Luego de que el pleno de la Convención Constitucional aprobara un quórum de reforma constitucional de 4/7 por parte del actual Congreso, con el requisito de un referéndum para materias consideradas sustanciales, se han levantado críticas desde algunos sectores, los que apuntan a que podría existir un “cerrojo” para eventuales reformas, incluso comparable, según dicen, con el de la actual Constitución.

Así, desde Horizontal, el think tank ligado a Evópoli y fundado por, entre otros, Ignacio Briones, estiman que el 75% dee los artículos del borrador de nueva Constitución requerirían de un quórum de 4/7 por parte del actual Senado y Cámara de Diputadas y Diputados -más un referéndum-, o bien de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para ser reformados. Este cálculo se hizo a partir del texto armonizado -aún no aprobado por el pleno- y las normas transitorias disponibles hasta el 15 de junio.

La idea del quórum transitorio de 4/7 surgió de un acuerdo alcanzado entre todos los colectivos de izquierda de la Convención -Colectivo del Apruebo, los socialistas, Independientes No Neutrales, el Frente Amplio, Chile Digno, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y la Coordinadora Plurinacional-, luego de que se levantara una polémica por la propuesta inicial, que era establecer un quórum de 2/3, la que fue transversalmente criticada, justamente, por ser considerada como un “cerrojo”.

En esta línea, desde Horizontal sugieren que los quórum necesarios para cambiar la nueva Constitución ya aprobados por el pleno “representan un cerrojo que dificultará la reforma” de la Carta Magna previo a su entrada en vigor, el 11 de marzo del 2026. De entrar en vigor en esa fecha, de acuerdo al think tank, la propuesta constitucional poseería una mayoría de artículos que requerirán de 2/3 de los legisladores para ser reformados o de 4/7 más plebiscito, por lo que, según sostienen, sería más difícil de reformar que la Constitución actual.

A modo de comparación, estiman que en la actual Constitución un 21% de las materias requiere de un quórum de 2/3. El resto, según sus cálculos, exige uno de 3/5.

Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, sostuvo que “los cerrojos están en las materias más relevantes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Estado regional, reforma y reemplazo de la Constitución, entre otros. Por lo tanto, las reformas que se puedan realizar con quórums más bajos entre el 2022 y el 2026 no alterarán los artículos más sustanciales de la propuesta de la Convención”.

Debido a estos cálculos, sugieren que la idea de aprobar para reformar pierde factibilidad. Esta tesis, en todo caso, no es nueva. El día de la votación del informe de Normas Transitorias, el convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) advirtió: “Se acaba el aprobar para reformar. Los que creían que podían aprobar para luego reformar, deben saber que no podrán hacerlo hasta cuatro años más, porque este Parlamento es declarado interdicto en la práctica”.

En esta línea, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo en entrevista con La Tercera PM que en su partido se van “a posicionar desde el aprobar para mejorar”.

Además, en Horizontal reconocen que, a partir de 2026, el 57% de los artículos del proyecto de nueva Constitución necesitaría de 4/7 de los diputados y representantes de las regiones -como se llamará a quienes integran la Cámara de las Regiones- más plebiscito, o bien 2/3 para lograr saltarse el referéndum.

Y eso no es todo. De acuerdo a Obach, existe voluntarismo en quienes ponen sus expectativas en la opción de reformar el texto propuesto. “Las normas aprobadas no son accidentales, son el resultado de acuerdos políticos suscritos, en gran parte, por miembros del Partido Comunista y el Frente Amplio. Si la propuesta de Constitución es aprobada, estos acuerdos se consolidarán y será muy difícil revertirlo”.

En todo caso, entre los convencionales que apoyan el quórum definido por el pleno y los partidos de Apruebo Dignidad transmiten que la posibilidad de realizar un plebiscito hace mucho más democrático el proceso de reforma. En el caso de la propuesta de nueva Constitución, lo clave, agregan, es que termina con las leyes orgánicas constitucionales.