó a andar el aumento del personal de planta de Carabineros a más de 1.400, el aumento del número de cuarteles y la creación de la Subcomisaría de Tirúa y la 5ª Comisaría de la Unión.