El radar del Ministerio Público está puesto de lleno en la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. A estas alturas eso ya es un hecho de la causa, luego de que un informe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI advirtiera que “existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”.
Aunque hasta el momento no se ha logrado vincular a Pérez en los hechos indagados, la Fiscalía sí mantiene sospechas sobre la parlamentaria, quiera era pareja del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, cuando este cerró tres convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones, en 2022. El director del Servicio, al momento de la transacción, era Carlos Contreras, militante RD, y exjefe de gabinete de la diputada.
Para ir despejando y ampliando líneas investigativas, es que el 1 de agosto, el fiscal del caso, Cristián Araya, pidió una diligencias fundamental: alzar el secreto bancario de la parlamentaria, Andrade y también Contreras. Lo hizo a través de un oficio reservado al cual accedió La Tercera.
En el documento, el persecutor escribió al Juzgado de Garantía de Antofagasta que “la Fiscalía se encuentra investigando los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco (...) que se habrían cometido el año 2022, con ocasión de la celebración de Convenios de Transferencia de Fondos, entre la Sermia de Vivienda de Antofagasta y las fundaciones Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Tomarte y Educación arte y Cultura Movimiento FIBRA, por sumas que oscilan entre los $400 y $577 millones , por cada una. Igualmente, entre los gobierno regionales de Antofagasta y de Talca, y las fundaciones Procultura y Urbanismo Social, respectivamente”.
Es en base a esto que pidió al tribunal que, en el caso de las transferencias a Democracia Viva, a participación en los delitos antes enunciados que pudieron haber tenido el exseremi, Sr. Carlos Contreras Gutiérrez Cl, Daniel Andrade Schwarze y la H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, atendido a que entre aquéllos existían vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática”.
Catalina Pérez, por ahora, ha mantenido su defensa centrada en que ella no intervino en nada respecto de los convenios. Lo que sabía o no, no lo ha descartado o afirmado.
Luces de esto último dio el secretario general de RD, Edson Dettoni, quien declaró ante la Fiscalía que “l 27 de junio de 2023 me enteré que Catalina Pérez sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, dado que un militante de nombre Pablo Espinoza Espinoza me contó que ya otra militante, Paz Fuica, concejala de Antofagasta, había puesto una alerta respecto a que se veía feo estos convenios, lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, lo que implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente. Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante del partido y además ex asesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”.
El abogado de Pérez, en tanto, Gonzalo Medina, descartó toda vinculación ilícita de su representada en la causa. “Acá hay un intento de presionar a través de la prensa para fines judiciales. Catalina Pérez jamás intercedió ante ninguna persona por los convenios (...) Cuando supo de los convenios no dimensionó los efectos políticos que esto iba a provocar”, dijo.
“Sin comunicación a los afectados”
En el requerimiento de la Fiscalía se detalla que “los convenios se motivan en tratos directos, sin la existencia de licitación o concurso previo, por elevados montos de dinero, que se parcializan en distintos convenios por un valor que no permite que sean objeto de revisión por parte de la Contraloría Regional de Antofagasta”.
Las relaciones interpersonales de los investigados, como la manera en que se adjudicaron los fondos para Democracia Viva, fundan gran parte de las sospechas y preguntas de la Fiscalía. Por lo mismo, exponen ante el tribunal que “resulta indispensable para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados el alzamiento del secreto bancario respecto del Sres. Carlos Contreras Gutiérrez, Daniel Andrade Schwarze, de H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas y de la Fundación Democracia Viva”.
Y para ser aún más específico, el Ministerio Público adjunta las cuentas corrientes de los Contreras, Andrade y Pérez. Según el escrito, la diputada mantiene cuatro cuentas corrientes -el exseremi registra dos y el representante de Democracia Viva, una- en los bancos Estados, Chile, Bci y Scotiabank.
Por último, el ente persecutor solicitó el alzamiento del secreto bancario sea respecto del período que va entre el 1 de enero del 2022, hasta el último movimiento actualizado, es decir, agosto de este año y que “esta diligencia sin previa comunicación de los afectados y que, asimismo, que esta solicitud y su proveído no sean subidas a la página web del Poder Judicial, ya que su conocimiento pone en riesgo su éxito y ello resulta indispensable para el mismo y la integridad de los funcionarios encargados de la investigación”.
Declaraciones, cuentas bancarias, informes policiales y revisión de teléfonos celulares, son parte de los caminos que el Ministerio Público está explorando para armar un puzzle judicial que cada vez más fija la mirada en Revolución Democrática y sus militantes.
