La norma que nacionaliza “todos los bienes” de empresas de explotación y exploración minera, consiguió ser aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, dejando en estado de alerta a los gremios del sector.

La iniciativa presentada por la convencional Ivanna Olivares, de Pueblo Constituyente, fue votada por separado, contando con el respaldo de 13 convencionales y el rechazo de otros seis aquella norma que apunta a la nacionalización y “nueva gestión social y ambiental” del cobre, el litio y otros bienes “de carácter estratégico para el país”. Así, establece que será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y control de la actividad minera, al mismo tiempo que toda explotación de los bienes estratégicos deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Otra de las normas aprobadas de la misma iniciativa, con once votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, señala que el Estado tiene el dominio “absoluto y exclusivo” de todos los bienes estratégicos, lo que incluye a todas las minas. Además, establece que las concesiones mineras “cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, la que se extenderá a los bienes de terceros de cualquier clase.

A la luz de los detalles, Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, indica que “resulta lamentable que algunos de los integrantes de la Comisión de Medioambiente desconozcan derechos adquiridos, se extralimiten abiertamente en sus atribuciones e incluso desconozcan ingenuamente el principio de la realidad”.

Si bien, señala comprender que se trata de “manifestaciones de voluntad preliminares”, le alarma “la destemplanza y frecuencia que están teniendo estas ‘aprobaciones generales’, están generando una incertidumbre que excede con creces la que existe naturalmente en un proceso constituyente”.

Desde el punto de vista de Villarino, “en el caso de que se realicen cambios en materia minera a nivel constitucional, esperamos que éstos tengan una mirada de largo plazo que potencie a la industria y su sustentabilidad, así como que se implementen y regulen de manera eficiente y equitativa”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, fue aún más severo frente a las novedades de la Convención. “Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, señaló en un comunicado.

El representante gremial agrega que al escuchar los argumentos que justificarían esta decisión de la Comisión de Medio Ambiente, “no se pondera el impacto que tendría una medida de esta naturaleza. Se pretende que, a través de una nacionalización, se manejará el precio del cobre, que se determina en mercados internacionales. Preocupa la falta de información detrás de la aprobación de una medida como esta”.

María Trinidad Castillo, constituyente por el distrito 5 y parte del Colectivo Socialista, llama a tener precaución en el análisis, tanto porque la norma será discutida en particular, como porque prontamente será votada otra norma en la materia, “la que si bien comparte el diagnóstico de lo que se acaba de votar, propone mejores soluciones a los problemas detectados”, indica.

En lo que hay consenso es respecto a que “la industria minera no se ha hecho cargo de sus intereses públicos en varios sentidos. Ha desplazado a población de sus territorios, ha destruido ecosistemas, no ha tenido las consideraciones socio ambientales necesarias, ni ha dejado suficientes riquezas al Estado como corresponde”. Respecto a este último punto, recalca que “los bienes naturales son de todos los chilenos y el Estado no ha sido debidamente recompensado por eso, muestra de aquello es la lenta e insuficiente discusión del royalty”.

Dicho lo anterior, María Trinidad indica que “no nos parece que la forma de corregir esos problemas pase por la nacionalización de todas las empresas y sus bienes. Nosotros, con un sistema de concesiones más acotado, que pueda responder al interés público, podríamos quitar la concesión a un privado que estuviera ejerciendo minería de forma inadecuada”.

Subraya entonces, que “no veo por qué apropiarse de todos los bienes, incluso aquellos no necesarios para la producción como una oficina corporativa en Antofagasta o Santiago, podría ser de ayuda para solucionar esos problemas. Eso simplemente nos traería costos brutales en indemnizaciones, además que ellos proponen una fórmula de indemnizaciones que es absolutamente impracticable y arbitraria que nos llenaría de demandas internacionales que no tendríamos capacidad de solventar como Estado”.

En una línea similar Juan José Martin, constituyente del distrito 12 y coordinador de la Comisión en cuestión, indica que no apoyó la norma “principalmente porque hay otra que ingresamos que nos parece que aborda el estatus minero de manera más transitiva y no necesariamente implica expropiaciones de manera inmediata, entonces tiene un acercamiento, una sensibilidad, diferente”.

“Lo que ocurrió hoy es la apertura a un diálogo que va a seguir siendo construido y, en ese sentido, llamo nuevamente a que no se prendan alarmas injustificadas. Se aprobó a abrirse al diálogo en esas temáticas, que independiente de que estemos de acuerdo o no es una decisión democrática y se va a dialogar, se va a conversar. Nosotros esperamos que nuestra norma también sea aprobada y con ambas sobre la mesa podamos seguir construyendo en conjunto para luego resolver las diferencias y proponerle una norma de estatuto minero al pleno de la Convención”.

Haciendo eco de lo que señalan los convencionales, una fuente de la industria asegura que están siguiendo esto con calma. “Esto recién empieza. Esta es una moción, pero de aquí a que termine este proceso pueden pasar muchas cosas en el camino”. En ese marco, asegura que “no se han encendido las alarmas. Estamos stand by esperando ver qué va a pasar”.