“Vamos a ir a buscar los reservados”. El jefe de gabinete de la entonces subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, anunciaba así la diligencia mensual que realizaban previo llamado del Departamento IV de Carabineros. Así quedó establecido en el expediente que tramita la fiscal Patricia Cerda. En la tratativa, según varios testimonios, había un hombre clave, el suboficial Luis Tamayo, quien se desempeñó en la repartición entre los años 2005 y 2011. Ante la fiscalía, el uniformado confirmaría las sospechas que se originaron en medio de la investigación por el megafraude cuando uno de sus protagonistas, Flavio Echeverría, asegurara que junto con desviar dineros del Departamento de Bienestar, había una modalidad de pagos de “sobresueldos” usando para ello gastos reservados que incluso habían ido a parar a los bolsillos de civiles, como fue el caso de la exministra y estrecha colaboradora de Michelle Bachelet.

La abogada, quien tras dejar el Ministerio de Justicia, en febrero de 2017, fue nominada por la entonces Presidenta al codiciado cargo de consejera del CDE, terminó renunciando al organismo en octubre de 2018 cuando sus propios compañeros tuvieron que empezar a estudiar una eventual querella en su contra por este caso. La querella del Fisco se interpondría recién en marzo del año pasado y este lunes 23, tras cuatro años de investigación, el Séptimo Juzgado de Garantía agendaría para el 5 de octubre su formalización por su presunta autoría en la malversación de gastos reservados, causa en la cual también serán formalizados tres exgenerales directores de Carabineros: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon.

El CDE, en su querella, sostiene que Blanco “habría sustraído” una suma de $ 47.300.000 -entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010- “mediante la entrega mensual de gastos reservados improcedentes, a través de sobres contenedores de dinero efectivo”. Para sostener su acusación, el organismo citó la declaración de Tamayo, quien aseguró que “desde el Departamento IV se enviaba un sobre regularmente con dinero por concepto de gastos reservados a la Subsecretaría de Carabineros, me consta porque cuando fui trasladado a esa subsecretaría, fui en varias ocasiones a buscarlo al Departamento IV. Se trataba de un sobre de medio oficio, iba a nombre de la Subsecretaría, recuerdo que le ponían sólo un número afuera, además al tocarlo se notaba que contenía billetes en su interior”. Otro de los oficiales que será formalizado, el general (R) Iván Whipple, exjefe de Intendencia, ratificó que a petición del fallecido general director José Bernales mensualmente le entregaba aportes económicos.

El coronel (R) Ignacio Zúñiga, quien también trabajaba en la Intendencia de la policía uniformada, ratificó ser testigo de que un funcionario de la Subsecretaría de Carabineros iba a buscar el dinero y que era de apellido Tamayo. “Se le entregaba $ 1.000.000 y al reverso del documento de buena inversión firmaba la subsecretaria Javiera Blanco o bien su jefe de gabinete”. Otro de los testigos que declaró ante el Ministerio Público sostuvo que “el suboficial Tamayo le entregaba el sobre al oficial mayor jefe de gabinete, quien necesariamente se los entregaba en las manos de la subsecretaria Javiera Blanco, si bien no vi la entrega, lo concluyo porque cuando a uno le piden que entregue documentación reservada y secreta, en mi Institución, significa que debe ser entregada en las manos del destinatario, y a este sobre se le daba denominación de secreto y reservado”.

“Me veo en la obligación de afirmar categóricamente, una vez más, que jamás recibí gastos reservados”. Así ha enfrentado la exconsejera del CDE las acusaciones en su contra. Este lunes su abogada Paula Vial, tras conocer la decisión del Ministerio Público, aseguró que “mi clienta Javiera Blanco ha sido notificada de un trámite judicial en el denominado caso Gastos Reservados, como es de público conocimiento ella fue citada en otras causas judiciales con acusaciones falsas en su contra, siendo desacreditadas cada una de ellas, lo mismo ocurrirá en esta oportunidad”.

Por el 2017, cuando Flavio Echeverría destapó el caso por el presunto desvío de gastos reservados, circuló en redes sociales una fotografía en que se veía a la exministra de Justicia compartiendo en una reunión social junto a quien llegó a ser general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien fue nominado en el alto cargo por la Presidenta Bachelet. El uniformado salió de su cargo en marzo de 2018, en medio del escándalo por la denominada Operación Huracán. Pese a todas las polémicas que se desprendieron de la investigación por montajes contra comuneros mapuches, el exjefe de Inteligencia se mantuvo en el cargo hasta el último día del segundo mandato de Bachelet. Sólo cuando Sebastián Piñera llegó a La Moneda para su segundo mandato se le notificó que no seguiría más en el alto mando de la institución.

Una vez fuera de Carabineros comenzaron los problemas para Villalobos. La querella del CDE también impactó en su entorno y es que la acción judicial lo mencionaba como uno de los cuatro generales directores que habrían mal utilizado los dineros de gastos reservados que tenían como destino acciones de Inteligencia y para combatir el narcotráfico y no ser una especie de “sobresueldo” como denunció Echeverría. “La rendición de cuentas anual de los gastos reservados que el director general realizaba cada año, conforme a sus antecedentes fundantes (declaración jurada y desagregación de gastos reservados en moneda nacional y extranjera), adolecía de falsedad material e ideológica, pues se trataba de documentos suscritos por él con pleno conocimiento que la información contenida era mendaz, los que fueron remitidos al señor contralor general de la República”, sostiene la acción judicial del Fisco.

Si Bernales, que falleció en mayo de 2008 en un accidente, estuviera vivo, seguramente estaría imputado también, dicen fuentes de la investigación. En el expediente que tramita la fiscal Patricia Cerda se detalla que entre los años 2005 y 2018 los generales Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure (quienes también serán imputados) y Villalobos se gastaron el 100% de los gastos reservados asignados a sus presupuestos tanto en moneda nacional como extranjera, sin que estas sumas de dinero fueran a parar a las Direcciones de Inteligencia y de Drogas de la policía uniformada.

“Se habría dispuesto ilícitamente del 70%, a lo menos, de los referidos montos, sustrayéndose por ende, una suma no inferior a $ 1.539.371.280. A todo lo anterior debe sumarse la sustracción de gastos reservados en moneda extranjera, concluyéndose de los antecedentes que la casi totalidad de estos dineros fueron sustraídos, pues la mayoría de los referidos jefes de Didrocar y Dipolcar, contrastados con la rendiciones anuales y globales de gastos reservados, señalaron jamás haber recibido gastos reservados en dólares, los que en el período señalado ascendieron a US$ 990.000, equivalente en pesos al día 11 de enero de 2017, 20 a la suma de $ 664.230.600″, dice la acción del CDE.

La decisión de la Fiscalía Centro Norte se dio a conocer una semana después de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien inició esta arista de gastos reservados -ya que es quien investiga el megafraude en Carabineros- hiciera lo propio con una causa que involucra al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, a quien también se le atribuirá el malversar dineros de ese ítem presupuestario. “No podía ser que las mismas conductas del exmandamás de la policía civil no se formalizaran en el caso de la policía uniformada”, comentan en los pasillos de tribunales.