“Nuestro aporte no es una carta firmada por 40 que no han leído la Constitución para apoyarla, como que fuera un acto serio, sino lo que tenemos que hacer es economía y eso es lo que hacen estos destacados economistas”. Con esta frase -haciendo alusión, aunque sin nombrarla, a la misiva firmada por académicos extranjeros liderados por Thomas Piketty-, José de Gregorio, dio inicio al seminario “Estimaciones del costo fiscal directo de la propuesta de nueva Constitución, ¿Se puede financiar? ¿Cómo?”, organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

El decano de la FEN y expresidente del Banco Central comenzó así saludando a los autores del estudio, presentado hace dos semanas por un grupo de economistas, que estimó en un escenario conservador, un costo total anual de 8,9% del PIB, equivalente a unos US$28.500 millones, mientras que la previsión menos optimista planteó un monto que se eleva a 14,2% del PIB, es decir, unos US$45 mil millones al año.

Su provocación inicial antecedió la presentación del economista Guillermo Larraín, uno de los autores del estudio, y que luego fue comentado por el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto.

“Lo que queríamos hacer era no afectar ninguna opción, sino más bien entregar elementos con los cuales la ciudadanía pudiera discernir los desafío que teníamos por delante, y para ello estimamos el costo incremental de lo que sería asumir una constitución como la que se tiene que plebiscitar el 4 de septiembre”, comentó Larraín.

Luego de la presentación del exsuperintendente de pensiones, que comentó tanto las conclusiones del estudio como las dificultades metodológicas de las estimaciones, De Gregorio lanzó algunas de sus consideraciones en torno al efecto económico de las medidas que contempla la propuesta de nueva Constitución.

“Los países pueden satisfacer los derechos sociales de acuerdo a lo que pueden recaudar y lo que pueden recaudar depende también en parte muy importante de su capacidad de crecimiento y de progreso. Si uno tiene un país que no crece, obviamente la satisfacción de derechos sociales va a ser muy baja”, lanzó en primera instancia.

Sin embargo, y tras recoger los puntos de sus colegas, De Gregorio afirmó tajante que “esto no va a ocurrir; no se van a gastar 10 puntos más del PIB, no tenemos la capacidad”.

Ilustró su punto recordando las dificultades que enfrente actualmente el Gobierno para aprobar su propuesta de Reforma Tributaria, pero también apuntó a cómo el tono de la campaña podría estar aumentando las expectativas en torno a la propuesta constitucional.

“Aquí hay publicidad tendenciosa, porque he visto en la franja -que la verdad la veo muy poco- que algunos que dicen muy alegremente que se van a satisfacer todos los derechos sociales y que viene el mundo feliz, porque gracias a un texto vamos a poder satisfacer las necesidades básicas, cosas que aún no somos capaces de enseñar”, comentó el decano de la FEN.

Agregó que las presiones de gasto fiscal suponen una dificultad para financiarlo, pero también a las frustraciones que podrían generarse.

“Tú puedes decir que al final no vas a poder financiarlo, pero al final vas a tener que gastarlo igual, vas a tener más déficit, porque de alguna u otra manera te lo van a exigir. Entonces, (…) tiene que ver también con hasta qué punto una Constitución puede generar una tremenda frustración cuando al quinto año digas todo lo que me prometieron en la franja fue mentira”, lanzó.

El hoy académico cerró el seminario reconociendo los desafíos que se presentan en torno a la satisfacción de demandas sociales, y señaló que independiente de lo que pase, tenemos tremendos desafíos por una gran demanda, que en Chile es como evidente y por limitaciones en la capacidad de lo que podemos hacer, y para eso está la economía, para poder ayudar a tomar las decisiones correctas”.