El 1 de mayo de 2020 y después de estar más de 15 meses meses internada en un penal femenino de Chorrillos, en las afueras de Lima, la justicia peruana aprobó una apelación que permitió a Keiko Fujimori ser excarcelada de la prisión preventiva dictada en su contra en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

La líder de Fuerza Popular dejó atrás las celdas para volver a la arena política en su tercera aventura presidencial. Pero hasta ahora el escenario aparece adverso. Tras perder terreno frente al izquierdista Pedro Castillo en el conteo oficial del balotaje del domingo, Fujimori denunció el martes “indicios de fraude. La ofensiva legal, no obstante, llegó acompañada de un nuevo golpe contra la aspirante al Palacio Pizarro. La fiscalía peruana solicitó este jueves dictar “nuevamente” prisión preventiva contra la mayor de los Fujimori Higuchi, en un hecho que ha elevado aún más la polarización en el país.

Los ojos del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, volvieron a posicionarse sobre Keiko Fujimori, para quien ha pedido una sentencia de 30 años y 10 meses por “lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración”, después de una investigación de dos años. Un documento presentado ante el Cuarto Juzgado de investigación especializado en crimen organizado acusa a la postulante de incumplir las restricciones que permitieron su salida de la cárcel en 2020.

Una de las condiciones para seguir en libertad era “no comunicarse con los testigos del caso de presuntos aportes ilícitos a sus campañas en 2011 y 2016”. Sin embargo, un día antes de la solicitud de revocación, la excongresista apareció en una conferencia de prensa en la que reafirmó sus acusaciones de amaño electoral acompañada del abogado Miguel Torres Morales, uno de los testigos del caso y vocero de Fuerza Popular.

Según el diario El País, Keiko Fujimori señaló que la solicitud del fiscal “supera cualquier intento anterior” y lo tildó de absurdo, debido a que Torres “apoya desde hace meses su campaña electoral”.

“En política y en justicia no hay coincidencias, me parece por lo menos sospechoso que el fiscal presente ahora esta solicitud. Esto polariza y pone más en tensión a ambas partes, especialmente a los seguidores de Keiko Fujimori, porque dirán que hay una intencionalidad política. Hay que esperar lo que dice el juez”, señala a La Tercera el analista político peruano Luis Nunes.

Para el periodista y analista político peruano Marco Sifuentes, “el pedido de Fuerza Popular es para retrasar el conteo, pero la solicitud del fiscal cambia las cosas, porque ahora Keiko Fujimori acusará ser una perseguida política. Ella está siendo procesada por ser la cabeza de una organización criminal y cuando estuvo presa es porque había evidencia de obstrucción a la justicia, entonces ahora, que presuntamente perdió las elecciones, el fiscal debe pensar que hay riesgo de fuga o que intentará tratar de alterar el proceso”.

Aún sin proclamación oficial debido a que la revisión de actas impugnadas podría tardar hasta dos semanas, Pedro Castillo ya se declaró vencedor de los comicios y hasta recibió las primeras felicitaciones como presidente electo por parte del mandatario de Argentina, Alberto Fernández, lo que causó una nota de protesta diplomática de la Cancillería peruana. Mientras, Keiko Fujimori impulsa una de las mayores luchas judiciales por evitar la derrota y así no volver a la cárcel.

En esa línea, Keiko Fujimori escribió este jueves en Twitter que “la elección no ha terminado aún. Seguiremos defendiendo el legítimo derecho de millones de peruanos hasta el último voto”. Ello, luego de destacar el “importante pronunciamiento” de 17 expresidentes iberoamericanos de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) demandaran que no se declare ganador ningún candidato hasta resolver todas las impugnaciones y observaciones.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), con un 100% de las actas procesadas (y un 99,303% contabilizadas) 68.967 votos marcaban hasta este jueves la distancia entre el primer lugar del profesor de Perú Libre, que logra un 50,197%, y la exprimera dama peruana, que suma un 49,803%.

El fujimorismo acusó esta semana un “fraude en mesa” en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú. Ante esto, el equipo de Keiko informó que presentaron una serie de recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exigir la nulidad de ”802 mesas a nivel nacional”, y de esta manera retirar del “recuento nacional” alrededor de 200 mil votos.

El Tribunal de Honor del JNE condenó las “declaraciones políticas irresponsables que acusan un fraude electoral, sin pruebas de por medio y alimentan un clima de polarización social y debilitan los organismos electorales”. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, calificó de “extraordinaria” la solicitud del fujimorismo y debido a la dimensión del reclamo no se puede precisar cuánto tiempo tardará conocer el resultado final, destacó la prensa local.

Pero la ofensiva del fujimorismo ha encontrado una dura respuesta en la izquierda peruana. Según el medio RPP, el abogado e integrante del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacín, apuntó a que, de acuerdo con la Ley de Elecciones, “no procede la nulidad de actas electorales, porque el escrutinio es irrevisable”.

La excandidata presidencial de Nuevo Perú Verónika Mendoza sostuvo que “la señora Fujimori sabe perfectamente que no hay ningún fraude, que esto no va a proceder en los organismos del sistema electoral. Están buscando deslegitimar el proceso electoral, golpear la democracia, golpear la elección de Pedro Castillo”.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi cumplió 46 años hace tres semanas y planea no dar su brazo a torcer sobre la definición de los comicios. A través de las redes sociales, las fake news se han transformado en la tónica de los últimos días, remarcando la división entre los peruanos. Los incidentes entre seguidores de Fujimori y Castillo hasta ahora han sido aislados, pero llevaron al Ministerio de Defensa a emitir un comunicado en rechazo a los llamados a intervenciones de las Fuerzas Armadas.

La “heredera” del clan Fujimori busca evitar repetir el escenario electoral de 2016, en el que perdió por un “puñado de votos” -más de 42 mil- en un balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski. En el hipotético caso de ser electa, además de ser la primera presidenta de Perú, contaría con un fuero que impediría continuar con las investigaciones judiciales en su contra.

“En el caso de que Fujimori llegara a ser electa, no podría ser detenida durante los cinco años de su mandato, pero al completar sus hipotéticas funciones en 2026, la causa seguiría pendiente, porque el caso aún no termina, y de ser declarada culpable iría a la cárcel, por lo que podría ser solo una postergación, pero lo que ella quiere es ganar las elecciones”, destaca Nunes.

La investigación acusa a Keiko Fujimori de recibir US$ 1,2 millones de la constructora brasileña Odebrecht sin declarar las transferencias ante la oficina electoral peruana y evadir las regulaciones bancarias. Al no haber recibido una condena, la líder de Fuerza Popular no tuvo problemas en presentar su postulación a las elecciones. Por esto, el próximo juicio -que aún no tiene fecha- será clave para el futuro de la candidata presidencial.

“En Perú nunca se sabe qué va a pasar. La derecha había descartado como una candidata viable a Keiko y para la primera vuelta prefirieron apostar por Hernando de Soto o Rafael López Aliaga. Ahora, si Fujimori no le pudo ganar a Castillo, que era su mejor opción de contrincante y al único al que podía ganarle, se ve muy difícil que prospere una futura candidatura suya a lo que sea. Además, ya no tiene mayoría en el Congreso, y si va presa va a quedar fuera de juego”, concluye Sifuentes.