Gobierno y senadores buscarán fórmula para enfrentar impagos en cuentas básicas, que podrían sumar US$460 millones

La ley de servicios básicos, vigente desde el 1 de agosto y que ya fue prorrogada una vez por un plazo de cuatro meses, volverá a ampliar su vigencia, esta vez hasta el 31 de diciembre. Esto, de no mediar inconvenientes en la tramitación de un proyecto de ley que fue aprobado este martes en la comisión de Economía del Senado y que ahora deberá ser visto por la sala y luego, la Cámara de Diputados.

El proyecto corre contra el tiempo, porque la norma vigente vence el 4 de mayo, martes de la próxima semana. Pero al mismo tiempo, existe preocupación por lo abultado de las cuentas impagas que se están acumulando, lo que hará bastante complejo que las familias puedan ponerse al día en sus obligaciones, una vez que concluya el estado de emergencia.

Para abordar ese tema, un grupo de senadores de oposición, liderados por el parlamentario DC Jorge Pizarro, propuso incorporar a la tramitación del proyecto un mecanismo para facilitar el pago de las cuentas, que incluye aporte estatal y condonación de una parte de la deuda por parte de las empresas. Esta propuesta fue trabajada con expertos de la Universidad de Santiago, quienes expusieron en la sesión de este martes los lineamientos de la misma.

No obstante, la comisión acordó finalmente separar los temas y, dada la premura por el término de la vigencia de la ley, avanzar en el proyecto que amplía el plazo y, en paralelo, conformar una mesa de trabajo que aborde la situación de largo plazo. En esta comisión participarán los senadores de la comisión de Economía, además del parlamentario PPD Guido Girardi (que no es parte de la instancia), más los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno; Energía y Minería, Juan Carlos Jobet; y Economía, Lucas Palacios. Se espera que en algunas sesiones sean invitados representantes de la industria sanitaria, eléctrica y de gas por cañería.

Esta mesa comenzará a sesionar esta semana con miras a establecer una solución, ya sea por la vía de un proyecto de ley, o bien, una salida administrativa.

El experto de la Usach, Humberto Verdejo, dio detalles de la propuesta, que consiste en un mecanismo para resolver la deuda que se va a generar hasta el 31 de diciembre de 2021. Según sus cálculos, la deuda acumulada de agua potable está en torno a $81 mil millones, en electricidad otros $114 mil millones, pero a diciembre podría sumar unos US$460 millones.

Por ello, se propone crear un mecanismo solidario con fondos estatales para ayudar a las familias en el pago de servicios básicos, pero también asegurar la cadena de pagos. “A la fecha, las empresas de distribución están asumiendo los costos financieros respecto de la deuda que se está incrementando. La experiencia muestra que es posible que el Estado defina fondos que permitan solventar la deuda y evitar problemas dentro de la cadena de pagos”, señaló el experto.

La propuesta consiste en pagar la deuda acumulada al 31 de diciembre de 2021 en cuatro años, con dos escenarios. En el primero, las empresas asumen el 25% de la deuda, el gobierno otro 25% y los usuarios, un 50%. El escenario 2, en que no existe patrocinio del gobierno, las empresas condonan el 25% de la deuda y los usuarios asumen el 75% de la misma.

El senador DC Jorge Pizarro, impulsor de esta propuesta, señaló que ésta se hace cargo no solo del problema de los usuarios, sino que también da certezas a las empresas de servicios básicos. “Aquí tenemos un problema político y un problema social. El problema social es el que tienen las familias que no están pudiendo pagar las cuentas. Eso está vinculado a la pandemia. Y los efectos económicos se van a agudizar el año próximo y los que vienen. Pero a las empresas les está pasando lo mismo o peor, están dejando de recibir ingresos y eso les genera un hoyo y un problema grande en términos del financiamiento para sus operaciones”, indicó el parlamentario.