Hace semanas que la ministra de la Justicia, Marcela Ríos, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, han sostenido conversaciones con parlamentarios oficialistas con el objetivo de consensuar una fórmula que viabilice el proyecto que busca amnistiar un catálogo de delitos relativos al estallido social de 2019.

Si bien el pasado 21 de marzo el Ejecutivo anunció la urgencia suma a la iniciativa que se encuentra en primer trámite en el Senado -en un punto de prensa al que se sumó la senadora Fabiola Campillai, víctima de violación a los DD.HH.-, hasta ahora la moción parlamentaria no ha sido puesta en tabla en la sala de esa corporación.

“Este proyecto es muy importante para nosotros en materia de DD.HH. (...), para poder cerrar o de alguna manera revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”, dijo el ministro Jackson en esa oportunidad.

La inactividad del proyecto en el Congreso, sin embargo, responde a que tanto sus promotores como La Moneda están conscientes de que no cuentan con los votos necesarios -algunas de las disposiciones del proyecto requieren de un quórum de 3/5- para su aprobación. De votarse hoy, de hecho, el Ejecutivo requeriría de respaldos opositores para la viabilidad su despacho.

Por lo mismo, y para cumplir con la promesa que hizo el propio Presidente Boric durante su campaña de dar solución a los familiares, es que el Ejecutivo está buscando caminos que generen mayor consenso.

“Entendemos que el actual proyecto de indulto no genera todo el consenso que quisiéramos en el Congreso. Pero nuestro compromiso es hacernos cargo de este tema, por lo que seguiremos conversando con todos los actores que sea necesario para dar una solución”, sostuvo a La Tercera la ministra Ríos.

Las gestiones que ha liderado la titular de Justicia fueron informadas hoy a los jefes de bancada de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático en la reunión de coordinación legislativa con el gobierno, la que fue liderada de forma inédita por la ministra del Interior, Izkia Siches.

Según fuentes del gobierno, el Ministerio de Justicia estudia, entre otras, una propuesta que le hicieron llegar a la ministra Ríos y también a Jackson el comité de la Democracia Cristiana, con alternativas a una amnistía total del delito cometido.

“Efectivamente, se habló del indulto o amnistía en general en la reunión. Lo que consideramos es que la viabilidad política del proyecto es bastante poco probable. Frente al caso, se están analizando alternativas que no sean una amnistía general, sino que de corrección de las condiciones carcelarias y, adicionalmente, buscar una salida para mejorar la situación de los antecedentes de las personas. Además, el proyecto que hay actualmente en la comisión era inocuo, pues ninguna persona estaba detenida en las condiciones que fijaba el proyecto que está en el Senado hoy día”, detalló el subjefe de bancada socialista, Tomás de Rementería.

La iniciativa, que fue despachada a la sala del Senado y busca amnistiar delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, dejó fuera del catálogo los hechos más graves, como el homicidio frustrado o las agresiones a policías, aunque incorporó los ilícitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que dicen relación con siniestros menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no exceden las 40 UTM, por ejemplo, las barricadas.

En otros temas, la Segpres detalló a los jefes de comité una serie de urgencias legislativas y otros proyectos que ingresarán al Parlamento durante los próximos días, una vez que se reanude la actividad legislativa tras la semana distrital.

Según explicaron desde el ministerio, son cuatro los nuevos proyectos de ley y más de 30 urgencias legislativas.

Por ejemplo, y tras el fracaso del retiro acotado propuesto por el gobierno para -entre otras deudas- cubrir pagos de pensiones alimenticias, se presentará un proyecto de ley que plantea un mecanismo permanente para garantizar la cobertura de esos pagos.

Asimismo, el proyecto que aumentará el sueldo mínimo a $ 400 mil en agosto ingresará este viernes con discusión inmediata.

Lo anterior viene a hacer frente a las críticas por una “sequía legislativa” por parte de la oposición. Hace algunos días, el mismo Jackson había respondido a los parlamentarios señalando que “se van a llevar una buena noticia si lo que quieren es mayor frecuencia (de proyectos y urgencias)”.

Por otro lado, y en materia de seguridad, la ministra Siches manifestó su intención de parte de Interior de ahondar -a través de un proyecto- en un control de armas más estricto, lo que podría concretarse en una iniciativa legislativa.

El subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, aseguraba -al cierre de esta edición- que están tratando de acordar una agenda legislativa para darle viabilidad, “pero el Ministerio de Seguridad Pública es una de las prioridades”, afirmó. A la vez, recalcó que se busca avanzar en el proyecto de ley de inteligencia.