El gobierno presentó un nuevo plan para ayudar a la clase media a sobrellevar la crisis económica que ha provocado el Covid-19. Si bien el proceso de vacunación avanza a paso firme, todavía queda bastante camino para poder levantar las restricciones de movilidad.

De hecho, desde el sábado toda la Región Metropolitana estará en fase 2, es decir, con cuarentena los fines de semana, con ello el comercio no podrá abrir. Además, al acortar nuevamente el toque de queda a las 22 horas, deberán cerrar sus puertas a las 20 horas durante los días de semana. Los gimnasios y los casinos tendrán que dejar de funcionar nuevamente.

Todo esto si bien es una medida necesaria para evitar que se siga expandiendo el virus, trae consigo efectos colaterales económicos a las familias.

Para intentar paliar esos efectos, el gobierno ingresará un proyecto de ley que establece un nuevo Bono Clase Media y un Préstamo Solidario para la protección de los ingresos de la clase media, que beneficiará a más de 1,5 millones de personas.

En este contexto, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que el bono será entre $400 mil y $600 mil dependiendo del número de personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años o más, niñas, niños y adolescentes que vivan en el hogar.

Lo anterior, señalan en el gobierno, siempre y cuando el beneficiario cuente con Registro Social de Hogares, en cuyo caso el beneficio variará según la siguiente estructura: si en un hogar hay 0 personas con las características mencionadas el monto será de $400 mil; si hay 1 persona con esas condiciones $500 mil; 2 personas $550 mil ,o 3 o más personas de las mencionadas $600 mil.

Dentro de los requisitos está tener ingresos formales entre $400 mil y $2 millones y haber experimentado una caída en al menos 30%, considerando como fuentes de ingreso el empleo dependiente, boletas de honorarios e ingresos de empresas individuales. La caída de ingresos se calculará entre el ingreso promedio de enero y febrero 2021 en comparación con los mismos meses del 2020.

Adicionalmente, se incorporarán a aquellos trabajadores que tengan ingresos formales entre el salario mínimo y $400 mil, a los cuales se les eximirá del requisito de la caída de ingresos. De esta forma, el beneficio también logrará llegar a conductores formales, garzones y otros grupos que de otra forma no podrían acceder ante la imposibilidad de demostrar caída de ingresos y por la informalidad de sus ingresos variables.

A diferencia del proceso anterior, esta vez no habrá autodeclaración, sino que se considerarán exclusivamente los ingresos formales presentes en los registros administrativos.

La segunda medida es un préstamo sin intereses, con un año de gracia, contingente al ingreso a pagar en 4 cuotas anuales, que no podrán exceder el 5% de los ingresos anuales totales del trabajador. Los requisitos serán tener también una caída en el ingreso formal de al menos 30%, considerando como fuentes de ingreso el empleo dependiente, boletas de honorarios e ingresos de empresas individuales. La caída de ingresos formales se calculará comparando el ingreso promedio de enero y febrero 2021 con el ingreso formal de los mismos meses de 2020.

El monto que se podrá solicitar corresponde al 100% de la caída de ingresos formales, con un tope máximo de $650 mil por cuota. Para el caso de funcionarios públicos, se considerará el ingreso promedio anualizado para la estimación de la caída.

En tercer lugar se extenderá el subsidio especial al arriendo para familias que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. Este beneficio comenzó su primera entrega durante el segundo semestre de 2020 e iniciará un nuevo proceso de postulación durante marzo de este año.

Matías Acevedo, Director de Presupuestos, sostuvo que las medidas tienen un costo fiscal de hasta US$ 1.000 millones y movilizarán préstamos solidarios por hasta US$ 2.000 millones. El financiamiento provendrá de los recursos del Fondo Covid, que se encuentran en el Presupuesto 2021″.

El anuncio de alguna manera busca frenar la arremetida de un grupo de parlamentarios de oposición que pretenden avanzar en un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que estas medidas buscan “ir en ayuda de nuestros compatriotas que lo siguen pasan mal y que lo necesitan. Es una ayuda rápida con montos que son importantes”. Sobre el tercer retiro, Cerda dijo que “eso está fuera de nuestro ordenamiento legal y si es necesario ir al Tribunal Constitucional, lo haremos”.

Los parlamentarios de oposición si bien valoraron el anuncio y que se analizará en su mérito cuando llegue el proyecto al Congreso, en ningún caso frenará la tramitación del tercer retiro que ya fue declarado admisible en la Cámara de Diputados y que comenzará su trámite legislativo en la Comisión de Constitución durante las próximas semanas.

Además, es uno de los temas prioritarios del inminente nuevo presidente de esa instancia, Marcos Ilabaca (PS). “Es un proyecto tardío, pero no me niego a poder aprobarlo si es que va en beneficio de los chilenos, pero en ningún caso detendrá el proyecto que busca el tercer retiro”. El legislador añadió que él debería asumir la presidente de la comisión la próxima semana y, por ende, anticipó que “se puede comenzar a discutir la semana subsiguente”.

Gabriel Silber, diputado DC y uno de los impulsores del tercer retiro, comentó que en “el Congreso vamos a apoyar estas medidas, pero en ningún caso puede ser considerado como moneda de cambio, sino más bien se complementan. El tercer retiro es una medida directa y además ha evitado que la economía se desplome”.

El saliente presidente de la Comisión de Constitución, diputado Matías Walker (DC) sostuvo que “he advertido que un tercer retiro es inviable, porque sabemos que el proyecto llegará hasta el Tribunal Constitucional y no hay que generar falsas expectativas”.

Para Walker “el gobierno tiene que hacer algo más audaz si es que en verdad quiere establecer una alternativa más efectiva y no signifique que el costo lo terminen pagando los trabajadores. Y una idea viable es establecer una renta universal de emergencia acotada hasta el 30 de junio y que abarque el 90% más vulnerable de la población”.

Carlos Montes, senador PS, subrayó que “no tengo toda la información, pero si es igual al anterior no satisface en ningún caso las necesidad actuales”. Para Montes, “el tercer retiro es otro debate aparte”.

Desde el oficialismo, el senador José García Ruminot (RN) mencionó que “el tercer retiro, con toda seguridad, será declarado inconstitucional por el Tribunal, considerando que así lo calificó en meses recientes. Por tanto, los anuncios del Presidente responden al real interés de apoyar a sectores medios de la población que enfrentan dificultades económicas”.

Mientras que Patricio Melero, diputado UDI, comentó que “esto debiera desincentivar los proyectos o ideas de echar mano a los fondos de pensiones. Esta es una transferencia directa a las personas de clase media que debiera permitir sobrellevar de mejor manera la pandemia”.