Era la campaña presidencial del 2013 cuando la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, incluyó dentro de su programa de gobierno la elaboración de una nueva Constitución. El 15 de octubre de 2015, ya instalada en La Moneda, anunció que se daba comienzo a la iniciativa, en donde remarcó la necesidad de Chile de “una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular”.

El proceso contó con tres partes principales, divididas en encuentro, deliberación y soberanía. En el primer segmento se ejecutaron los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), entre abril y junio del 2016, instancias donde se conversaron y debatieron contenidos que apuntaron a la búsqueda de acuerdos e identificación de desacuerdos entre los ciudadanos participantes.

Son esas conversaciones las que el Centro de Estudios Públicos (CEP) -con la autoría de los investigadores Aldo Mascareño, Juan Rozas, Benjamín Lang y Pablo A. Henríquez- estudió en el artículo que titulan como “La Constitución pre-estallido de Michelle Bachelet. ¿Cuánto rinde hoy?”.

Como fuente de datos utilizaron a los mismos ELA, que sumaron un total de 8.113 encuentros, en los que participaron 127.885 personas. El método utilizado por los investigadores fue la recolección de las 205.322 respuestas entregadas en 8.103 ELA, en los que los participantes conversaban sobre una glosa definida con anterioridad. Los autores seleccionaron las respuestas otorgadas en la sección de “fundamentos”, referidas a preguntas relacionadas por deberes, derechos, instituciones y valores.

A través de distintos mecanismos tecnológicos que se aplicaron para el procesamiento de las respuestas -que totalizaron 3.907.247 palabras-, se logró dar con “núcleos semánticos”, que permitieron establecer relaciones entre discursos similares, fundamentados en la conexión directa de palabras, divididas en bigrams y trigrams. Ambos términos son similares, pues se identifican con la unión continua en el discurso entre dos palabras, en el caso del bigram, y de tres, en el caso del trigram. “El análisis semántico es bien simple. Es la relación entre dos o tres palabras y en qué medidas aparecen cercanas o juntas en un contexto discursivo”, explica, en conversación con La Tercera, Aldo Mascareño, uno de los autores.

“Lo que permite ver este tipo de análisis semántico por medios digitales son ciertas tendencias generales que emergen del texto. No son opiniones personales, como en una encuesta, sino que es el orden más general del discurso el que se puede percibir bien”, añadió.

Así, las coordenadas principales de los temas discutidos en los ELA, brindadas por el procesamiento de las respuestas mediante diversos programas, fueron “derechos”, “conservación” y “sociopolíticos”. Es decir, la reiteración de diversas palabras con líneas discursivas similares se refirieron, principalmente, a esos tópicos.

Eso sí, esos temas se dividen en “capa superior” y “capas profundas”, como las definen los autores, en donde la primera redirige a la idea principal, mientras que las segundas son variaciones que caben y pertenecen a algún tema.

Por ejemplo, en “derechos”, la capa superior son los “derechos humanos (fundamentales, sociales y deberes)”, mientras que en las capas profundas se pueden encontrar “conceptos normativos: dignidad, libertad”; “derechos sociales: vivienda, salud, educación”; entre otros.

Asimismo, en “conservación”, los “recursos naturales” son la capa superior, al mismo tiempo en que en las capas profundas, en línea con el eje del tema, son “patrimonio histórico y cultural”.

Por último, en “sociopolítico”, la capa superior responde a la “toma de decisiones”. En tanto, las capas profundas se refieren a “demandas políticas y diversas”.

Esos asuntos fueron los tres núcleos semánticos principales de los ELA, según lo estableció el estudio.

Para Mascareño, lo más relevante fueron, precisamente, los puntos “derechos” y “sociopolíticos”, dado que “son los ejes más relevantes de los ELA para el proceso constitucional que viene”.

Dentro del artículo también se pudieron dilucidar más datos relevantes que podrían servir “no como guía, sino como antecedente”, según Mascareño, para el proceso constitucional que se avecina.

Uno de ellos es la conversación sobre formas de emplear la democracia directa en el país. El énfasis en “consultas, plebiscitos o referendos”, solicitados en los ELA es, a ojos de Mascareño, inadecuado, dado que “en espacios locales pueden ser aplicables, pero a nivel país se requiere de otros mecanismos participativos, como son las mesas de diálogos o las reuniones de actores de la sociedad”.

Por otro lado, los ELA “sugieren una visión más universalista de los derechos que limita su fragmentación y particularización. Esta visión integrada de los derechos es más favorable a una inclusión igualitaria de distintas poblaciones en el marco de un Estado social y democrático de derecho”, establecieron como punto positivo los autores del artículo.

Cuando se habló de “conservación”, los autores presentaron alguna inquietud por el debate que podría generar la “homogeneización de la memoria y la cultura”, dado que la designación del patrimonio queda a cargo del Estado.

Por último, la propuesta constitucional fallida entregada por Bachelet, a días de que acabase el gobierno de la exmandataria, manifestó, según los autores, “una distancia sustantiva con los fundamentos de los ELA”. A raíz de ello, agregaron que “un rendimiento de ese primer ejercicio constitucional es que la participación ciudadana importa y que se hace notar cuando, luego, no se la toma en serio”.