Una “mala noticia”. Eso es lo que dice el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), que recibió este lunes por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cuando lo llamó temprano en la mañana para avisarle que la presentación del proyecto de ley corta de isapres volvió a ser postergado. Esta vez, le dijo, hasta la semana del 8 de mayo.

“Sí, me llamó”, dijo Castro a La Tercera. “El gobierno ha resuelto postergar el ingreso de la ley corta de isapres al Congreso hasta después de la elección del 7 mayo, es decir, ingresarán el proyecto la semana legislativa del 8 de mayo, pues hay temas no resueltos aún de la propuesta económica”, explicó.

El nuevo aplazamiento del ingreso de la norma fue confirmado más tarde por la ministra vocera, Camila Vallejo. Consultada por la prensa, afirmó que el proyecto “debería estar listo para ingresar a partir de la próxima semana, pero como es distrital, probablemente se materialice durante la semana subsiguiente”.

Tras conocerse en noviembre pasado el fallo del máximo tribunal que mandata a las isapres a aplicar la nueva y única tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso que se realizaron en años anteriores, en primera instancia desde el gobierno se dijo que la ley corta para cumplirlo se ingresaría a principios de marzo al Congreso. Eso no ocurrió. Luego, las autoridades sanitarias anunciaron que el trámite se concretaría durante la última semana de abril, lo que tampoco sucedió.

Vallejo aseguró que la propuesta de proyecto de ley elaborada por el Ministerio de Salud para aplicar esa resolución “ya está lista” y que solo tiene que ser revisado por Hacienda. Ello fue confirmado desde esa cartera a este medio, desde donde señalaron que el proyecto no ha sido enviado porque faltan las últimas revisiones técnicas de su repartición. Este sería ingresado a través del Senado.

No obstante, parlamentarios y exautoridades han manifestado su preocupación por el atraso, pues el 30 de mayo termina el plazo que definió la Corte Suprema para implementar el fallo.

De hecho, Castro asegura que “siento pesar, pero entiendo la posición de la ministra, pues ha querido dar celeridad desde el primer momento, y al parecer no ha tenido el acompañamiento de La Moneda para que esto sea con la celeridad necesaria. Todo indicaba que iba a ser durante la última semana de abril, pero ya no será así”.

Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y actual jefa de la unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, sostiene que el gobierno “no puede ni debe seguir dilatando la respuesta para darle certeza a más de 3 millones de chilenos que son parte del sistema asegurador privado. Sin lugar a dudas, tampoco puede retrasar una promesa hecha por ellos mismos que es fortalecer el sistema asegurador público. Esperamos de verdad que se puedan resolver las diferencias entre las autoridades para que podamos avanzar en una agenda legislativa que proteja la salud de las personas”.

Junto a la dilatada presentación del proyecto, los plazos para definir las vías de aplicación de lo resuelto también son tema de discusión y hay voces que advierten que las autoridades tendrían que solicitar más tiempo a la Suprema.

Sin embargo, la titular de la Segegob descartó esta posibilidad: “En la medida en que ya tengamos la presentación del camino que se va a seguir, damos cumplimiento al paso más importante, pero todo esto se va evaluando en el camino si se requiere observar más, o más tiempo para poder darle espacio al Congreso Nacional en su tramitación. Será algo que se evaluará”, señaló Vallejo.

En este tema, si bien el estudio del caso ha estado liderado por el superintendente de isapres, Víctor Torres, y la titular de Salud, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha apoyado el trabajo de la secretaria de Estado con miras a entender las implicancias del dictamen y elaborar la fórmula mediante la cual darán cumplimiento al mismo sin que se desate un colapso en el sistema.

Así, tras un trabajo conjunto de las partes, La Moneda llegó a la conclusión que con el envío de un proyecto de ley que busque introducir los cambios necesarios estarían dando por cumplido con lo mandatado por el máximo tribunal. Con ello, por lo demás, la Superintendencia evitaría tener que pedir una prórroga a la entidad encabezada por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, como han solicitado parlamentarios los últimos días.

“Si se requiere más tiempo para que el Congreso tenga más plazo para su tramitación, se evaluará, pero ya ingresando el proyecto damos cumplimento al plazo”, reiteró la ministra vocera de gobierno.

Eso sí, la Tercera Sala del máximo tribunal tendrá que pronunciarse nuevamente y, según conocedores del caso, habría tres opciones: que entiendan por cumplido el fallo; que tomen conocimiento, pero que pospongan un pronunciamiento hasta tramitado el proyecto; o que entiendan que hay incumplimiento. Ante este último escenario, en los pasillos de la Corte Suprema comentan que el Ejecutivo tendrá que demostrar cómo y por qué entienden que presentando el proyecto dan por cumplido lo ordenado.

En ese sentido, Vallejo añadió que “se ha llegado a una fórmula que creemos que es una salida importante a la crisis que tenemos y que va muy de la mano, además, para tener un Estado más preparado para recibir a los usuarios de las isapres que ya han ido migrando al sistema de Fonasa”.

El martes pasado, cuando la ministra Aguilera asistió a la Comisión de Salud del Senado, detalló que el proyecto fortalecerá a las instituciones públicas. “Se va a dotar a la Superintendencia (de Salud) de las facultades que carece y que son necesarias para implementar las instrucciones de la Corte Suprema. Se adecuarán las normas del sistema privado ante la insolvencia y se fortalecerá Fonasa. Esos son los objetivos principales de la propuesta”, explicó durante la reunión.

Junto con ello, añadió que se podrá “facultar a la Superintendencia para que en caso de insolvencia (pueda) designar de forma más oportuna a un administrador previsional de manera que prevenga una posible quiebra”.