Tal como lo adelantó Pulso, el Presidente Sebastián Piñera firmó este martes dos proyectos de ley que buscan mejorar el manejo de los recursos humanos en el Estado y dar mejores gobiernos corporativos a empresas y servicios públicos.
Uno, para modernizar los gobiernos corporativos de las empresas y los servicios públicos, y otro, para expandir la estructura del Sistema de Alta Dirección Pública a los directorios del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y fortalecer la Dirección Nacional del Servicio Civil.
De acuerdo a lo señalado por el Mandatario, el primer proyecto busca expandir el Sistema de Alta Dirección Pública a los directorios de las empresas del Estado y fortalecer a la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgándole mayores facultades en el diseño estratégico de políticas de personas, análisis de dotaciones, coordinación de la capacitación, selección y movilidad horizontal de los servidores públicos.
Mientras que el segundo tiene como objetivo modernizar los gobiernos corporativos de las empresas y los servicios públicos y se someterá a tramitación legislativa a través de dos vías: una indicación sustitutiva que perfecciona el gobierno corporativo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y selecciona a través de la Alta Dirección Pública a los directores de 20 empresas del Estado; y un proyecto de ley que crea una nueva gobernanza para la Corfo, pasando de direcciones unipersonales a cuerpos colegiados seleccionados por mérito. Además, perfecciona los gobiernos corporativos de Banco Estado y Enami.
“Lo que busca esta reforma es otorgar a estas empresas y servicios públicos mayor autonomía frente a los gobiernos de turno, seleccionar a los mejores para que sean los que dirijan estas empresas, fortalecer la gestión de las empresas del Estado, asegurar una mayor responsabilidad y sustentabilidad financiera de las mismas y, por tanto, poner a las empresas públicas al servicio de los ciudadanos”, explicó el Presidente.
Reacciones
En líneas generales, el proyecto fue bien recibido entre los expertos, pero con matices sobre su alcance. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica e integrante del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, sostuvo que con respecto a los gobiernos corporativos de empresas públicas y servicios “me parece que es una idea valiosa que hay que rescatar”. El académico menciona que se debe hacer la distinción entre una empresa pública y lo que puede pasar en los servicios. “Sería interesante ver una implementación gradual para cada servicio. Hay servicios que tienen una historia más larga, mayor claridad en sus metas, y a lo mejor un directorio no le aportaría tanto. Es un avance importante, pero hay que ver cómo se aplica en cada uno de los servicios”.
Luis Alberto Aninat, socio de Aninat abogados, subrayó que “este es un anuncio largamente esperado, aunque ya varias veces repetido. Hay proyectos de ley anteriores sobre la materia que no han avanzado. Lo importante es aproximarse a la conformación de cuerpo civil o centro de gobierno que sea lo más estable y permanente posible. Que se oriente a resultados objetivos y escape a los forcejeos de los tiempos políticos del país”.
A su vez, Jorge Lembeye, socio de Lembeye Abogados, comentó que “las iniciativas que buscan mejorar el carácter colegiado de la toma de decisiones y procurar la mayor calificación profesional y experiencia para el cargo de quienes son directores de las empresas aparece como una señal en sentido correcto, que permite hacer realidad la separación operativa que debe haber entre la administración de las empresas y su propiedad”.
Álvaro Moraga, abogado de Moraga & CIA comentó que “tanto en el mundo público como en el privado, los gobiernos corporativos terminan siendo serviles a quienes los nombran, desatendiendo su obligación de independencia real y de prioridad de los intereses de la empresa por sobre los del controlador”. En este contexto, añadió que “utilizar un mecanismo un poco más objetivo en la designación es obviamente mejor que las designaciones a dedo”. Sin embargo, enfatizó que “mientras el Servicio Civil dependa de Hacienda, y su director opere el Consejo de Alta Dirección Púbica, seguirá prevaleciendo la discrecionalidad por sobre la meritocracia”.
