El martes 31 de agosto el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se contactó con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para solicitarle una audiencia, la que se concretó ayer cerca de las 11.00 horas y a la que también asistió el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

Delgado y Galli -quienes se reunieron por cerca de una hora con Silva- transmitieron, según fuentes de gobierno, su inquietud por lo que, a su juicio, es un cambio de criterio de la Corte Suprema a la hora de concretar las expulsiones de migrantes.

Desde febrero que el Ejecutivo ha impulsado el denominado “Plan Colchane” como una medida para poner freno a los ingresos ilegales de inmigrantes a través de pasos no habilitados de la Región de Tarapacá. E Interior sostiene que ha habido aumento de los ingresos clandestinos durante agosto, los que en meses previos habían sido controlados, luego de la aprobación de la Ley de Migraciones.

A ese escenario se suma que varias organizaciones de migrantes han cuestionado las expulsiones del Ejecutivo y han presentado recursos de amparo para frenarlas.

En la cita de ayer -sobre la cual Interior subió una foto a su cuenta de Twitter señalando que correspondía a una “reunión de trabajo”-, las autoridades, según afirman en Palacio, manifestaron a Silva que consideran que ha habido un cambio de criterio de la Corte para proceder a las expulsiones. Delgado y Galli argumentaron que -según han advertido- los tribunales ya no están aceptando expulsar a migrantes sólo con el motivo de su ingreso clandestino -como ocurría hasta febrero, según dice el gobierno-, sino ahora que también están exigiendo otras consideraciones para concretar la medida, como por ejemplo, que se persiga penalmente a quienes ingresen de forma ilegal y mayores antecedentes sobre el ingreso clandestino y no sólo el parte policial.

En el Ejecutivo hay inquietud porque ven que cada vez con mayor frecuencia los tribunales acogen recursos de amparo o dan orden de innovar a los casos impidiendo que se concreten las expulsiones. Y esto, agregan las mismas fuentes, provoca que haya un incentivo a los extranjeros para entrar de manera clandestina al país.

En ese sentido, Delgado y Galli transmitieron en el encuentro -el que habría sido cordial y en buenos términos- que respetan la autonomía de la Corte, pero que había que revisar el tema y unificar el criterio.

La cita se produjo luego de que Delgado dijera el sábado 28 de agosto en un punto de prensa que “quiero decirlo sinceramente: el ‘Plan Colchane’ no ha cambiado, como muchos creen. Lo que ha cambiado, lamentablemente, son los criterios de las cortes”, agregando que “vamos a seguir expulsando, hay más de 20 mil personas notificadas y eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Vamos a reforzar la frontera? Vamos a reforzar la frontera. ¿Vamos a tratar de dar señales concretas? Por supuesto, y vamos a hacer todos los operativos que den cuenta de una señal potente y concreta de que vamos a seguir en esa línea”.

Desde el Poder Judicial, en tanto, confirman que el Ejecutivo solicitó la reunión para hablar de la preocupación que les ha generado la posición de la Corte Suprema respecto al tema de las expulsiones de extranjeros que no han regularizado su situación migratoria.

Fuentes judiciales explican, en todo caso, que tales reuniones son regulares, pero que tras la cita no hubo ninguna medida concreta. Esto pues el ministro Silva escuchó los reparos del gobierno sobre un supuesto cambio de criterio y, si bien les señaló, que él estaba al tanto de dicha preocupación, no podía hacer nada pues cada sala opera de forma autónoma, como es el caso de la Sala Penal en la que se deciden estos casos.

Como sea, la tensión entre ambos poderes ha ido aumentando a raíz del tema. Ayer la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue consultada por los dichos de Delgado del fin de semana, a lo que respondió: “Bueno, si el criterio ha cambiado, y es el criterio del Máximo Tribunal, pareciera que el criterio que debería cambiar es el del Ministerio del Interior”.

Y añadió: “Con todo, los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema, dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los migrantes”.