Este lunes el gobierno le bajó un cambio a la tramitación de la ley corta de pensiones, pues retiró la urgencia de discusión inmediata que tenía y le puso urgencia suma. Ello, luego de las modificaciones que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo, donde cambiaron prácticamente todo el proyecto que había ingresado el Ejecutivo mediante indicaciones que el mismo secretario de la instancia advirtió que eran inadmisibles y, por ende, inconstitucionales.

Así las cosas, los diputados de la Comisión de Hacienda, que sesionaron este lunes por primera vez, señalaron que habrá cerca de una quincena de invitados que serán escuchados en dos o tres sesiones de audiencias. La primera de ellas se realizará este martes y la segunda este miércoles.

El lunes 25 de octubre planean finalizar estas sesiones de audiencias y hasta ese día habrá plazo para ingresar indicaciones. No descartan comenzar ese mismo día votando la iniciativa, para finalizar el 26 de octubre despachando el proyecto. En ese caso, estaría en condiciones de votarse en la sala de la Cámara de Diputados recién el 27 de octubre.

Cuando el presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (exDC), consultó al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, si es que estaba de acuerdo con este calendario, Cerda señaló que “efectivamente estamos de acuerdo con cambiar la urgencia del proyecto en vista de los cambios que ocurrieron en la Comisión de Trabajo. Nos gustaría, obviamente, que pudiéramos discutir el proyecto con mayor detención”.

El titular de Hacienda recordó que el proyecto “tuvo cambios muy significativos en la Comisión de Trabajo”, y agregó que “no fue el Ejecutivo el que incorporó estos cambios”, por lo que “a nuestro juicio vulneran la institucionalidad vigente”.

Es más, dijo que al mirar el gasto que implicaría este proyecto con los cambios introducidos por los diputados, serían US$1.000 millones adicionales lo que costaría solo en 2022, versus lo que tenían estimado inicialmente. “Esto muestra claramente la inadmisibilidad de estas indicaciones”, comentó.

Y concluyó que lo que hicieron las indicaciones de los diputados “es que más que doblaron el costo del proyecto”. En esa línea, entregó cifras concretas: el gasto inicial que tenía el proyecto cuando lo ingresaron era de US$1.022 (0,32% del PIB), pero con los cambios hechos por los diputados subió a US$2.044 millones (0,64% del PIB) para 2022. “Eso significa que quedamos desfinanciados”, dijo Cerda, cuestión que repitió varias veces durante su presentación.

Esto además, porque tras las modificaciones que también hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo en exenciones, el proyecto ahora podría recaudar US$905 millones (0,27% del PIB), versus los US$1.105 millones (0,33% del PIB) que recaudaba inicialmente. “Estamos desfinanciados en casi US$1.140 millones”, detalló Cerda.

Y agregó que “el problema es que (...) es un gasto fiscal muy relevante, US$1.000 millones (adicionales) en 2022, pero que en 2035 llega a US$1.600 millones. La mayor parte de ese gasto corresponde a la reducción de la edad para poder hacer uso del sistema del Pilar Solidario (lo bajaron en mujeres de 65 a 60 años), pero también el aumento de la Pensión Básica Solidaria (PBS) tiene un impacto que llega prácticamente a los US$200 millones al 2027. También tenemos (efectos) por los aumentos de cobertura (al 85% del Pilar Solidario)”.

Así, dijo que “el aumento de gasto fue muy fuerte en estas indicaciones, para nosotros es muy difícil de financiar”.

Respecto al cambio de recaudación del proyecto, Cerda precisó que “al modificarse las ganancias de capital y ponerlo como ingreso general, que tributen como global complementario, eso aumenta en US$231 millones (la recaudación), pero eso va a tener una serie de impactos sobre nuestro mercado de capitales que pueden ser muy importantes. Dicho eso, al eliminarse el IVA a los servicios, que son prácticamente US$431 millones, lo que terminamos recaudando en este momento son US$905 millones. Es decir, prácticamente US$200 millones menos que con lo que ingresamos”.

El ministro indicó que hay varias luces de alerta. Aparte de que el proyecto quedó desfinanciado, señaló que “se modificó la tributación a las ganancias de capital, y se modificó de una forma tal, que hoy día creemos que eso puede tener un impacto importante sobre el mercado financiero. Estamos de acuerdo en avanzar, pero creemos que hay que ir avanzando paulatinamente”.

Dijo que “altas tasas impositivas pueden afectar nuestra competitividad respecto a otras economías, en el sentido de que si queremos atraer capitales a nuestro país para poder financiar distintas iniciativas, en la medida que estamos poniendo una tasa impositiva muy alta, va a llevar a pensar a muchos inversionistas si vienen o no vienen a Chile (...) Las empresas chilenas van a tener que buscar financiamiento externo, porque en la medida en que también tengamos un mercado de capitales menos desarrollado, eso va a significar que cada vez necesitemos mayor financiamiento de afuera”.

También advirtió sobre “modificaciones a la seguridad social que tienen que discutirse con más detalle”. Por ejemplo, habló de los cambios que se hicieron al DL3.500, que básicamente son todas las modificaciones introducidas a las AFP.

Cabe recordar que cuando se tramitó la reforma previsional, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó indicaciones que el secretario de la instancia había advertido que serían inadmisibles. Sin embargo, cuando llegaba el proyecto a la Comisión de Hacienda, no se aprobaban este tipo de indicaciones.

La Comisión de Hacienda está integrada por los diputados Lorenzini, Sofía Cid (RN), Marcelo Díaz (UNIR), Javier Hernández (UDI), Cosme Mellado (PR), Manuel Monsalve (PS), Daniel Núñez (PC), José Miguel Ortíz (DC), Leopoldo Pérez (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Alejandro Santana (RN), Marcelo Schilling (PS), y Gastón von Mühlenbrock (UDI).