Solo dos diputados de Apruebo Dignidad aprobaron este lunes en la Cámara de Diputados el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica: Jaime Mulet y Félix Bugueño, ambos del Frente Regionalista Verde Social (FRVS). Por el contrario, su pares del Partido Comunista se abstuvieron y el Frente Amplio rechazó, al igual que Acción Humanista. Fueron los votos del Socialismo Democrático (PS, PPR, PR y PL) los que permitieron -junto a la DC y sectores de la derecha- que el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre ambas cámaras fuera despachado a ley.

La señal no es baladí -así lo reconocen en el oficialismo- y podría dejar en un pie incómodo al Presidente Gabriel Boric en caso de que se incline por aplicar la medida. El propio gobierno había dejado de resistir el trámite de la iniciativa parlamentaria, en un giro que protagonizó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y que ayer fue ratificado por la ministra del Interior, Izkia Siches.

“Junto a la ministra de Defensa y el equipo Segpres estamos haciendo un profundo análisis jurídico de los reglamentos necesarios para su implementación. El día de mañana nos va a tocar volver a solicitar una nueva prórroga del estado de excepción. Eso se mantiene y vamos a evaluar en el breve plazo eventualmente si podemos usar un instrumento como este”, dijo al ser consultada sobre si el gobierno aplicará la medida, abriéndose a extender la presencia militar a la Región de Los Ríos.

Si bien inicialmente La Moneda advirtió al Congreso que la normativa no debía ser legislada antes del plebiscito -en el entendido de que la propuesta de nueva Constitución no contempla estados de excepción-, el Ejecutivo cambió su postura y transmitió a sus parlamentarios en los últimos días que era una herramienta que podría servir al Mandatario. Primero, para evitar tener que pedir cada dos semanas la anuencia del Congreso para prorrogarla; segundo, para descomprimir el ambiente entre ambas coaliciones y, tercero, porque el propio Jefe de Estado ha reiterado que el estado de excepción no debe transformarse en una acción de carácter permanente.

Hasta ahora, el gobierno ha decretado dos estados de excepción sin la anuencia del Congreso y otros tres con la aprobación del Legislativo. Este lunes, de hecho, envió un nuevo oficio que será votado este miércoles para extender por una quinta vez la medida.

Boric -admiten en sus coaliciones- ya ha pagado suficientes costos con la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur, algo que ha hecho a contrapelo de parte importante de Apruebo Dignidad y de la posición que él mismo defendió como parlamentario. Sin embargo, en Palacio reiteran que los números juegan a favor: los hechos de violencia han bajado y es probable que deban mantener algún tipo de control de las Fuerzas Armadas, al menos, hasta septiembre.

Por eso -pero también por la tensión que enfrenta el Ejecutivo cada dos semanas ante sus coaliciones divididas por esta materia (sin contar el fuego amigo que surge en el debate)- es que en el gobierno evalúan la posibilidad de dejar de extender los estados de excepción y aplicar la ley de infraestructura crítica. Para eso, tendría que pedir al Congreso su respaldo cada dos meses, lo que para algunos en Palacio permitiría descomprimir políticamente el asunto.

En el Socialismo Democrático, sin embargo, no son tan optimistas. La “quitada de piso” a la iniciativa por parte de Apruebo Dignidad, sostienen, deja en un escenario complejo al gobierno, en el que nadie le asegura que esa resistencia no se seguirá expresando.

En ese contexto es que en el bloque anticipan que el dilema seguirá tensionando a ambas coaliciones en el Parlamento. En el PS, por ejemplo, ayer había molestia con el PC y el Frente Amplio, quienes justificaron su rechazo o abstención ante la medida por, entre otras razones, no estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas estén a cargo de labores de orden público.

“Es preocupante el poco apoyo de algunas bancadas al Presidente en materia de seguridad. Por la seguridad de las personas y por lealtad al gobierno, nosotros hemos votado a favor del proyecto que entrega herramientas para la defensa de la infraestructura crítica”, sostuvo el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Su par socialista Jaime Naranjo, si bien le restó dramatismo a la falta de apoyo de Frente Amplio y el PC a la reforma, admitió que, al ser “dos coaliciones, tenemos diferencias en cómo abordar el tema de la seguridad”.

El diputado Jorge Brito (RD), quien ha sido un férreo opositor de la reforma de infraestructura crítica, aseguró que si bien respaldarán al Mandatario en la decisión que tome, tendrán que ponderar las condiciones de la aplicación del decreto y la situación en que se encuentre la zona en ese momento para ver si apoyan o no una prórroga de la medida.

“Desde el FA y RD apoyamos al Presidente Gabriel Boric en esta y otras decisiones que eventualmente podría tomar. Ahí habría que analizar cuál es la situación de la zona en esa fecha. Nadie en nuestra bancada tiene la capacidad de saber hoy cuáles serán las condiciones de seguridad en en sur o en cualquier parte del país en 60 días más”, afirmó.

En la Segpres ya están recopilando los antecedentes para comenzar a elaborar el reglamento que requiere la normativa para su aplicación, algo que -en todo caso- le corresponde al gobierno por ley.

De aprobarse la nueva prórroga, como espera La Moneda, el Ejecutivo tendría un margen de 15 días para trabajar en un reglamento (el que debe pasar por Contraloría para su toma de razón) que se haga cargo de detalles que no quedaron establecidos en la norma, como es el caso de la cadena de mandos y también el detalle de los lugares que podrán ser considerados como infraestructura crítica.

Sobre eso, no está clara aún la flexibilidad que tendrán las FF.AA. para desplazarse en las zonas en que se aplique la medida ni su margen de acción, el que hoy con el estado de excepción se entiende de manera amplia.

“Esto requiere, sin duda, un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron, a juicio del legislador, dentro de la reforma. Y es verdad que hay materias que tienen que verse, como la cadena de mando, relacionado a también a la forma en que se tiene que informar al Congreso”, explicó este lunes en la Cámara Baja el ministro Jackson.

Y agregó: “Lo que podemos garantizar como Ejecutivo es que el utilizar herramientas como esta es para nosotros de especial sensibilidad el poder garantizar a la población que tiene que ser contrapesado con un resguardo, cuidado y garantías de no violación a los derechos humanos”.