Tras más de 15 meses desde que decidió retirar el proyecto de la administración anterior que buscaba perfeccionar el mercado del gas, este lunes el Ejecutivo ingresó su nueva propuesta de modificación regulatoria para la industria. Eso sí, esta vez, y tal como se argumentó al momento de retirar el proyecto anterior, la iniciativa se concentra en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), producto que es utilizado en casi el 80% de los hogares en Chile.

Pese al tiempo transcurrido, la propuesta es similar en lo fundamental a la presentada por el gobierno de Sebastián Piñera en enero de 2022, ya que ambas recogen el diseño regulatorio propuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que, en su estudio de mercado presentado en diciembre de 2021, alertaba por una baja intensidad competitiva y un alto riesgo de coordinación entre las empresas que participan del mercado -Abastible, Gasco y Lipigas- y recomendaba desintegrar la distribución minorista de la distribución mayorista de GLP, eliminando las cláusulas de exclusividad con los pequeños distribuidores.

Así, el nuevo proyecto de ley se propone mejorar la competencia del sector estableciendo la obligación de los distribuidores mayoristas de constituirse como personas jurídicas de giro exclusivo, prohibiendo todo tipo de cláusula de exclusividad e incentivos que permitan integrar ambos eslabones de la cadena logística.

Para ello, se creará un registro obligatorio de distribuidores mayoristas y minoristas de GLP, en el cual tendrán que inscribirse las empresas de acuerdo a la actividad que realicen.

En esa línea, el proyecto establece la prohibición a las personas jurídicas integrantes de un grupo empresarial, que cuenten con al menos uno de sus miembros inscritos en el registro de distribuidores mayoristas de GLP, de registrarse también como distribuidores minoristas del hidrocarburo. Dicha limitación también se extiende a participaciones en la propiedad de cada eslabón.

Para asegurar los objetivos, el proyecto también establece el acceso abierto al servicio de envasado, siempre que exista capacidad disponible, y consagra legalmente la intercambiabilidad de cilindros entre el distribuidor mayorista y los distribuidores minoristas de GLP, estableciendo además la obligación de implementar un sistema de trazabilidad de los cilindros.

Esto último recoge otra recomendación de la FNE, que en marzo de 2023 planteó que, bajo la regulación vigente sobre intercambiabilidad de cilindros “no existe información fiable de los cilindros de competidores que los actores del mercado mantienen, lo que tiene un impacto directo en la incertidumbre que enfrentan para participar en él nuevas empresas, lo que reduce la intensidad competitiva y consecuentemente, los beneficios que ella trae a los consumidores”.

Según el nuevo proyecto, el proceso será fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por medio de una plataforma informática de monitoreo, cuya información contará con carácter reservado.

Desde la cartera del ramo sostienen que el mayor resguardo a la libre competencia se da por medio de normas que prohíben el interlocking entre el mercado mayorista con el minorista, resguardando los derechos adquiridos directamente por fondos de inversión; y facilitan el monitoreo y fiscalización a la industria tanto de los organismos asociados al sector energético como al de libre competencia.

En orden a permitir una transición progresiva al nuevo esquema regulatorio, el proyecto contempla un plazo de 12 meses para separar legalmente las actividades de distribución mayorista y minorista; y 18 meses, prorrogable por una única vez hasta por seis meses adicionales, para vender la entidad de distribución que cada compañía elija enajenar; y, en paralelo, 12 meses para dejar sin efecto cualquier cláusula de exclusividad celebrada con anterioridad. Todos los plazos rigen a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

Los tiempos establecidos para la transición hacia el nuevo esquema regulatorio marcan una de las principales diferencias en relación al proyecto de la administración Piñera, que establecía 9 meses para separar las actividades y transferir los activos, recursos propios y contratos con terceros a las nuevas entidades mayoristas o minoristas; y cuatro meses para poner fin a las cláusulas de exclusividad.

De hecho, previo al envío formal de la iniciativa legal, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que la nueva propuesta plantea mayor tiempo para la adaptación de la industria, así como también por acoger el último pronunciamiento de la FNE en la materia.

“Si quisiéramos compararlo con el proyecto que fue retirado en abril del año pasado, yo diría que las principales diferencias tienen que ver con lo que está en el último informe de 2023 sobre trazabilidad de cilindros, y con el régimen transitorio, tiene un régimen transitorio para la desintegración más extenso y también más reglamentado”, explicó el secretario de Estado, tras participar en el lanzamiento de un fondo por US$1.000 millones para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile.

Con todo, Pardow mostró su confianza en que, con el nuevo proyecto, las empresas del sector “tienen el tiempo necesario para asegurar que todas las localidades que hoy tienen suministro también lo sigan teniendo, que no haya una merma de calidad, y que también nos hagamos cargo de lo que esto implica para las pymes y el empleo”.